La Fiscalía Nacional Económica (FNE) remarcó su sugerencia al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que se realice una “licitación transitoria” del Terminal N°2 del Puerto de Valparaíso.
Lo anterior, para asignar su concesión y garantizar “condiciones equitativas de acceso”.
La sugerencia de la FNE fue en respuesta a solicitudes presentadas por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) al Tribunal, para que se pronuncie sobre si la modalidad más adecuada para asegurar la continuidad operativa de esta instalación durante 2027–2029 es realizar una licitación transitoria o extender el contrato que hoy posee la empresa Terminal Portuario de Valparaíso (TPV).
Actualmente, el Terminal N°2 concentra cerca del 90% de la carga fraccionada de la región y opera con escasa competencia efectiva, debido a barreras estructurales y la especialización de los demás terminales en carga contenerizada.
En detalle, se busca reemplazar la opción de extender el contrato actual de Terminal Portuario de Valparaíso, empresa a la que le restan 18 meses de operación bajo el convenio vigente.
Extender ese contrato, advirtió la FNE, perpetuaría la concentración y los riesgos de discriminación, sin incentivos para mejorar la eficiencia ni la regulación.
Bajo este contexto, Daniella De Luca, jefa de la carrera de Negocios Internacionales en la Universidad de Valparaíso, explicó que esta observación busca impulsar una optimización de la seguridad y la logística de la gestión portuaria.
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La FNE sostuvo además que el Terminal N°2 ha mantenido rentabilidades positivas desde 2022, evidenciando su atractivo económico.
Por ello, junto con la experiencia de la licitación de 2021 —que atrajo seis oferentes y generó una fuerte competencia—, una nueva licitación podría convocar interesados incluso con un plazo corto de concesión.
Francesco Schiaffino, exgerente general de Ultraport, TPS y Ultramar, valoró la recomendación de la FNE y recordó que queda poco para la gran licitación de la región contemplada para 2030.
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Entre sus recomendaciones, la FNE también propuso reforzar la transparencia, revisar la definición de incumbentes en las bases, exigir reportes semestrales sobre tarifas y operaciones; y que EPV informe a la Fiscalía los valores y ponderadores aún pendientes.