Es célebre el nexo histórico de los argentinos con Italia. Ya sea por la gastronomía, la cultura o ciertas tradiciones familiares, aún continúa vigente la herencia de la inmensa comunidad italiana que pobló la Argentina desde la década de 1870 y hasta la primera mitad del siglo XX. Hay quienes sostienen que la mitad de la población del país vecino llegó a tener, al menos, un ancestro italiano. Como dato curioso, son descendientes de italianos los presidentes Arturo Illia (1963-1966), Mauricio Macri (2015-2019) y Javier Milei (2023-presente), entre otros.
Que no sorprenda entonces lo mal que cayó la última limitación del gobierno de Giorgia Meloni, socia ideológica y política de Milei, para acceder a la ciudadanía italiana. Sólo podrán ser nacionalizados aquellos que sean hijos o nietos de nativos italianos y ya no más aquellos que hayan tenido algún bisabuelo o tatarabuelo.
La metodología del argentino para obtener el pasaporte europeo era usual en tiempos donde la economía restrictiva de Alberto Fernández (2019-2023), más los cambios laborales y sociales que generó la pandemia de Covid-19, expulsó a muchos jóvenes al viejo continente.
De pronto, había miles de argentinos que buscaban papeles en armarios recónditos para acreditar su vínculo con un tatarabuelo de fines del siglo XIX y gozar, previo trámite en el consulado más cercano, de la ciudadanía italiana, una herramienta clave para moverse libremente por la Unión Europea y hasta ingresar a Estados Unidos sin visa y solamente con la Electronic System for Travel Authorization (ESTA).
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, en 2023 hubo 20.000 descendientes en Argentina que obtuvieron la nacionalidad italiana, mientras que en 2024 la cifra se disparó a 30.000. Para tomar dimensión, en Brasil, un país con casi el quíntuple de población que Argentina, el total de solicitudes aumentó de 14.000 en 2022 a 20.000 al año siguiente.
El interés en Argentina por la ciudadanía italiana era tan inmenso que hasta algunas personas se animaban a pagar y contratar gestores que no sólo les organizaban la documentación, sino que también les sacaban turno en las sedes diplomáticas y así zafar de una misión engorrosa, tomando en cuenta las escasas citas habilitadas cada mes. Ahora, tras el decreto-ley del gobierno y a la espera de ser ratificado en el Poder Legislativo, los turnos en los consulados quedaron cancelados.
Los límites que Italia aplicó para acceder a la ciudadanía
El decreto de Giorgia Meloni, publicado el 28 de marzo pasado, dejó sin efecto una ley de 1992 que alcanzaba en la ciudadanía a cinco generaciones, demostrando la existencia también de un tatarabuelo -fallecido después de 1861, la fecha de la unidad de Italia-, en el marco de lo que se conoce como ius sanguinis (derecho de sangre).
La normativa comenzó a tener validez desde el mismo viernes de su publicación, por 60 días. Ahora resta que el Parlamento ratifique el decreto presidencial. Como el oficialismo tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, saldrá seguramente aprobado, aunque no se descartan algunas modificaciones menores durante la discusión.
Los datos oficiales del gobierno italiano precisan que de 2014 a 2024, los ciudadanos residentes en el extranjero aumentaron de 4,6 a 6,4 millones, es decir, un 40% más, lo que ahora Italia quiere controlar. Según las autoridades, la reforma “alinea los criterios para el reconocimiento de la ciudadanía italiana” con los de otros países europeos y “liberará recursos para hacer más eficientes los servicios consulares, permitiéndoles centrarse exclusivamente en quienes realmente lo necesitan, por su vínculo concreto con Italia”.
“El sistema actual afecta negativamente a la eficiencia de las oficinas administrativas o judiciales italianas, que se ven sometidas a presión por parte de quienes se trasladan a Italia únicamente para intentar acelerar el proceso de reconocimiento de la ciudadanía, fomentando además fraudes o prácticas irregulares”, dijeron.
Por su parte, el titular del partido oficialista Fratelli d’Italia, Vito De Palma, habló en el canal TN de la enorme cantidad de solicitudes injustificadas como factor del cambio en la normativa: “Existe un problema estrictamente administrativo en el que no dan abasto los consultados, como en la Argentina. Entonces, cuando creas un cuello de botella aparecen los posibles casos de corrupción. También había muchos intermediarios y gestores que ofrecían turnos, facilidades. No puede ser una mercancía”.
Hasta aventuró que, a lo largo de los últimos años, alrededor del 90% de quienes pedían la ciudadanía italiana no iba a Italia, como si “no hubiera una voluntad real de ser italiano, sino la comodidad de tener un pasaporte que te permitiera viajar o vivir en cualquier país de la UE”.
Los cambios cruciales para tramitar la ciudadanía italiana
1. Sólo podrán acceder a la ciudadanía italiana los hijos y nietos de nativos italianos. Las generaciones posteriores a los nietos del italiano ya no podrán recibirla.
2. Antes del nuevo decreto, los cónyuges de ciudadanos italianos apenas debían aprobar un examen de idioma italiano para obtener la ciudadanía. Ahora, se exigirá una residencia estable en Italia por un periodo de al menos dos años.
3. Si bien seguirán en funcionamiento, los consulados ya no serán responsables de otorgar la ciudadanía italiana. En su lugar, se creará una unidad especializada dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, que tendrá un plazo de hasta 48 meses para expedirse sobre cada solicitud.
4. El valor del trámite para la ciudadanía italiana tuvo un aumento: pasó de costar 640 a 700 euros.