Luego de la complicada situación, las fuerzas policiales de Camerún a varios sospechosos de los incidentes que dejaron múltiples heridos en el país africano.
Un total de dieciocho personas resultaron heridas el pasado sábado por la explosión de al menos dos artefactos durante un concurrido maratón en la localidad de Buea, en el suroeste de Camerún, informaron las autoridades locales.
“Hubo dos o tres explosiones en la carrera. Pero debo mencionar que estas explosiones no tuvieron un gran impacto en la competición”, dijo el gobernador de la región Suroeste de Camerún (donde se produjo el incidente), Bernard Okalia Bilai, en declaraciones recogidas en horas del sábado por los medios locales.
“Me gustaría felicitar a las fuerzas de seguridad, a la población de Buea y a todos los cameruneses de buena fe que ignoraron esta pequeña maniobra, un intento de perturbar una gran fiesta deportiva“, añadió.
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Por su parte, el ministro de Deportes de Camerún, Narcisse Mouelle Kombi, aseguró que “las fuerzas de defensa y de seguridad tienen la situación bajo control”.
Las explosiones ocurrieron el sábado mientras centenares de personas veían y participaban en un maratón conocido como Ascension du Mont Cameroun.
Detención de sospechosos
Después del incidente, las fuerzas de seguridad registraron la ciudad y detuvieron a algunos sospechosos, según informaron los medios locales, pero aún se desconoce los autores de las explosiones.
La región Suroeste de Camerún está inmersa en la violencia por una crisis secesionista entre grupos armados separatistas anglófonos y las fuerzas armadas del Estado.
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Aunque en Camerún el inglés y el francés son idiomas cooficiales y conviven junto a otras 250 lenguas nativas, el 20 % de la población de Camerún es anglófona, una minoría que se siente marginada y asimilada por el gobierno central francófono desde hace décadas.
La actual crisis abarca a las regiones Noroeste y Suroeste del país y comenzó en 2016, con manifestaciones y huelgas de profesores y abogados que exigían un uso igualitario del inglés en los tribunales y colegios y una mayor representación en el Gobierno.
En 2017 se convirtió en un conflicto armado intensificado por la negativa del Gobierno del presidente Paul Biya, en el poder desde hace 40 años, que rechazó todo tipo de reivindicación.
