Por 12 votos a favor y 5 en contra, los cancilleres que integran el Consejo Permanente de la OEA votaron a favor de convocar el órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para analizar el “impacto desestabilizador” que está provocando la crisis en Venezuela.
La iniciativa fue respaldada por Venezuela -representado por el enviado de Juan Guaidó, según informó la OEA, Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, EEUU, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y República Dominicana, mientras que se abstuvo Trinidad y Tobago, Uruguay, Costa Rica, Panamá y Perú. En tanto, hubo un ausente: Bahamas.
El TIAR, también conocido como Tratado de Río por su adopción en esa ciudad en 1947, dispone que la reunión de cancilleres, que se daría la segunda quincena de este mes, deberá “acordar las medidas para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente”.
Estas medidas pueden ir desde la ruptura de las relaciones diplomáticas, pasando por la interrupción parcial o total de las relaciones económicas o de las comunicaciones de todo tipo, hasta el empleo de la fuerza armada.
Sin embargo, el canciller Ribera descartó esta última opción, señalando que nuestro país siempre ha abogado por una salida pacífica a la crisis de Venezuela.
“No apoyaremos la adopción de ninguna medida que implique el empleo de la fuerza armada o agrave severa crisis que vive el pueblo venezolano”, subrayó.
En concreto, el ministro explicó que Chile y Perú copatrocinaron una propuesta de Costa Rica para excluir fórmulas que “impliquen el empleo de la fuerza armada”, lo que no fue aprobado y siguió dejando esa opción sobre la mesa.
Por lo mismo es que esta explicación del ministro Ribera no hizo sentido en los partidos opositores y dio paso libre a las críticas desde ese sector.
El ex canciller y presidente del PPD, Heraldo Muñoz, señaló que le llama la atención la posición adoptada por nuestro país, enfatizando que el TIAR es un tratado de defensa que se debería activar únicamente frente a un ataque armado.
“En lo personal, me opongo decididamente a la convocatoria acordada con este voto de Chile al órgano de consulta del TIAR para abordar la crisis de Venezuela, porque el TIAR es un tratado de defensa frente a un ataque armado o una amenaza a la paz. Y francamente no estamos ante esa situación en el caso de Venezuela”, aseguró.
El senador y presidente del PS, Álvaro Elizalde, enfatizó que es el propio pueblo venezolano el que debe decidir su futuro, por lo que rechazó cualquier intervención militar.
“Chile debe contribuir a una salida pacífica y democrática, en que sea el propio pueblo venezolano el que decida su futuro. Por tanto, toda forma de intervención militar o de referencias a tratados que tienen objetivos militares no contribuye a una salida política en que el pueblo venezolano debe tener un rol protagónico”, remarcó.
Una posición más tibia es la que mostró el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin. El exdiputado señaló que la invocación de este tratado responde a una manera de presionar a Maduro para que retome el diálogo con la oposición venezolana.
Aunque de todos modos, “como partido, rechazamos cualquier intervención militar o violenta”, señaló.
Desde Chile Vamos, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Issa Kort, le bajó el perfil a la decisión de convocar el TIAR, señalando que aún no se toma ninguna decisión de fondo.
“La decisión es eminentemente administrativa. Acá queda una serie de otras etapas que deben resolverse a partir de la activación de este tratado”, afirmó.
Decisión “infame”
A través de un comunicado, el gobierno de Venezuela calificó la decisión adoptada por la OEA como infame y afirmó que se trata de un instrumento de Estados Unidos utilizado por razones ideológicas, razón por la que enfatizaron que no reconocen ni aceptan ninguna obligación del tratado.
Lo anterior, considerando que hace seis años Venezuela se retiró del TIAR. Pero en julio pasado, la Asamblea Nacional liderada por el presidente encargado, Juan Guaidó, aprobó el regreso de ese país al pacto multilateral.