El ministro de Economía, Jorge Rodríguez, salió al paso de las críticas de sectores del empresariado contra la futura ley de fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), cuyo texto fue aprobado ayer por el Congreso.
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En el mundo privado han apuntado sus dardos, principalmente, a dos de las nuevas atribuciones que se le otorgarán al Sernac: la facultad normativa y la reclamación del llamado ‘daño moral colectivo’.
Ante ello, el secretario de Estado señaló que la elaboración normativas por parte de la entidad, en cada caso, será consultada a un comité de expertos. Además, Rodriguez, descartó una posible “arbitrariedad” en las determinaciones del servicio.
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Luego de los seis meses de publicada la ley en el Diario Oficial, las empresas deberán responder a todos los reclamos, el Sernac podrá sancionar a las compañías, realizar fiscalizaciones, dictar normas y,además, se elevarán los montos de la multas contra firmas que incumplan la ley hasta las 2.250 UTM, en casos graves.
El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín, advirtió que esa cantidad de facultades unificadas en un organismo unipersonal podrían desembocar en actuaciones “arbitrarias con criterios políticos”.
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La ley de fortalecimiento del Sernac considera la apertura de nuevas oficinas de la entidad, junto a una mayor dotación de personal, aspectos que, en total, tendrán un costo del orden de $24 mil millones.