Fotografía: Archivo | Universidad La República

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  • Se cumplirán dos meses desde que la Superintendencia de Educación Superior le propuso al Ministerio de Educación cerrar la Universidad La República. Más de 13 mil estudiantes titulados, entre ellos un precandidato presidencial, sería el saldo que deja una casa de estudios que nació al alero de la masonería chilena. Solo resta la firma del decreto de cierre para sumarse a otras como la Arcis ligada al Partido Comunista. Pero mientras ello no ocurra, la institución se aferra a la vida, defendiendo su labor educativa y a sus estudiantes. Detrás de este plantel existe una Asamblea de Socios quienes controlan la “Corporación de Derecho Privado Universidad La República”, donde descansa el patrimonio de la entidad. Ese mismo que hoy escasea. Además de controlar, la Asamblea tiene la misión de elegir a la “Honorable Junta Directiva”. ¿Quiénes son? La historia es de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    Han pasado 60 días desde que la Superintendencia de Educación Superior (SES) propuso al Ministerio de Educación (Mineduc) cerrar la Universidad La República (ULARE), revocando su reconocimiento oficial y anulando su personalidad jurídica. En simple, poner la lápida.

    Un duro golpe al que luego se sumó el Consejo Nacional de Educación (CNED). Así, a las extintas universidades del Mar y Arcis, podría sumarse La República. Solo resta el decreto de cierre.

    El proyecto educativo de la ULARE hoy pende de un hilo, y los responsables de su caída son sus controladores, obligación que, en este caso, recae en la Asamblea de Socios, controladora de la corporación de derecho privado sin fines de lucro.

    La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío analizó precisamente a los miembros de esta asamblea, donde destacan exfuncionarios públicos, militantes del Partido Radical (PR), miembros de La Gran Logia de Chile, abogados, profesores, médicos, y un largo etcétera.

    El comienzo

    “Unidas por ideales y propósitos afines”, el 12 de septiembre de 1988, un grupo de 97 personas fundaron la Universidad La República (ULARE). Todos masones y, según fuentes de La Radio, escogidos por La Gran Logia de Chile para levantar el proyecto educativo.

    De esta forma, nació 1 de las 11 universidades privadas que, entre 1982 y 1989, se crearon al alero del DFL Nº2 del 3 de enero de 1981 que permitió el ingreso de privados a la educación superior durante la dictadura militar.

    La ULARE entró en funcionamiento en marzo de 1989 y se presentó ante la sociedad como un “apoyo a los desamparados de la fortuna”, según dijo, en ese entonces, el exgran maestro de la masonería, Óscar Pereira Henríquez, presidente de la junta directiva del prematuro plantel, y que fueron consignadas en la edición 195 de revista Cauce.

    A diferencia de otros planteles universitarios donde hay empresas o fundaciones -personas jurídicas- que participan del control de la institución, en el caso de la ULARE son todas naturales.

    Están los “socios fundadores” y los “socios activos”. Juntos forman la Asamblea de Socios, controladora de la “Corporación de Derecho Privado Universidad La República”, donde descansa el patrimonio de la casa de estudios. El que escasea. Además de controlar, la Asamblea tiene la misión de elegir a la Honorable Junta Directiva. Esta última, elige al rector.

    En la actualidad, el número de socios se ha ido reduciendo. Al comparar los registros públicos de la Superintendencias de Educación Superior y los documentos de la institución, se pueden ver las diferencias. Según la SES, 59 personas componen la Asamblea de Socios, mientras que los registros de la casa de estudios dan cuenta de 53. Algunos han salido de los listados tras su fallecimiento y otros por voluntad propia. De los fundadores, solo quedan nueve. Todos hombres.

    Entre ellos destaca el nombre de Leandro Carvallo Rodó. El abogado, especialista en derecho laboral y civil, fue expresidente de la junta directiva de la universidad y fungió como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago en 2011, nombrado por el exministro de Justicia Felipe Bulnes. Es masón, conocido radical, y forma parte del estudio jurídico CGA Abogados, junto a su hija, quien años más tarde se incorporaría como socia activa al plantel educacional.

    El músico Eduardo Salgado Solovera, y el cirujano Hernán Sudy Pinto, ambos masones, también fundaron la institución. El primero, exdirector ejecutivo del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile-CEAC. El segundo, en tanto, es un conocido médico del norte grande del país, actual presidente del Colegio Médico Regional de Arica y exintendente regional en la misma zona.

    Miguel Bravo Elgueta, odontólogo, también se mantiene en los registros de la institución como socio fundador. Fue presidente de la Comisión Electoral de La Gran Logia de Chile, expresidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, y en 2018 recibió el premio al Mérito Odontológico de la entidad gremial.

    Los otros fundadores que se mantienen son Juan Durán Armijo, quien fue nombrado ciudadano ilustre por la Municipalidad de Temuco en 2015, al ser un reconocido médico de la IX Región. Le siguen, Alejandro Font Filax, ingeniero; Hugo Rebolledo Berroeta, cardiólogo; Rolando Cantarutti Jagniaux, otorrinolaringólogo; y Ricardo Villavicencio Castillo, expresidente de la junta directiva de la ULARE.

    Si bien la masonería chilena ha sido enfática en señalar que no tiene relación con la Universidad La República, su primer rector, Julio del Río Berthoud, señaló a revista Cauce que “el ideario de la masonería se va a ver en forma práctica en esa universidad”, donde “se rendirá culto al libre examen y se dará garantías a todas las corrientes”.

    Y un dato no menor. Hasta el año 2018, según fuentes cercanas a la ULARE, uno de los requisitos para ingresar a la corporación como socio era ser miembro del Club de La República, el brazo jurídico de La Gran Logia de Chile. La modificación se produjo tras la separación entre ambas instituciones. Al no haber relación, no tenía sentido que existiera aquel requisito, señalan conocedores.

    La apertura

    Con el paso de los años, los socios fundadores abrieron paso a nuevas personalidades que compartieran sus mismos valores para participar en la gestión y administración de la universidad.

    Según los registros de la institución, los que fueron contrastados con los datos de la Superintendencia de Educación Superior, en 2001 se incorporaron a la corporación Paulino Ramírez Quintana, periodista, expresidente y exvicepresidente del Colegio de Periodistas de Chile, -este último, cargo que desarrolló cuando Alejandro Guillier fue timonel el organismo colegiado- y exdirector de la Escuela de Periodismo de la Ulare; y Juan Fuentes Castro, quien según su registro comercial se dedica a la docencia.

    En 2008, ingresó a la corporación como socio Alfredo Romero Licuime, abogado, profesor normalista y constructor civil, quien fue rector de la Universidad La República desde 2008 a 2020. También se incorporó el académico Fulvio Ciaffaroni Jara. Luego, tres años más tarde, lo hizo Justo Araya Moreno, administrador público, miembro de la junta directiva en 2014, prorrector de la institución al año siguiente, y venerable maestro de la Logia “Unión Fraternal” Nº1.

    Lo mismo ocurrió ese 2011 con Carlos Gutiérrez Díaz, quien se transformaría en director de la sede en la ciudad de Concepción de la universidad; Werner Diesel Fuentes, abogado, exsecretario general de la universidad y socio del estudio jurídico ALR Abogados; Eduardo Marfull Salazar, exjefe de operaciones del Hospital San José y actual supervisor de compras del Hospital de Carabineros, y Mario Maturana Claro, exrector de la Universidad de Atacama y exfiscal regional de Atacama.

    Un año después, el 2012, hicieron ingreso a la corporación el abogado Arturo Espinosa Maturana, miembro del estudio jurídico Espinosa y Cía Ltda; el profesor Carlos Urzúz Stricker, profesional con amplia experiencia en el mundo de la educación, cercano a Leandro Carvallo Rodó; y su hijo, Carlos Urzúa Henríquez, comunicador audiovisual.

    El año 2013, según los registros de la SES, se produjo un importante arribo de nombres a la Asamblea de Socios. Fuentes de La Radio, explican que esta situación se podría explicar por dos situaciones. La primera, por la acumulación de solicitudes de ingreso; y la segunda, por la aprobación de una norma transitoria que permitió el ingreso a la corporación de nuevos socios sin que fueran miembros del Club de La República.

    Así, según la Superintendencia de Educación Superior, durante ese periodo entraron a la Asamblea de Socios Osvaldo Correa Sepúlveda, exsecretario general del Partido Radical, y exjefe del comando de Alejandro Guillier en su candidatura presidencial de 2017.

    Ese mismo año arribó Macarela Carvallo Silva, hija de Leandro Carvallo Rodó, abogada de la Universidad Gabriela Mistral, militante radical, exgobernadora de la provincia de Cordillera (2002-2003), exsubsecretaria de Previsión Social (2003-2005), exsubsecretaria de Deportes (2005-2006), y miembro del Comité Asesor de la Empresa Nacional del Petroleo (Enap) Magallanes (2006-2011). Al interior de la Ulare, Macarena funge como fiscal del plantel.

    Julio Guerra Pérez, exseremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana (2017-2018) también se incorporó a la institución en 2013. El abogado, hoy es miembro de la junta directiva de la institución y en 2014 fue elegido miembro del Tribunal Supremo del Partido Radical. Orlando Inostroza Bilbao, bibliotecario de la Gran Logia de Chile y actual contralor de la ULARE, fue otro de los nombres que llegó en aquel año.

    La lista sigue. Todos, según la SES, incorporándose en 2013 al plantel: Carlos Grayde Hill, pareja de Macarena Carvallo Silva, exjefe del Organismo Técnico de Capacitación de la Universidad de La República (OTEC-ULARE); Ruben Licuime Haratsck, actual asesor contable de la institución; el abogado Sergio Rojas Abarzúa, exmiembro de la junta directiva; Roberto Peralta Aceituno, exdirector regional de Corfo en Antofagasta (2006-2008); y Sergio Rojas Abarzúa, abogado, exmiembro de la junta directiva de la institución.

    Con el paso de los años, los últimos nombres en sumarse a la corporación lo hicieron en 2019. Max Noeckel Guzmán, director nacional de Comunicaciones de la universidad, fue uno de ellos. También llegó el académico Sergio Morás Opazo, actual presidente de la Junta Directiva de la ULARE. Morás -según registros del portal Mercado Público- fue asesor de la Universidad Arturo Prat en su proceso de acreditación de carreras y programas para el periodo 2014-2020.

    El actual rector, Fernando Lagos Basualto, también se incorporó a la corporación en 2019. Proveniente de Chillán, hijo de profesores normalistas, el abogado es alumno fundador, y asumió la rectoría a fines de 2020, durante el periodo más complejo para la ULARE. Hernán Cárdenas Cárdenas, masón, también hizo ingreso a la corporación en aquel periodo. Según registros de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Cárdenas es uno de los directores de Inmobiliaria La República, entidad ligada a la masonería que tiene como dirección Marcoleta 659, donde funciona el Club de La República.

    REGISTRO DE SOCIOS ULARE

    La caída

    Todo comenzó en diciembre de 2019. Se repetía una vieja historia. Una que vivió en 2008 la Ulare y que fue su primera gran crisis institucional. Crisis que hizo al exgran maestro de La Gran Logia de Chile, Luis Riveros, salir a despejar las dudas en torno a los vínculos de la Gran Logia de Chile con la casa de estudios. En aquella oportunidad, el plantel salió airoso.

    El 29 de ese mes, la Superintendencia de Educación Superior ordenó instruir un proceso de investigación, en el marco de la Ley 20.800 -que creó un administrador de cierre para instituciones universitarias- y 20.091 -sobre educación superior-, con el fin de determinar si la Universidad La República había cometido infracciones a los cuerpos normativos mencionados.

    La indagatoria, que se extendió por seis meses, estuvo a cargo de la investigadora Bárbara Díaz Peña. En mayo de 2020, la funcionaria evacuó su informe, donde concluyó que “resultaría procedente formular cargos a la Universidad La República”, en virtud de la compleja situación financiera de la institución, contraviniendo la normativa.

    A raíz de lo anterior, la SES ordenó instruir un proceso administrativo al interior de la casa de estudios. Para ello, designó a un fiscal quien en julio de 2020 procedió a formular cargos a la Ulare por sus graves falencias financieras que quedaron al descubierto. Dos meses más tarde, Alfredo Romero Licuime, en representación de la universidad, hizo sus descargos, solicitando que se abriera un proceso de “término probatorio”, a lo cual la SES accedió.

    Al término de este proceso, y ya con los descargos de la universidad, el instructor propuso a la Superintendencia de Educación Superior aplicar medidas contra la ULARE, debido a una serie de hechos constatados. Uno de ellos, por ejemplo, el “creciente déficit financiero”. Esto, ya que la casa de estudios arrastra una situación que “no le permite contar con recursos para cubrir oportunamente sus costos y gastos operacionales”. Sin ir más lejos, según documentos de la SES, el plantel reconoce tener pasivos (deuda) de arrastre por más de 13 mil millones de pesos.

    El 21 de diciembre de 2020, a través de la Resolución Exenta N° 283, la Superintendencia de Educación Superior dio por finalizado el proceso administrativo e instruyó a la casa de estudios a elaborar un plan de recuperación donde detalle las medidas con las que pretenderá subsanar los problemas detectados.

    Cumpliendo lo instruido por la autoridad, el 22 de marzo de 2021 la Universidad La República presentó a la SES su proyecto de reparación titulado: “Plan de Recuperación 2021-2023 (24 meses). Eje Financiero del Plan de Recuperación”.

    Siete días más tarde, y para el desconcierto de los directivos de la entidad, el documento fue rechazado. “(…) éste no cumple con los mínimos estándares exigibles, (…) por cuando no resulta posible clarificar de manera alguna cómo la institución dará respuesta efectiva a las deficiencias identificadas en el procedimiento sustantivo sustanciado”, señaló la autoridad en su resolución.

    En este contexto, el pasado 29 de marzo -tal como reveló el área de Reportajes de Biobiochile.cl-, la SES le propuso al Ministerio de Educación revocar el reconocimiento oficial y cancelar la personalidad jurídica de la Universidad La República. En palabras simples, la lápida.

    Pero faltaba un paso más. El 9 de abril, la Superintendencia de Educación le solicitó al Consejo Nacional de Educación (CNED) su acuerdo para proceder al cierre de la entidad que nació al alero de la masonería -cuestión que debe realizar por ley-. En sesión extraordinaria, el pasado 6 de mayo, el consejo aprobó por la unanimidad de sus miembros la solicitud del Mineduc de cerrar el plantel universitario.

    En su resolución, el consejo sostuvo: “los antecedentes que han sido conocidos, (…) muestran fehacientemente el deterioro institucional y el detrimento de las actividades propias del quehacer universitario y permiten sostener, razonablemente, que los

    objetivos estatutarios de la Universidad La República han dejado de cumplirse y se han infringido de manera significativa y relevante”.

    VEA EL ACUERDO

    El freno

    Una vez conocido lo resuelto por la Superintendencia de Educación Superior, la Universidad La República comenzó a jugar sus cartas. La consigna era una: buscar la forma de frenar el proceso de cierre por los estudiantes.

    El 13 de abril, 23 senadores, entre ellos José Miguel Durana (UDI), Alejandro Navarro (PRO), Alejandro Guillier (IND) -reconocido masón-, Francisco Huenchumilla (DC), Manuel José Ossandón (RN), José Miguel Insulza (PS), presentaron un proyecto de acuerdo en el que solicitaban al Mineduc que “suspenda cualquier acción de cierre” sobre la ULARE.

    Lo anterior, según los honorables, debido a que la crisis sanitaria del Covid-19 “dificulta cualquier proceso de reinserción de los alumnos (…) y de reinserción laboral de sus docentes, administrativos y auxiliares”. El proyecto de acuerdo fue respaldado por unanimidad por la Sala.

    Lo propio hizo la Cámara Baja. El 29 de abril, el rector de la institución, Fernando Lagos Basualto, asistió a la Comisión de Educación. Ahí, y de forma telemática, expuso que las acciones llevadas a cabo por la SES y que fueron remitidas al CNED eran “injustas y arbitrarias”. Pues bien, esa misma jornada un grupo de diputados presentaron un proyecto de resolución buscando suspender el proceso de cierre “hasta la finalización de la presente gestión académica 2021”, el que fue aprobado el 5 de mayo pasado con 95 votos a favor -requería mayoría simple-.

    Según fuentes al interior del plantel, se conversó con más de una bancada pidiendo apoyo, pero niegan que esto sea un “tema político”, sino que admiten que son actuaciones que cualquier institución en el lugar en que se encuentra la ULARE realizaría. Y agregan que el apoyo transversal en el parlamento se da porque la universidad tiene presencia en nueve regiones del país y llega donde otros planteles -aseguran- no han llegado.

    El primer movimiento de la ULARE, en el área política, fue exitoso. Ahora vendría su segunda escala. El 19 de abril la institución presentó un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, buscando dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº 165 de la Superintendencia de Educación Superior, que propuso revocar el reconocimiento oficial y cancelar la personalidad jurídica al plantel.

    Pero la corte no accedió. Por unanimidad, la Octava Sala de la Corte rechazó la orden de no innovar solicitada por la ULARE y solicitó los respectivos informes. Se iniciaba así un peregrinar que, hasta el cierre de este reportaje, mantiene a la casa de estudios aferrada a la justicia. “Nos hemos puesto en el peor escenario”, reconoce un miembro de la junta directiva.

    Consultada por el reclamo de ilegalidad, desde la Superintendencia de Educación Superior señalaron a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío que recién este jueves 27 de mayo fueron notificados formalmente de la presentación. Por ende, agregan, disponen de un plazo de 10 días hábiles para exponer sus argumentos ante la Corte de Apelaciones.

    “La SES tiene la certeza de que la resolución N°165, que notificó el rechazo del plan de recuperación presentado por la Universidad La República y propuso al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de dicha casa de estudios (…) se ha dictado en conformidad a la normativa legal vigente (…) con el único objetivo de resguardar el derecho a la educación superior de los estudiantes de la ULARE, así como la continuidad de sus procesos educativos”, señalaron.

    Por su parte, el rector de la institución, Fernando Lagos Basualto, reconoció que lo resuelto por la SES fue un duro golpe para la institución, y que pese al complejo escenario, asumió el desafío de “sacar adelante a la ULARE”.

    Prueba de ello, dice, es una serie de investigaciones internas que ha ordenado realizar y que tienen como fin limpiar la casa. “Se iniciaron auditorías y se ha determinado la presentación de diferentes querellas en tribunales de justicia para que sean estos los que determinen si ha habido responsabilidad por parte de funcionarios. Lo hacemos por una responsabilidad ética a nuestros estudiantes y funcionarios”, dice Lagos.

    Señales

    Mucho antes que estallara la crisis, las cosas no venían bien al interior de la ULARE. Prueba de ello, es una querella criminal por el delito de estafa presentada por el plantel en abril de 2020 contra dos exfuncionarias de la institución.

    Los hechos no son recientes, se remontan a marzo de 2013 cuando arribó a la universidad el nuevo equipo financiero, liderado por Manuel Rivera Peralra, vicerrector de Administración y Finanzas.

    Junto a Rivera, también llegó Ítalo Soto como director de Administración y Finanzas, Marcela Basaez, como jefa de Contabilidad, y Jessica Oyarzo, como encargada de Egreso, quien luego cumpliría el rol de tesorera.

    Un dato a considerar, que revela la acción judicial, es que el nuevo equipo que manejaría las arcas del plantel de educación superior provenía de la extinguida Universidad del Mar.

    La alarma se encendió en la agonía del año 2019. Esto, luego de una revisión a los estados contables y de cuentas donde quedó al descubierto -según el documento- una “defraudación sistémica” a la universidad de las funcionarias Marcela Basaez y Jessica Oyarzo, las querelladas.

    En concreto, el delito se habría materializado de la siguiente forma: Basaez y Oyarzo, jefa de Contabilidad y Tesorera, respectivamente, habrían anotado valores distintos en los registros contables y de conciliación de caja de la universidad, generando diferencias negativas en las finanzas de la institución.

    Por ejemplo, al revisar el voucher contable N° 8257, de fecha 30 de agosto de 2019, este fue registrado por un monto de $13.738.275, valor “distinto” a lo anotado en el archivo de conciliación de caja, que fue por un monto de $21.161.275, generando una merma de -$7.423.000.

    “Este es el primer indicio que nos permitió darnos cuenta de que el voucher contable estaba registrado por un monto inferior al real”, señala la acción judicial que se sustancia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

    La sospechas en ese primer voucher, motivó la revisión de toda la rendición de caja de los meses restantes, la cual arrojó “diferencias que dejaron de manifiesto que fueron registrados contablemente con valores inferiores a los valores realmente entregados por la sede de Santiago a la tesorería”, señala la demanda.

    La diferencia calculada por el plantel, desde enero hasta diciembre 2019, ascendió a $60.322.100, es decir, “dinero que falta en caja y en los registros contables”. Pero la indagatoria interna de la Ulare decidió ampliar el periodo a investigar, tomando desde 2015 a 2019.

    Debido a lo anterior, la cifra podría aumentar notablemente. “(…) Si resultan ciertas nuestras revisiones contables de los años anteriores, estas ascenderían a un monto aproximado de $331.307.296 (…) lo que se encuentra en plena etapa de investigación y revisión interna”, señala la querella. Y no es todo.

    Sigue la crisis: contratos simulados y falta de información

    El 17 de diciembre de 2020, el entonces rector de la Universidad La República, Alfredo Romero Licuime, renunció voluntariamente a su cargo, el que ocupó por más de una década. En su reemplazo, asumió la dirección de la institución el abogado Fernando Lagos Basualto.

    Al inicio de la gestión, una de las principales tareas de Lagos fue “indagar” el desorden administrativo, económico y jurídico al interior del plantel. Lo que encontró, para su sorpresa, actualmente es materia de una investigación penal que lleva la justicia.

    Lo anterior porque, el pasado 5 de mayo, Fernando Lagos presentó una querella por los delitos de estafa, apropiación indebida, simulación de contrato y administración desleal en contra del exrector de la entidad, Alfredo Romero Licuime, y la exvicerrectora de Administración y Finanzas, Leniveth Vargas Hott.

    Los hechos descritos en la acción judicial, acogida a trámite, apuntan a acciones “dolosas” que tanto Romero como Vargas hicieron “en perjuicio patrimonial” de la universidad, y que quedaron al descubierto con la salida del exrector, quien es un conocido masón.

    La primera anomalía guarda relación con el finiquito de Alfredo Romero Licuime. El 31 de diciembre de 2020, se firmó el documento que estableció el pago de $44.984.486 por el término de la relación laboral, el que contó con la rúbrica de la entonces vicerrectora de Administración y Finanzas, Leniveth Vargas Hott.

    Lo particular de la anterior situación, según la acción judicial, es que no había “evidencias documentales a la vista de la existencia de un mandato o poder de representación para haber firmado dicho finiquito”. Y agrega que tampoco “existe evidencia física que la Honorable Junta Directiva haya determinado el monto de un pago por el valor señalado”, teniendo en cuenta que se trató una renuncia voluntaria.

    Junto a lo anterior, también se describe una grave situación respecto al computador asignado para el ejercicio del cargo. Al recibir el ordenador, este se encontraba con importantes daños, tanto a nivel físico como de software, que hacían inviable su uso. Tras subsanar las fallas, el encargado de Redes y Telecomunicaciones de la Ulare, acreditó que “al acceder al escritorio del PC no se encontró ninguna información, todo fue borrado”.

    En el ámbito contable, al analizar parte de la información que el exrector Romero entregó a la nueva administración, el área de Contabilidad de la Ulare estableció, de manera preliminar, que faltaban dineros por rendir por parte de la exautoridad por la suma de $32.474.398.

    La exvicerrectora de Administración y Finanzas fue apartada de su cargo el pasado 22 de febrero. Dentro de las irregularidades que se imputan, está la de modificar su contrato y fijar ella misma su remuneración, con la autorización del rector de la época, Alfredo Romero Licuime. Se auto asignó un sueldo de $4.315.470.

    “Esta modificación de contrato fue firmada por la Sra. Leniveth Vargas como trabajador y ‘por poder’ en representación del rector de la época, lo que no podía hacer”, señala el documento. Y agrega: “No hay evidencia documental que la Honorable Junta Directiva haya determinado el sueldo asignado a dicho cargo, ni la haya autorizado”.

    Pero hay más. La exvicerrectora se auto contrató. Dentro de la revisión de los movimientos realizados por Vargas quedaron al descubierto boletas de honorarios emitidas por la ULARE a su nombre por trabajos que estaban contemplados dentro de sus funciones como vicerrectora. “Es decir, se habría pagado a ella misma la suma de $9.900.000”, señala la acción judicial.

    El cuestionado pago, se encuentra justificado en un contrato “suscrito” por el exrector con la finalidad de ejecutar una “auditoría y peritaje” al interior del plantel. Sin embargo, “no existe evidencia documental, hasta el momento, del citado informe al carecer de la información que debía entregar el Sr. Romero”.

    Otro hecho que devela el desorden financiero y administrativo son unos contratos de mutuo entre la ULARE y la Fundación para la Educación Valentín Letelier de los cuales no hay registros.

    “(…) Dichos contratos no fueron habidos, incluso se ha hecho consulta a la referida Fundación, la que por medio de carta de su Presidente informa no tener conocimiento sobre el particular”, señala la acción legal. El actual presidente de la fundación es Carlos Urzúa Stricker, socio activo de la Universidad La República. No obstante, los contratos fueron suscritos con anterioridad a su llegada.

    “Lo que nosotros queremos es que quien tomó decisiones con cargos de rectoría y de vicerrectora de Administración y Finanzas puedan responder respecto de acciones que entendemos nosotros son constitutivas o serían constitutivas de delito. Bajo ese predicamento, entendemos que tenemos un deber moral y legal de accionar, y así me lo ha encomendado el rector para poder resolver todos los temas patrimoniales de la universidad”, dijo Carlos Espinoza Vidal, abogado de la casa de estudios.

    Las investigaciones no han cesado. Y las sorpresas tampoco. Fuentes de La Radio señalan que al interior de la institución actualmente se estudia la presentación de una nueva querella contra la antigua administración. La acción legal, detallan conocedores, se fundaría en irregularidades detectadas en excesivos pagos por concepto de publicidad.

    La ULARE juega los descuentos de un partido que pierde por goleada. Una de sus últimas jugadas, fue recurrir a la Contraloría General de la República donde realizó una presentación para que el contralor determine si han existido irregularidades en el actuar del superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés.

    Lo anterior, se hizo en concordancia con lo zanjado el pasado 29 de abril en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde el presidente de la instancia, el diputado Juan Santana (PS), solicitó oficiar a la CGR. Fuentes ligadas al proceso señalaron a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío que la presentación se encuentra en etapa de análisis.

    En tanto, desde la subsecretaría de Educación Superior señalaron que tras ser notificados de la decisión del Consejo Nacional de Educación, el Mineduc “comenzó los trámites y análisis necesarios para poder, en el más breve plazo, emitir el decreto”. Lo anterior, agregan, sin perjuicio de las “etapas legales previas que han transcurrido en este proceso y que han involucrado a diversas entidades públicas”.

    “Un decreto de cierre requiere de un riguroso y exhaustivo análisis de antecedentes lo cual, necesariamente, implica un tiempo previo razonable antes de ser dictado”, añaden desde la subsecretaría. Promulgado el dictamen, el Ministerio de Educación propondrá al Consejo Nacional de Educación el nombre de un administrador de cierre y comenzará la cuenta regresiva para el fin. Mientras ello no ocurra, la ULARE sigue aferrándose a la vida.

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