El diario estadounidense The Washington Post reveló este domingo que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, continúa insistiendo férreamente en la devolución desde EEUU de 9 líderes pandilleros a su país -uno de ellos ya trasladado- debido a que tienen antecedentes para incriminarlo en tratos ilegales con estas organizaciones criminales.
La investigación cita testimonios de abogados, fiscales, diplomáticos y ex funcionarios de gobierno respecto de que al menos 3 de estos líderes pandilleros se convirtieron en informantes para las autoridades de Estados Unidos, por lo que su deportación a El Salvador podría -incluso- poner en riesgo las vidas de estos agentes encubiertos.
El caso comenzó en febrero de este año cuando la Casa Blanca anunció un acuerdo con el país centroamericano, a fin de que recibieran a cientos de inmigrantes con antecedentes penales en un gigantesco centro penal conocido como CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), a cambio de 4.6 millones de dólares.
Sin embargo el presidente salvadoreño hizo una exigencia adicional al gobierno de Trump: quería el retorno de 9 altos dirigentes de la pandilla MS-13 que se encontraban cumpliendo condenas en cárceles de EEUU.
“Estos son terroristas salvadoreños y él (Bukele) quiere que cumplan su condena en El Salvador. Allá existe un centro contra el terrorismo y es donde deberían estar, no en lo que se podría considerar un centro de detención lujoso de Estados Unidos”, declaró al Washington Post, Damian Merlo, quien trabaja desde Miami como lobbista para los intereses del gobierno salvadoreño.
Con prisa por deportar al primer grupo de venezolanos supuestamente vinculados al Tren de Aragua, y antes de que un juez federal pudiera suspender el procedimiento, el Secretario de Estado, Marco Rubio, entregó una primera muestra de cumplimiento a Nayib Bukele incluyendo a uno de los nueve líderes que exigía.
Se trataba de César López Larios, quien fue arrestado en 2021 en Estados Unidos bajo cargos de dirigir actividades de la pandilla MS-13 en el país. Su deportación fue exprés: en marzo los abogados del departamento de Justicia pidieron a la jueza de distrito Joan Azrack autorizar su traslado, sin dar más detalles que mientras “reconocían la existencia evidencias concretas sobre las acciones criminales de López Larios, había “consideraciones y sensibilidades importantes de política exterior” que primaban sobre la necesidad de llevarlo a juicio.
Su excarcelación se aprobó y al día siguiente fue grabado ingresando al CECOT en El Salvador, asegurando que quedaba en una “sección segura” para evitar agresiones de otros líderes pandilleros.
En abril la Casa Blanca intentó enviar al segundo requerido por Bukele, Vladimir Arévalo Chávez, alias “El Vampiro”, pero esta vez la jueza Azrack negó la solicitud. En una declaración poco común, la jurista manifestó sentirse “arrepentida” por fiarse de la sola palabra del gobierno, y cuestiono la legitimidad del acuerdo bajo el cual se buscaba regresar a los líderes pandilleros al control de Bukele.
“Mi vida estará en peligro si me deportan”, aseguró Arévalo Chávez en una carta al juez que revisa su caso. “Van a torturarme y luego me harán desaparecer”.
Por su parte Douglas Farah, un investigador adjunto que trabajó con oficiales federales para desmantelar a la pandilla MS-13 en Estados Unidos, aseguró que el acuerdo llevado adelante por Trump y Rubio es “una profunda traición a los agentes de la ley estadounidenses que arriesgaron sus vidas para arrestar a estos pandilleros”.
Farah también criticó que incumplir los acuerdos judiciales con los criminales que actuaron como informantes de las autoridades acabará con la credibilidad de las autoridades de cara a nuevas investigaciones.
“¿Quién volverá a creer en la palabra de las autoridades y fiscales de Estados Unidos después de esto?”, aseveró.
“Ahora nadie puede investigar a Bukele”
La suspensión dictada por la jueza Azrack puso nervioso a Bukele. Rubio intentó calmarlo asegurándole que “tendría a sus hombres” y que al pueblo estadounidense “le importaban muy poco la suerte de un puñado de pandilleros”, aseguraron oficiales entrevistados por el Washington Post a condición de anonimato.
Un caso especial es el de Elmer Canales Rivera, alias el “Crook (rufián) de Hollywood”. Según un informe de 2022 del Departamento de Justicia de EEUU, Canales fue uno de los principales negociadores de un acuerdo de la MS-13 con el gobierno de Nayib Bukele, a fin de reducir los “asesinatos públicos” y así reducir las cifras de criminalidad.
Posteriormente, una investigación del medio salvadoreño El Faro -cuyos periodistas se encuentran en el exilio debido a la persecución de Bukele- confirmó que los funcionarios de Bukele ofrecieron a Canales liberarlo como una muestra de “buena voluntad”.
Testimonios recogidos de fiscales de EEUU indican que el líder pandillero fue sacado de prisión por “altos funcionarios” del gobierno de Bukele para ser hospedado en un departamento de lujo. Posteriormente se le entregó una pistola y se le dejó en la frontera con Guatemala para que pudiera escapar del país.
Pero tras conocerse el rol del gobierno salvadoreño en el escape de Canales, este fue arrestado en México en noviembre de 2023, y enviado a Estados Unidos para ser enjuiciado.
Según tres funcionarios de gobierno ligados a la investigación, Canales ofreció entregar grabaciones, fotos, videos y otros documentos que probarían la complicidad de El Salvador en realizar pactos con pandillas, a condición de firmar un acuerdo judicial confidencial.
Los mismos oficiales indicaron que el criminal apuntó a dos altos funcionarios salvadoreños como contactos directos: Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social; y Osiris Luna, director de centros penales. El caso de este último es particular, ya que según el New York Times, en 2020 habría hecho dos intentos de conseguir un “asilo de lujo” en Estados Unidos a cambio de entregar información sobre los acuerdos con pandillas.
Chris Musto, un exagente del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU que trabajó en desmantelar la pandilla MS-13 hasta 2021, asegura que a medida que indagan surgía más informaciones sobre estos líderes políticos. “Estábamos tratando de seguir el dinero, de determinar quién estaba involucrado en mover dinero y cómo la pandilla recibía dinero. Allí es cuando comenzamos a encontrar conexiones a personeros políticos”.
Según otro exfuncionario del Departamento de Estado, “Canales Rivera podría proveer una montaña de información al Departamento de Justicia para lograr estos procesamientos”.
Sin embargo, si fuera devuelto a El Salvador como Bukele pretende “todo el caso se desmoronaría”, asegura.
En el mismo sentido, Daniel Brunner, exagente del FBI que también participó en misiones contra la MS-13, advirtió que “sería desolador haberme desgastado durante todo un año trabajando para conseguir esa evidencia, para llevarla a custodia, para llevarlo a la justicia, sólo para que ahora el Departamento de Justicia o el Departamento de Estado digan “Okey, vamos a quitar todos los cargos”. Eso me devastaría como agente de seguridad”.
“De los funcionarios actuales, nadie quiere investigar nada relacionado a El Salvador o a Bukele porque el gobierno de Bukele tiene línea directa con la Casa Blanca. Nadie se va a atrever a tocarlo”, sentenció un exfuncionario del Departamento de Estado que trabajó en El Salvador.