La proposición de ley, presentada por el partido socialista PSOE, que gobierna en coalición en España con la formación de izquierda Sumar, llega al pleno del Congreso de los Diputados tras una tramitación exprés marcada por las negociaciones con grupos independentistas catalanes, que siguen exigiendo cambios para que no deje fuera a ningún implicado en el proceso secesionista en Cataluña.
El texto que salga del Congreso seguirá su trámite en el Senado, donde tiene mayoría el conservador Partido Popular, que puede retrasar su tramitación.
Los grupos parlamentarios pueden mantener sus enmiendas hasta que comience el debate, previsto en la tarde.
Una de las cuestiones clave es cómo queda la amnistía de delitos como el terrorismo, para que no choque con la legislación europea.
Lo acordado hasta ahora entre socialistas e independentistas prevé que no puede ser amnistiado el terrorismo cuando haya causado “violaciones graves de derechos humanos”, en particular actos incluidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo relativo al derecho a la vida y la prohibición de la tortura.
Además de la obligación a los jueces a levantar “de inmediato” las medidas cautelares y las órdenes de detención dictadas aunque el procedimiento penal esté en el aire por cualquier causa, como un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El expresidente del Gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont, huido de la Justicia española tras la declaración unilateral de independencia de 2017, está procesado por terrorismo por un juez de la Audiencia Nacional española.
Los votos de Junts, el partido de Puidemont, que es eurodiputado, son claves para aprobar la ley, como ya lo fueron para la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno para un nuevo mandato.
Junts, junto a otros grupos independentistas catalanes y nacionalistas vascos cuyos votos son igualmente necesarios, buscan que se puedan amnistiar todos los delitos de terrorismo cometidos en el marco del proceso secesionista.
Y que la amnistía cubra también delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado, después de que un juez de Barcelona haya decidido mantener la causa que investiga si Puigdemont y miembros de su entorno intentaron que Rusia apoyara “económica y militarmente” la independencia de Cataluña.
La ley borraría los delitos relacionados con el proceso independentista cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023 y el Senado tiene hasta dos meses para aprobarla, con lo que entraría en vigor en abril una vez que vuelva al Congreso para su visto bueno definitivo.
Los conservadores, principal grupo de oposición en el Congreso, y la extrema derecha de Vox consideran inconstitucional la ley y desde que fue presentada han convocado movilizaciones de protesta.