La victoria del partido de Javier Milei en las últimas elecciones legislativas envalentonó al Gobierno de Argentina a acelerar el proyecto de ley para una reforma laboral e impositiva. De hecho, la intención es tratarla durante las sesiones extraordinarias del verano de 2026, apenas estén operativos en sus bancas los nuevos diputados y senadores que a La Libertad Avanza le permitirán ganar mayoría parlamentaria junto a aliados del PRO y la Unión Cívica Radical.
La idea se gestó en el marco del Consejo de Mayo, la mesa de diálogo que el presidente Javier Milei conformó en junio pasado con empresarios, gremios, gobernadores y legisladores para delinear los diez puntos del Pacto de Mayo, firmado un mes después junto a los mandatarios provinciales. Allí confluyen figuras como Martín Rappallini (Unión Industrial Argentina – UIA), Gerardo Martínez (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina – Uocra) y Federico Sturzenegger (el ministro de Desregulación y Transformación del Estado).
Sin embargo, el arquitecto detrás de la reforma laboral es Julio Cordero, secretario de Trabajo de Milei y exabogado del gigante metalúrgico Techint, uno de los principales activos argentinos en el exterior.
El propósito apunta a reducir el nivel de informalidad o “trabajo en negro” en Argentina que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), alcanzaba al 43,2% del total de puestos en el segundo trimestre de 2025; modernizar las condiciones en las empresas para tomar personal “en blanco”; y reducir lo que desde el sector llaman “industria del juicio laboral”.
“Para la reforma tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible, de modo tal que, al bajar las alícuotas, no tenga sentido la evasión. O sea, que la gente no quiera estar en lo informal. Eso libera recursos al sector privado. No vamos por los derechos de nadie”, declaró esta semana el presidente Milei en una entrevista para el canal A24.
“Pero antes, debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos”, prometió el jefe de Estado, además de dejar una chicana para la Confederación General del Trabajo (CGT), la central obrera más combativa en Argentina. “Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados”, lanzó.
Qué propone la reforma laboral de Milei y por qué hay cierta resistencia
Con incentivos fiscales a pequeñas y medianas empresas para contratar empleados, el nuevo esquema laboral promovido por Milei se apoya en cinco ejes: paritarias por empresa, fin de la ultraactividad de los convenios, ajustes en indemnizaciones por despido, aumentos individuales por productividad y una baja en la litigiosidad laboral.
Si bien hay consenso entre los miembros del Consejo de Mayo, no así entre los gremios, que ya anticipan resistencia, sobre todo por la prioridad que el proyecto da a la negociación individual o por compañía, desplazando al convenio general de actividad (y recortando sus beneficios como intermediarios entre el trabajador y el empleador).
De acuerdo al Gobierno, entre 2017 y 2025 los salarios negociados en paritarias -instancia de negociación salarial entre sindicatos y empresarios- se contrajeron un 20%, mientras que la masa salarial general cayó un 10%. Para el Ejecutivo, es la muestra de que los esquemas flexibles impulsan mejoras más rápidas.
Aunque restan meses para el debate legislativo, el punto que ya arrastra mayor polémica es el de los “salarios dinámicos”. Básicamente, porque de aprobarse como viene planteado, permitirá a las empresas “premiar” a los empleados con aumentos diferenciados según parámetros de productividad todavía no especificados.
El concepto de “salario dinámico” trae reminiscencias de los debates de los años 90 en Argentina, cuando el entonces Domingo Cavallo, ministro de Economía bajo el gobierno del peronista liberal Carlos Menem, impulsó la vinculación directa entre aumentos y rendimiento mediante el decreto N° 1.334/1992.
Si se establece una descentralización y el reemplazo de pisos mínimos de ingresos por techos salariales, el inconveniente de los “salarios dinámicos” pasa por el lado de cómo se asegura la protección de los empleados (o colaboradores) en contextos de debilidad empresarial o de caída de la demanda.
Otra batalla se dará por el fin de la “ultraactividad”, la cláusula que mantiene vigentes los convenios colectivos de trabajo hasta tanto no se pacte un nuevo acuerdo.
En materia de indemnizaciones, el gobierno de Milei quiere insistir con la creación de fondos de cese laboral, similares al modelo de la construcción, en los que las cámaras empresariales y los sindicatos administran aportes para compensar despidos.
Entre los cambios, la ampliación de 8 a 12 horas de la jornada laboral suma más rechazos que avales, pero desde el Gobierno afirman que será “optativo”. La empresa no pagará horas extras, sino que las acumulará para que el empleado las pueda recuperar dentro del mismo mes.
Actualmente, en Argentina, los artículos 1° y 2° de la Ley N° 11.544 establecen una duración máxima diaria de 8 horas y de 48 horas por semana, con excepciones como el trabajo agrícola, ganadero y de personal de casas de familia. Si bien 48 representa una cifra alta en comparación a otros países, en la práctica sucede otra situación.
De acuerdo a Statista, tomando datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Argentina es el segundo país de Latinoamérica con menos horas semanales en promedio (37), apenas después de Panamá (36,2). Chile se encuentra en la mitad de la tabla y promedia 40,4 horas semanales de trabajo.