Actos de discriminación, expulsiones arbitrarias y cobros poco transparentes. Estas son algunas de las acusaciones hacia el directorio de la Federación Chilena de Tenis de Mesa, y que hoy los mantiene en un proceso judicial en su contra.

Un recurso de protección en contra de la directiva de Federación Chilena de Tenis de Mesa (Fechiteme) presentó el abogado Javier Gómez, en el que denunció eventuales hechos de discriminación al interior del organismo.

Se trata de una acción constitucional en la que se acusa la exclusión arbitraria de asociaciones históricas de la Fechiteme por manifestar su oposición al actual directorio, presidido desde 2012 por Reimberg Fuentes.

De acuerdo a la presentación -ingresada ante la Corte de Apelaciones de Santiago- mediante “un procedimiento discriminatorio, reiterado, excesivo y anómalo de maltrato y arbitrariedad”, se dejó fuera de la federación a alrededor del 30% de los asociados.

Al respecto, el abogado recurrente asegura que no es posible que también estén excluidos ciertos dirigentes y técnicos, producto de que simplemente han expresado una opinión de disenso con el directorio.

Igualmente, añade el escrito, han sido sancionados importantes cabecillas deportivos, entre ellos el expresidente de la instancia, Osvaldo Arce Caro, quien fue sancionado y desterrado “a perpetuidad”.

“Por si fuera poco, destacados jugadores también han sufrido el embate de la discriminación a través de sanciones injustas. Destacan el exseleccionado nacional Carlos Hellesmans, quien sin notificación alguna ni proceso sancionatorio fue castigado por sus criticas a la directiva”, añade.

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El listado, de acuerdo a Gómez, también lo engrosa Katherine Low. Respecto de ella, asegura que “el cúmulo de actos discriminatorios y de acoso, terminó con la carrera deportiva de quien llegara a ser Campeona Iberoamericana de Tenis de Mesa a sus 23 años”.

“Un crimen contra el talento deportivo y trabajo de décadas de la deportista y de sus padres, que incluso dejaron su ciudad natal Punta Arenas, con todos los sacrificios que ello implica, a fin de que su hija pudiera entrenar y competir en Santiago”, agrega.

Según explica, “atendido el número de asociaciones, deportistas y dirigentes marginados”, se creó incluso una federación paralela: la Fechiteme Senior.

“La nueva organización deportiva fue encabezada por el destacado hombre público y exalcalde de La Cisterna, don Santiago Rebolledo, fraccionando así a nuestro deporte y a la familia del tenis de mesa”, reza el documento.

Cobros “poco transparentes”

Consultado por BioBioChile, el jurista detalla que mediante el recurso solicitan el término de la cobranza a las asociaciones por concepto de licencia de juego.

En esa línea, indica que se trata de “un cobro arbitrario e ilegal”. Afirma también que “es una barrera de entrada para los mismos deportistas”.

“Producto de este cobro de licencia de juegos, hemos detectado que faltan 20 millones por año en el 2016 y 2020″, acusa el profesional. Algo que lo atribuye a la falta de entrega de información transparente al respecto.

Finalmente, critica que sólo a algunas asociaciones se les pide tal recaudación, y a otras beneficiadas no. “Esto tiene que terminar de una vez”, sentencia el abogado.

“No damos declaraciones”

Tras ser consultado por BioBioChile, el director Henry Reimberg envió al medio un escueto comunicado con el que declinó referirse al proceso judicial.

“Por recomendación de nuestro asesor legal, Federación de Tenis de Mesa no da declaraciones ni emite opiniones respecto de los asuntos que están radiados en tribunales de Justicia”, sostiene.

“Serán los tribunales los que tendrán que, a través de sus sentencias de protección, determinar en esta fase el asunto debatido”, finaliza el mensaje.

Una vez conocida la presentación de este recurso, el exseleccionado nacional Carlos Hellesmans también se hizo parte de la acción legal.

“Lo hago, pues he sido afectado por severos actos de discriminación y de autotutela por parte de la recurrida Federación Chilena de Tenis de Mesa, encabezada por Henry Eduardo Reimberg Fuentes”, se lee en el escrito.

Todo deberá resolverlo el tribunal de alzada capitalino.