Fotografía: Agencia Uno | Contexto: Búsqueda de menor desaparecida en Licantén.

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  • En 2020 la PDI recibió un total de 8.824 órdenes de investigar por presunta desgracia. De ellas, 847 quedaron pendientes, “sin ubicar”. Este año, entre enero y junio, los números han ido a la baja, situación que se explica principalmente por la pandemia: se registraron 4.017 solicitudes, de las cuales 346 aún se investigan. Las estadísticas hablan por sí solas, son positivas, sin embargo, existe una cifra negra, que aunque menos, refiere a los que no han vuelto o, quizás, nunca volverán. La historia es de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    Es la madrugada de un día cualquiera. Sentados en el living, una familia espera la llegada de un ser querido. Pasan las horas y no hay noticias. Menos un mensaje. Le siguen la angustia, la ansiedad. Se ignora el paradero.

    La escena ocurre a diario en el país. Alguien puede desaparecer por unas horas o días y aparecer. Quizás meses, pero vuelve a casa. Hay otros que no regresan, y dar con su paradero se transforma en un enigma. Los casos son investigados por las policías, tras orden del Ministerio Público o denuncia.

    En ese contexto, durante 2020, la Policía de Investigaciones (PDI) recibió un total de 8.824 órdenes de investigar por presunta desgracia a nivel nacional. De esta cifra, en un 90,4% de los casos se ubicó a quienes no daban señales de vida.

    Este año, entre enero y junio, el número fue de 4.017 solicitudes, alcanzando un porcentaje de éxito del 91,93%. Si bien el resultado investigativo es alto, las órdenes pendientes, o “sin ubicar”, se acercan al 8%.

    A cargo de este tipo de indagatorias está la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana (Briup). Se trata de un grupo especializado en dar con el paradero, encontrar, ubicar o cualquier sinónimo que se convierta en tranquilidad para las familias que esperan sumidas en la ansiedad.

    Al comparar las cifras de estas últimas dos anualidades, se observa una leve baja en este tipo de indagatorias. A juicio de la jefa de la Briup, subprefecta Karen Hernández, esta situación se debe, esencialmente, a las “restricciones de movilidad (…) producto de la pandemia por Covid-19”.

    Pero además, la detective destaca la efectividad en las primeras diligencias. Estas se convierten, también con un poco de azar, en un sendero de pistas que pueden convertirse en certezas investigativas que permitirán entregar tranquilidad a las familias.

    A diferencia de lo que ocurre en la Región Metropolitana, explica Hernández, en regiones principalmente es la Brigada de Homicidios (BH) la que adopta este tipo de procedimientos. En lugares de difícil acceso o lejanas, la misión recae en la Brigada de Investigación Criminal. Si las cosas se complican la Briup apoya el trabajo.

    La norma clave para este tipo de casos -como para todas las policías del mundo- son las primeras 48 horas. El extraviado, quizás está en una casa cercana, donde un familiar, en un sitio que rememora, camino en bus o en avión hacia un lugar lejano; huyó con su pareja, no se aviene con la familia o sencillamente quiere alejarse por factores diversos.

    La razón y la motivación se cruzan. Tal como en un homicidio habla el sitio del suceso, en la búsqueda de personas los cómo, los por qué, dónde, cuándo y para qué son las preguntas fundantes de la investigación, la que se puede iniciar por denuncia o por órden verbal o escrita del Ministerio Público.

    “La Briup implementa y activa el Protocolo de actuación por Presuntas Desgracias, para recoger todos aquellos antecedentes vitales y necesarios (…) declaraciones policiales para establecer sociabilización primaria y secundaria de la presunta víctima, hábitos conductuales, rutinas, comportamientos, entre otros”, explica la jefa de la unidad.

    Años

    Las regiones que concentran la mayor cantidad de búsquedas fuera de la Metropolitana, se ubican en el sur del país. Bío Bío junto con La Araucanía llevan la delantera. Más cercana a Santiago, la Región de Valparaíso sigue en el orden.

    Número de órdenes de investigar por presunta desgracia periodo enero – junio de 2020 y 2021. Fuente PDI.

    La razón, asegura la subprefecta Hernández, es simple: “Las regiones que presentan un mayor número de órdenes de investigar son precisamente aquellas que tienen una mayor cantidad de habitantes”.

    Agrega que una indagatoria de este tipo no se guía por un perfil de conducta o personalidad determinada, sino que la edad de los extraviados es uno de los principales patrones. Los números, asegura, confirman esa realidad.

    Por ejemplo, entre enero y junio de 2020 lideraron los adultos de 30 a 59 años con 1.611 casos. Le siguen los adolescentes de 12 a 17 años. Sobre ellos se realizaron 1.608 diligencias. La tendencia en 2021 se repite, pero con un leve descenso en los casos.

    Los motivos que hacen a una persona inubicable, asegura Hernández, “son muchos”, y quienes mantienen mayor dependencia familiar, añade, son menos propensos a desaparecer.

    Número de órdenes de investigar por presunta desgracia periodo enero – junio de 2020 y 2021, por rango etario. Fuente PDI.

    A nivel de género, los varones superan a las mujeres, solo por un estrecho margen. Por nacionalidad casi la totalidad de los casos son de ciudadanos chilenos, al comparar las anualidades.

    Medidas intrusivas

    Al comparar el primer semestre de los años 2020 y 2021, la efectividad investigativa alcanza un 92%. El 8% restante, es decir 822 personas, están rotuladas como pendientes, pero no olvidadas, enfatizan en la institución, porque se sigue trabajando para encontrarlas.

    “Las investigaciones (…) son dinámicas, esto quiere decir que no es posible compararlas a pesar de mantener elementos similares (…). Por ello es que existen indagatorias que son esclarecidas en las primeras 24 horas, y otras búsquedas requieren de más tiempo”, aclara la jefa de la Briup.

    Si en el tiempo que otorga el Ministerio Público no hay resultados concretos se realizan esfuerzos adicionales. Por ejemplo, solicitar medidas intrusivas con el fin de “levantar información crucial para el éxito de la investigación”, detalla Hernández. Y como las presunta desgracia no está tipificada como delito, insiste, solicitan a la fiscalía “una nueva orden con facultades amplias”.

    Si no hay éxito en determinar el paradero, hay otras formas de mapear. Están los encargos a nivel nacional y las fronteras aéreas y terrestres. El sistema informático puede dar la voz de alarma.

    La PDI, al mismo tiempo, mantiene una coordinación con el Servicio Médico Legal (SML), que le informa cada 15 días el listado de fallecidos ingresados a la institución forense y que no han sido retirados por sus deudos.

    Al igual que la PDI, Carabineros también recibe denuncias por presunta desgracia, cumpliendo los mismos protocolos. La policía uniformada cuenta con un sistema computacional llamado “Plataforma Nacional de Encargos” que recoge las denuncias ingresadas en las unidades a lo largo del país.

    Sin embargo, en Chile no existe una base de datos unificada, ya que cada institución maneja las cifras de manera independiente. Buscando revertir la situación, en enero de 2019 ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que busca agrupar el trabajo de las policías, creando la Base de Datos de Personas Extraviadas en Chile.

    Uno de los alcances de la iniciativa, además, es la unificación de protocolos, indicó el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch. A su juicio, la modificación legal tiene como fin fortalecer el trabajo de ubicación “en pro de las familias que han sufrido esta situación”.

    “El problema que hay es que existen distintas instituciones que se supone, se encargan del tema, pero no tienen ninguna coordinación (…); no comparten bases de datos, información (…) entonces evidentemente eso dificulta muchísimo”, enfatizó el parlamentario.

    A diferencia de Hirsch, la subprefecta Hernández, se basa en la experiencia: “El hecho de que no exista una base de datos unificada, no influye en ningún aspecto en la investigación, ya que cada caso es diferente y es tratado de forma única”.

    Las estadísticas de éxito tienen un lado positivo, pero existe la cifra negra, que aunque menor, debido al efectivo trabajo de la Briup, refiere a los que no han vuelto, nunca volvieron o nunca volverán. La policía los sigue buscando. No son números, son personas, recalcan en la institución. Son historias en desarrollo.

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