Todo partió el 25 de agosto de 2019. Ese día el subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry (UDI), fue multado por pasarse tres luces rojas en Ñuñoa, insultar al fiscalizador municipal y huir, de acuerdo al informe preparado por el Departamento de Seguridad Ciudadana de esa comuna.
Aunque, los antecedentes fueron negados por la autoridad de Gobierno, que hasta ahora continúa en su cargo.
Pero no es lo único. Según reveló Reportajes Bío Bío, su hermana, Iris Salaberry, que hasta ayer era funcionaria de la Municipalidad de Ñuñoa, intentó intervenir para evitar que el subsecretario fuera multado.
A ello se sumó otro antecedente que favoreció su caída: cobraba coimas a emprendedoras de Ñuñoa para acceder a ferias gratuitas. Estaba sumariada por ello. El proceso interno se abrió por una denuncia presentada por dos emprendedoras, que la acusaron de cobrarles dinero “por fuera” para obtener un cupo en ferias comunales donde podían exhibir sus productos. Pese al pago nunca lograron hacerlo.
Hubo otras situaciones donde incluso Iris Salaberry pidió dinero para reservar espacios en eventos gratuitos y auspiciados con fondos edilicios. Según consta en un decreto del 6 de enero de 2017, donde la entonces alcaldesa subrogante, Sandra Fuentes, designó como fiscal interno al abogado Gonzalo Zúñiga.
Pese a que renunció a ese puesto, en enero de 2019, y estando abierta la indagatoria por faltas a la probidad, el propio alcalde Andrés Zhari, la recontrató. El decreto establece que la diseñadora de vestuario Iris Salaberry deberá “estudiar y diagnosticar los puntos o lugares que posibilitan la instalación de parquímetros en diversos sectores de la comuna”.
En conversación con Radio Bío Bío, el mismo alcalde explicó que le dio trabajo con modalidad honorario, luego que ella se lo pidiera, ya que estaba en una situación personal complicada. “Solidaricé con ella para ayudarla, condicionada que si el sumario salía en contra de ella, tenía que salir del cargo”, explicó.
Pero Zarhi rechazó el actuar de Iris Salaberry en el caso de su hermano. “Intervino llamando a seguridad ciudadana. Ahí estuvo el gran error”, admitió.
Tras todos estos antecedentes, y debido a que Iris Salaberry no presentó su renuncia, el alcalde de Ñuñoa firmó la tarde de ayer el decreto para removerla. La hermana del subsecretario fue notificada en su domicilio, según confirmaron fuentes de Radio Bío Bío en el municipio.
En cuanto a la investigación desformalizada que abrió el Ministerio Público por el Caso Salaberry, donde se investiga un presunto tráfico de influencias al interior de la Municipalidad, el fiscal Felipe Sepúlveda, tomó declaración como testigo a la concejala del PPD Patricia Hidalgo.
Pese a no dar detalles del contenido de sus testimonios, la edil señaló que entregó antecedentes que ella ha podido averiguar respecto al caso y anunció que se hará parte de la causa a través de una querella contra quienes resulten responsables.
“Es la honra de la Municipalidad de Ñuñoa la que queda en entredicho”, aseguró.
La Moneda firme con Salaberry
En medio de la polémica, el ministro del interior, Andrés Chadwick, señaló que están esperando que la indagatoria aclare lo ocurrido para determinar el futuro de Felipe Salaberry en su cargo.
“Existen dos versiones que son contrapuestas. Y esperamos que se clarifiquen para que el Gobierno tenga todos los elementos para ver la situación”, remarcó.
Sin embargo, el apoyo más férreo llegó de mano de la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe: “Me impresiona el oportunismo de la Fiscalía, el sesgo con el que están trabajando, en donde aparecen como un brazo armado de la izquierda chilena”.
Sin embargo, no obtuvo respaldo en el resto de Chile Vamos. Tras el comité político en La Moneda, el presidente de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, rechazó esa posición.
“No comparto esa declaración. El fiscal, cuando se producen hechos de este tipo tiene que actuar. Tiene que investigarlos”, señaló.
A todo el revuelo se añadió una demanda invocando la Ley Zamudio que hizo el residente del Colegio Médico Veterinario, Felipe Bravo, contra la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Según él, desde el organismo lo vetaron como parte del equipo docente del diplomado “Tenencia Responsable de Mascotas” adjudicado a la Universidad Andrés Bello, donde él trabaja.