Asociados de la Federación Nacional de Lucha Olímpica de Chile (Fedenaloch), acompañados por la diputada Erika Olivera (Demócratas), acudieron a la Contraloría General de la República con el fin de solicitar una auditoría e investigación respecto a una serie de irregularidades detectadas en el funcionamiento de la testera de la organización.
Entre las denuncias presentadas destacan cuestionamientos sobre la legitimidad del actual directorio, inconsistencias en el registro de socios, uso irregular de recursos públicos transferidos por el Instituto Nacional del Deporte (IND) y la participación de clubes inexistentes (o “clubes fantasmas”), sin actividad deportiva ni deportistas registrados.
El origen de esta acción tiene como antecedente la formalización por desacato dictada por el Primer Tribunal Electoral Regional Metropolitano, que afecta a todo el directorio de la federación.
El tribunal estableció que los dirigentes Manuel Espinoza, Ricardo Figueroa y otros incumplieron una sentencia del 2 de noviembre de 2022, la cual invalidaba su elección y ordenaba realizar un nuevo proceso conforme a la ley y los estatutos.
Pese a ello, el mismo grupo fue nuevamente presentado y reelegido, infringiendo además la norma estatutaria que prohíbe la permanencia en el cargo por más de ocho años consecutivos.
Además, acusan que la cónyuge del actual presidente del directorio de la Fedenaloch figura como responsable de tres clubes sin existencia deportiva comprobada, los cuales, pese a su inactividad, gozan de derecho a voto en la federación, lo que refuerza las sospechas de manipulación interna.
“La fiscalización a la Fedenaloch ha sido deficiente e ineficaz”
La diputada Erika Olivera afirmó este viernes que “solicitamos a la Contraloría General de la República instruir fiscalización, investigación y auditoría respecto de los recursos transferidos por parte del Instituto Nacional de Deportes a la Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile durante los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025”.
“También revisar la legalidad de dichas transferencias, la ejecución o no de los controles mínimos y mecanismos de fiscalización establecidas en la Ley del Deporte y, en definitiva, determinar las responsabilidades administrativas que pudiesen recaer en el Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes y otros funcionarios en estas irregularidades”, añadió la parlamentaria.
En tanto, el deportista e integrante de la federación, Marcelo Castro, señaló que “la fiscalización que el IND debería ejercer sobre estas organizaciones deportivas ha demostrado ser deficiente e ineficaz. No existen mecanismos adecuados de control ni procedimientos sancionatorios establecidos en la Ley del Deporte que permitan actuar frente a estos casos de incumplimiento grave.”
La abogada y deportista, María Paz Ríos, manifestó que además solicitaron que se indague la eventual existencia de prácticas de corrupción mediante la utilización instrumental de clubes ficticios para ejercer control ilegítimo dentro de la Federación, y la exclusión arbitraria de votantes en procesos internos, sin una calificación previa legítima ni transparente.
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