Haber cumplido dos tercios de la pena, colaborar de manera efectiva en la investigación y estar en una situación terminal o muy delicada de salud.
Esos son los requisitos propuestos por el Gobierno para el proyecto de Libertad Condicional, desestimando la exigencia del arrepentimiento o reconocer el mal causado.
Esta iniciativa está siendo analizada en comisión mixta, que sesionó por primera vez el 9 de agosto.
En la instancia aún no existe consenso, según reconoció el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien no ha logrado el respaldo de la comisión para la propuesta del Ejecutivo.
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En paralelo, comenzó a trabajar la comisión que evaluará la acusación constitucional contra tres jueces de la Corte Suprema que otorgaron la libertad a condenados por delitos de lesa humanidad.
Su presidente, el socialista Leonardo Soto, garantizó que serán escuchados los que estén a favor y en contra del libelo y lamentó, con autocrítica, que exista un vacío legal sobre estos beneficios.