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Blanco y Negro respondió al recurso de protección presentado por vecinos del Estadio Monumental, quienes exigían que la concesionaria se hiciera responsable de desmanes causados por asistentes a partidos de Colo Colo. La empresa argumentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago que las peticiones de los vecinos son desproporcionadas y que es responsabilidad del Estado atender sus reclamos. Los denunciantes acusaron riñas, basura, excrementos y falta de medidas de seguridad por parte de Blanco y Negro. La concesionaria se defendió alegando que las afectaciones son genéricas y que las situaciones de desorden público corresponden a la actuación estatal, no privada.
Blanco y Negro (ByN) respondió, justo a tiempo, al recurso de protección presentado por los vecinos del Estadio Monumental que piden a la concesionaria responsabilizarse por “incivilidades” y desmanes provocados por quienes asisten al recinto para ver a Colo Colo.
En un escrito presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la privada presidida por Aníbal Mosa aseguró que lo solicitado por los “recurrente” es desproporcionado y además que corresponde al Estado responderles.
Cabe recordar que un grupo de vecinos del recinto deportivo, tras la tragedia ocurrida el 10 de abril en el duelo entre Colo Colo y Fortaleza, y que terminó con dos hinchas albos fallecidos, presentaron el recurso contra Blanco y Negro.
Entre las principales denuncias hechas por los denunciantes se encuentran riñas, fuegos artificiales, desechos y excrementos en las calles, y una “total falta de medidas” por parte de Blanco y Negro respecto a la limpieza, seguridad y control de incivilidades en las inmediaciones del Monumental.
Blanco y Negro se exculpa: medidas desproporcionadas y responsabilidad del Estado
Luego de recibir una extensión de plazo, Blanco y Negro respondió al recurso presentado por los vecinos del Monumental, asegurando que lo que piden es “abiertamente desproporcionado”.
En particular, los vecinos de pidieron que se detenga el uso del Estadio Monumental, reducir contaminación acústica, evitar el comercio ilegal, consumo de droga y alcohol, y el cese del uso de pirotecnia.
Ante esto, en el escrito ingresado a la Corte de Santiago y al que tuvo acceso BioBio Chile, ByN asegura que “medidas como las solicitadas por los recurrentes es abiertamente desproporcionado y privaría a nuestra representada de su derecho a ejercer una actividad económica lícita“.
“Blanco y Negro ha cumplido con los deberes que le asisten como organizador de eventos de fútbol profesional, establecidos en el artículo 3° de la Ley N°19.327”, asegura el escrito desarrollado por los abogados Aldo Molinari Valdés, Mirko Villarroel Contreras y Amparo Larravide Cortés.
Agregan que las “supuestas afectaciones a los derechos esgrimidos por las recurrentes son meramente genéricas, sin que se dé cuenta de vulneraciones concretas sufridas individualmente por ellos”.
“La medida solicitada de paralizar el uso del Estadio no resulta necesaria ni proporcional”, esgrimen los defensores
Asimismo, Blanco y Negro traspasó la responsabilidad de todos los hechos denunciados por los vecinos, y que ocurrirían en las inmediaciones del Monumental, al Estado.
“Los hechos indicados en los recursos dan cuenta de situaciones que no quedan bajo el control de Blanco y Negro. Estos corresponden a: (1) perpetración de actos de violencia en la vía pública; (2) comisión de delitos contra la propiedad y contra las personas fuera del Estadio; (3) existencia de comercio ilegal; (4) ingesta de alcohol, y realización de necesidades fisiológicas en las calles y antejardines de la comunidad; (5) uso de fuegos artificiales, etc.”.
Al respecto, Blanco y Negro asegura que “todos los hechos relatados versan sobre desórdenes al orden público, de forma que quedan sujetos al actuar del Estado y no de privados”.
El recurso agrega que, aunque la actividad que ejerce Blanco y Negro es privada, al tener carácter masivo “implica la necesidad de un resguardo de orden público”, tal como lo establece, por lo demás, la Ley Nº19.327.
Sin embargo, que dicha ley “no le permite atribuirse facultades que el ordenamiento jurídico no le otorga, sino que únicamente adoptar aquellas medidas que la ley o las autoridades correspondientes dispongan”.
“Si aun respetando las medidas de seguridad que exige la ley y la autoridad se cometieren ilícitos, aquello dará lugar a la responsabilidad de quienes cometieren tales ilícitos y no de terceros, pues no existe la obligación de privados de resguardar el orden público y la seguridad”, se exculpa Blanco y Negro.
Por todo lo expresado anteriormente, la concesionaria pidió a la Corte de Apelaciones “rechazar los recursos de protección interpuestos en estos autos y en las causas acumuladas, con expresa condena en costas a los recurrentes”.
