Este martes, los tribunales de la localidad bonaerense de San Isidro, en Argentina, amanecerán igual que hace poco más de un año: con móviles de televisión, hinchas, vallas y un fuerte operativo policial. A las 10 de la mañana comenzará un nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona con un tribunal renovado, pero con el mismo objetivo: establecer responsabilidades sobre el tramo final de la vida del Diez.
El proceso anterior quedó anulado tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, quien fue destituida luego de que se comprobara que filmaba de manera clandestina una serie documental dentro de la sala de audiencias. Todo lo actuado en casi tres meses —más de 20 audiencias, 44 testigos, pruebas y alegatos— perdió validez jurídica, lo que obligó a reiniciar el expediente desde cero.
“Nunca viví una situación similar en mis 26 años de profesión. No estamos preparados para la trascendencia que era atravesar un juicio con el apellido Maradona, todo se va de las manos”, aseguró Vadim Mischanchuk, abogado de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las principales acusadas en el juicio. “Hay que atravesarlo con las herramientas jurídicas y emocionales para salir adelante. Los familiares no han podido hacer el duelo”, agregó en diálogo con BioBioChile.
Las audiencias se realizarán los martes y jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado en esta segunda vuelta por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Allí volverán a encontrarse los familiares de Maradona -sus hijas Dalma, Gianinna y Jana; su hijo Dieguito; su expareja Verónica Ojeda y sus hermanas- y los siete profesionales de la salud imputados, acusados de homicidio simple con dolo eventual.
“Este segundo juicio tiene una carga adicional: la frustración del anterior, y eso no puede ignorarse”, señaló Gustavo Pascual, abogado de Jana Maradona, en diálogo con este medio. Según explicó, el nuevo proceso será más acotado: la cantidad de testigos se redujo de más de 200 a 92, lo que podría hacerlo más ágil. “Esperamos un desarrollo más ordenado y eficiente, considerando la experiencia previa”, afirmó.
Los acusados
Entre los imputados se encuentra Leopoldo Luque, el neurocirujano que operó a Maradona de un hematoma subdural en noviembre de 2020 y recomendó la internación domiciliaria en la casa de Tigre donde murió el 25 de ese mes.
La fiscalía lo señala como el principal responsable; lo acusa de haber desestimado los síntomas que derivaron en la muerte e incumplido sus obligaciones como médico tratante. Su abogado, Francisco Oneto, rechaza esa versión: “Él no era el médico de Maradona, ni estaba a cargo de la internación domiciliaria, ni mucho menos fue el que tomó la decisión de esa internación”, dijo a BioBioChile.
También está acusada la psiquiatra Agustina Cosachov, que comenzó a tratar a Maradona cinco meses antes de su muerte. La acusación sostiene que le administró medicación contraindicada y que, siendo la única médica presente cuando fue hallado inconsciente, no realizó tareas de reanimación.
Mischanchuk basa su defensa en la imposibilidad científica de probar causalidad, dado que las pericias son contradictorias sobre si el evento cardíaco fue agónico o agudo. “No se puede establecer una causalidad entre la muerte de Maradona por un problema cardiaco y la actividad desplegada por la psiquiatra”, explicó.
Completan la lista el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; los coordinadores de la internación domiciliaria Nancy Forlini y Mariano Perroni; y el clínico Pedro Di Spagna, todos acusados de incumplimientos en sus deberes profesionales durante la internación domiciliaria.
Tanto Oneto como Mischanchuk coincidieron en cuestionar la calificación legal de fondo. “No se explica desde ningún punto de vista, ni fáctico, ni científico, ni jurídico, cómo ocho personas que no se conocen entre sí arman un plan doloso para matar a Maradona”, dijo Mischanchuk.
Una octava imputada, la enfermera Dahiana Madrid, será juzgada por separado en un juicio por jurados que aún no tiene fecha.
La justicia vuelve a la cancha
A casi seis años de la muerte de Maradona, su familia sigue sin tener una respuesta judicial. El proceso que debía darla comenzó en marzo de 2025 ante el TOC N°3 y quedó anulado a menos de tres meses de empezar.
Con el correr de las audiencias se descubrió que la jueza Makintach había permitido que una productora la filmara dentro de la sala, donde el registro audiovisual estaba explícitamente prohibido, para protagonizar una serie documental titulada “Justicia Divina”. Todas las partes la recusaron.
“Ofició de actriz, no de jueza”, acusó la fiscalía. El jury de enjuiciamiento la destituyó por unanimidad e inhabilitó de por vida para ejercer cargos judiciales.
Nadie se anima a predecir cuánto va a durar el nuevo, pero estiman que se prolongará durante meses. “Siempre surgen incidencias que lo vuelven imprevisible”, admitió uno de los abogados.
Del lado de la familia, sin embargo, el objetivo se mantiene intacto: “Demostrar la responsabilidad de quienes tenían el deber legal y profesional de cuidar la salud de Diego”, expresó Pablo Jurado, representante de sus hermanas.
En paralelo, el clima social que rodea el caso sigue vigente. En redes sociales, cuentas que homenajean al ídolo llamaron a acompañar a la familia: “Él siempre se la jugó. Ahora nos toca a nosotros. Necesitamos que todo el pueblo grite justicia”.
El nuevo juicio no solo buscará determinar responsabilidades penales: también intentará saldar una deuda emocional que, para los más cercanos a Maradona, sigue abierta.
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