Subo a un Uber y, como en tantos otros viajes, su conductor es venezolano.

– Perdone la tardanza -me dice- estaba cortado el tránsito por un acto de Carabineros.

Aquel mismo día se realizaban los funerales del asesinado cabo Daniel Palma Yáñez e incluso en Concepción, sus compañeros quisieron expresar su solidaridad ante el tercer homicidio que remece a la institución en menos de 30 días.

Considerando la nacionalidad de los imputados por su muerte, prefiero obviar el tema, pero es el propio conductor quien me habla del alza de la delincuencia en Chile. Me dice que siente vergüenza por los actos de algunos de sus compatriotas.

– Todos los malandros nos siguieron para acá y hacia otros países. El loco ese (Maduro) los echó.

Le pregunto cómo se encargaban de lidiar contra la delincuencia en Venezuela, considerado junto a El Salvador y Honduras uno de los tres países más peligrosos de Latinoamérica.

– ¡Ah! Eso es fácil: en Venezuela les corren bala.

Y tiene razón. Mientras que en 2018 el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) calculaba en 23.000 los homicidios, es decir, 90 muertes violentas cada 100 mil habitantes, para 2020 estas cifras ya habían caído a 2.300 homicidios. Una reducción del 90%.

Chile alcanzó en 2022 un total de 934 homicidios. Puede parecer una cifra menor en comparación, pero oculta un incremento de 68% en sólo una década y que se mantiene en un alza descontrolada mientras el gobierno trata de atender el problema con una mezcla de aumento de recursos para Carabineros y desarrollo comunal.

En Venezuela no tuvieron esa paciencia. Tal como explica el diario El País de España, las ejecuciones extraoficiales por parte de la policía se hicieron habituales como parte de los procedimientos para -irónicamente- reprimir la violencia.

Algunas ni siquiera son encubiertas. Las llamadas “Operaciones de Liberación del Pueblo” lanzan todo el peso de las armas contra delincuentes urbanos y rurales, sobre todo asaltantes de caminos. Al igual que las películas de acción de los 80, en ellas la consigna es no tomar prisioneros.

De hecho, el OVV indica que de un total de 9.300 muertes violentas registradas en el país durante 2022, 1.200 fueron atribuidas a “resistencia a la autoridad“. Aún más llamativo, 5.700 fueron archivadas bajo un perpetuo rótulo de “en averiguación“, que para la ONG se vinculan a ajusticiamientos policiales.

“La cifra es 16 veces más alta que el umbral establecido como aceptable por convenciones internacionales sobre el tema, como el Protocolo de Bogotá. Este tipo de operativos no pueden hacerse en una democracia. Entrar a un barrio y matar a 20 personas, aunque cinco de ellas sea inocentes, como ha sucedido en innumerables ocasiones en el Gobierno de Maduro”, asegura el abogado criminalista, Luis Izquiel.

“Desde hace un tiempo se han ido acentuando las operaciones de exterminio de delincuentes, a algunas les han puesto nombre, a otras no. Se dieron cuenta de que en operaciones nacionales llaman más la atención y atraen críticas, así que hacen operativos regionales sin anuncios y les ponen nombres a operaciones concretas. Con eso han acabado con muchas bandas criminales en el país”, sentencia el jurista.

Así las cosas, el delito dejó de ser un buen negocio en Venezuela, por lo que sus representantes buscaron mercados más promisorios. El periodista especializado de InsightCrime, Javier Ignacio Mayorca, asegura que buena parte de los delincuentes decidieron emigrar a Colombia, Perú y Chile, aprovechando las ventajas ofrecidas por el propio gobierno de Nicolás Maduro.

“Muchos reos con beneficios procesales emigraron caminando por la frontera desde 2018”, asegura Mayorca, incluyendo a los miembros del temido Tren de Aragua.

“¿Se redujeron los homicidios en Venezuela a causa de una mejora social en el país? Por supuesto que no. Tampoco porque haya una estrategia de seguridad. Hay un cambio de circunstancias: la quiebra nacional ha obligado a la delincuencia a emigrar. Hay un cambio en el modelo de negocio del hampa, que ha tomado los campos. Los robos de bancos han desaparecido porque nadie tiene dinero. No hay efectivo en los cajeros automáticos. Desapareció el secuestro exprés”, afirma Roberto Briceño León, director del OVV.

“No podemos temerle más a la policía que a la propia calle”

Pero por más tentador que sea “correrle bala” a los delincuentes, como expresó mi conductor, esta estrategia también acarrea funestas consecuencias.

María Eugenia Segovia, de 54 años, culpa directamente a la policía de la muerte de su nieta Yadimar, de 11, el pasado 13 de noviembre. Según relata, los agentes aseguraron haber visto “una sombra”, pero ella asegura que los hombres le dispararon directamente a la niña.

“Me acerqué a él y me le paré al frente y le dije: ¡le dispararon a la niña, le disparaste a mi nieta! Pero dieron la vuelta y salieron corriendo”, relata a Diario Las Américas.

Según vecinos, los policías registraban a un joven cuando sus familiares salieron a reclamar. En respuesta, miembros de la Dirección de Contraingeligencia Militar (DGCIM) habrían llegado como refuerzo y entraron a la calle disparando. Otros aseguran que los policías habían estado bebiendo.

“No podemos tenerles más miedo a ellos que a la propia calle”, dijo al mismo medio Yuleimy Valencia de 34 años, prima de la pequeña asesinada.

Es probable que la familia de Yadimar nunca sepa qué ocurrió con ella. Según el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), un 98% de las denuncias por violaciones a los derechos humanos no llegan nunca a investigarse.