Cristián Vargas: “Políticos cuestionados no pueden pretender que el SII les haga el trabajo sucio”

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El ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristián Vargas, reafirmó sus denuncias en torno a las presiones recibidas por la entidad para obstruir la presentación de acciones por delitos tributarios en el marco de los casos de eventual financiamiento ilegal a la política.

Vargas respondió al ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, quien reparó en que las presiones son denunciadas por personas que ya no trabajan en los organismos aludidos, en una mención indirecta al desvinculado funcionario del SII.

“Me llama la atención que algunos denuncien presiones cuando se van y no antes. Yo no me puedo hacer cargo de eso, al final me convertiría en un comentarista de las declaraciones de cualquier persona sobre cualquier asunto”, sostuvo el vocero de La Moneda.

Ante esto, Cristián Vargas le restó validez a las palabras del portavoz. “Supongo que sus palabras se deben a falta de información y no a un intento de manipular los hechos o confundir a la ciudadanía porque eso sería terrible, propio de otras épocas“, señaló en entrevista con BioBioChile TV.

Reiteró al respecto que sus denuncias apuntan a la instrumentalización política del servicio y aseguró haber cumplido con su deber “representando siempre a [Michel] Jorratt todas las situaciones que me parecían impropias”.

En cuanto a sus acusaciones, Vargas sostuvo que sí hizo públicas las presiones que estaba recibiendo el SII y sus intervenciones apuntaron a “desarmar las estrategias de entrabamiento” de las indagatorias.

Declaré a la prensa que el servicio no podía prestarse a ninguna maniobra que entorpeciera investigación de delitos“, dijo el ex subdirector jurídico del ente recaudador.

Agregó que si no efectuó una denuncia a la Fiscalía en ese momento fue porque con los antecedente “probablemente incompletos que tenía” no se configuraba el delito de obstrucción a la justicia, culpando al respecto a la “deficiente tipificación del delito de obstrucción a la justicia en nuestra legislación, que se refiere a proporcionar antecedentes falsos al Ministerio Público“.

Eso sí, cree que no resta gravedad el hecho que los puntos denunciados no configuren delito, por lo que estima que “el Gobierno y los políticos tienen que hacerse cargo del problema de las actuaciones que se han denunciado en este caso“.

A su juicio, de no haber estado a cargo de la Subdirección Jurídica, probablemente las querellas por delitos tributarios contra Penta y Soquimich no se hubieran materializado. De esto, resta culpa al ex director Michel Jorratt.

“Para mí [Jorratt] fue más bien víctima de las presiones y, probablemente, era muy difícil para él adoptar otra conducta, considerando que las presiones provenían de importantes autoridades de Gobierno y de altos personeros políticos, según lo que el mismo Jorratt me transmitía”, dijo Vargas a BioBioChile TV.

Aclaró en esta línea que la posición de Jorratt en el SII “era muy frágil”, ya que no se encontraba ratificado en la cabeza del servicio desde su nombramiento en 2014 y que éste habría accedido a las presiones debido a sus lazos con el Gobierno.

De forma interna, Vargas asegura que Jorratt le sinceró sus vínculos con Asesorías y Negocios SpA, empresa de Giorgio Martelli que se habría empleado como plataforma de financiamiento a la denominada precampaña de Michelle Bachelet. “Le señalé que lo que era conveniente es que él hiciera pública la situación“, expresó.

Cristián Vargas dijo esperar que el Servicio de Impuestos Internos retome su misión institucional, acompañado de un actuar probo de los personeros políticos.

“Aquí hay políticos de todos los sectores involucrados en el problema de financiamiento irregular de sus actividades. Entonces, lo que yo creo es que ellos deben solucionar sus problemas y no intentar, como dice el antiguo dicho, ‘sacar las castañas con la mano del gato’. No pueden pretender que el servicio les haga el trabajo sucio. No pueden pretender que el servicio limite las investigaciones y deje de cumplir sus funciones, pagando con ello altísimos costos de credibilidad ciudadana y apartándose de su misión”, subrayó.

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El ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristián Vargas, reafirmó sus denuncias en torno a las presiones recibidas por la entidad para obstruir la presentación de acciones por delitos tributarios en el marco de los casos de eventual financiamiento ilegal a la política.

Vargas respondió al ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, quien reparó en que las presiones son denunciadas por personas que ya no trabajan en los organismos aludidos, en una mención indirecta al desvinculado funcionario del SII.

“Me llama la atención que algunos denuncien presiones cuando se van y no antes. Yo no me puedo hacer cargo de eso, al final me convertiría en un comentarista de las declaraciones de cualquier persona sobre cualquier asunto”, sostuvo el vocero de La Moneda.

Ante esto, Cristián Vargas le restó validez a las palabras del portavoz. “Supongo que sus palabras se deben a falta de información y no a un intento de manipular los hechos o confundir a la ciudadanía porque eso sería terrible, propio de otras épocas“, señaló en entrevista con BioBioChile TV.

Reiteró al respecto que sus denuncias apuntan a la instrumentalización política del servicio y aseguró haber cumplido con su deber “representando siempre a [Michel] Jorratt todas las situaciones que me parecían impropias”.

En cuanto a sus acusaciones, Vargas sostuvo que sí hizo públicas las presiones que estaba recibiendo el SII y sus intervenciones apuntaron a “desarmar las estrategias de entrabamiento” de las indagatorias.

Declaré a la prensa que el servicio no podía prestarse a ninguna maniobra que entorpeciera investigación de delitos“, dijo el ex subdirector jurídico del ente recaudador.

Agregó que si no efectuó una denuncia a la Fiscalía en ese momento fue porque con los antecedente “probablemente incompletos que tenía” no se configuraba el delito de obstrucción a la justicia, culpando al respecto a la “deficiente tipificación del delito de obstrucción a la justicia en nuestra legislación, que se refiere a proporcionar antecedentes falsos al Ministerio Público“.

Eso sí, cree que no resta gravedad el hecho que los puntos denunciados no configuren delito, por lo que estima que “el Gobierno y los políticos tienen que hacerse cargo del problema de las actuaciones que se han denunciado en este caso“.

A su juicio, de no haber estado a cargo de la Subdirección Jurídica, probablemente las querellas por delitos tributarios contra Penta y Soquimich no se hubieran materializado. De esto, resta culpa al ex director Michel Jorratt.

“Para mí [Jorratt] fue más bien víctima de las presiones y, probablemente, era muy difícil para él adoptar otra conducta, considerando que las presiones provenían de importantes autoridades de Gobierno y de altos personeros políticos, según lo que el mismo Jorratt me transmitía”, dijo Vargas a BioBioChile TV.

Aclaró en esta línea que la posición de Jorratt en el SII “era muy frágil”, ya que no se encontraba ratificado en la cabeza del servicio desde su nombramiento en 2014 y que éste habría accedido a las presiones debido a sus lazos con el Gobierno.

De forma interna, Vargas asegura que Jorratt le sinceró sus vínculos con Asesorías y Negocios SpA, empresa de Giorgio Martelli que se habría empleado como plataforma de financiamiento a la denominada precampaña de Michelle Bachelet. “Le señalé que lo que era conveniente es que él hiciera pública la situación“, expresó.

Cristián Vargas dijo esperar que el Servicio de Impuestos Internos retome su misión institucional, acompañado de un actuar probo de los personeros políticos.

“Aquí hay políticos de todos los sectores involucrados en el problema de financiamiento irregular de sus actividades. Entonces, lo que yo creo es que ellos deben solucionar sus problemas y no intentar, como dice el antiguo dicho, ‘sacar las castañas con la mano del gato’. No pueden pretender que el servicio les haga el trabajo sucio. No pueden pretender que el servicio limite las investigaciones y deje de cumplir sus funciones, pagando con ello altísimos costos de credibilidad ciudadana y apartándose de su misión”, subrayó.