Mientras se debilita políticamente, las decisiones adoptadas por el gobierno que preside Benjamin Netanyahu chocan contra el establishment burocrático y pocas son implementadas. El dinero que reparte a más de un millón de nuevos desocupados no llega, o no alcanza.
El gobierno israelí ha decidido anular las últimas cuatro directivas impartidas con el objeto de detener los contagios, debido a fuertes presiones de factores económicos sectoriales y a la falta de datos que permitan identificar los núcleos de mayor contagio.
Se trató, por ejemplo, de cerrar la playa y el mar los fin de semana para evitar contagios, pero el porcentaje de los nuevos enfermos de covid-19 allí no supera el 0.6 por ciento.
Además, las calles están que arden. Durante las últimas dos semanas, son los jóvenes quienes salen a manifestar contra la mala conducción nacional frente a la pandemia y la falta de ayuda económica suficiente para evitar la pobreza. Las marchas se hacen violentas frente a la policía que golpea y detiene a decenas.
El domingo 19 de julio se reanudó el juicio contra el primer ministro por los cargos de corrupción, soborno y abuso de confianza. Los jueces decidieron que los testimonios comenzarán a oírse a partir del próximo mes de enero, tres veces por semana, días enteros.
Benjamin Netanyahu deberá asistir a todas las sesiones. Y el público se pregunta cuándo tendrá tiempo libre también para gobernar el país.