Fotografía: Leonardo Casas (BBCL)

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  • Tras una extensa investigación, la Superintendencia de Educación Superior (SES) solicitó el cierre de la Universidad La República. Esta es la primera casa de estudios que deberá cesar sus funciones por acción del ente fiscalizador desde su creación en 2019. Deudas de miles de millones de pesos, denuncias de su propia comunidad, desorden administrativo e incluso el remate de su casa central forman parte de los hallazgos. En 2020 contaba con una matrícula de 3.299 estudiantes. La historia la revela la Unidad de Reportajes de BioBioChile.

    El cierre de la Universidad de la República es inminente. La Superintendencia de Educación Superior (SES) -a través de una resolución a la que tuvo acceso exclusivo la Unidad de Reportajes de BioBioChile- puso la lápida a la casa de estudios y determinó este lunes solicitar al Mineduc revocar el reconocimiento oficial de ésta.

    La determinación se da luego de un exhaustivo análisis de parte de la entidad fiscalizadora, cuyos resultados son esclarecedores y confirman una crisis en todos los niveles: financiera, patrimonial y administrativa.

    Deudas por miles de millones de pesos, el remate de su casa central fijado para cuando cese el Estado de Excepción, demandas, denuncias de su propio plantel y la falta de respuestas, son parte de los hallazgos que motivaron a la SES a sellar el destino de La República.

    Ahora, sólo resta al Ministerio de Educación acoger la solicitud del organismo fiscalizador para dar inicio al proceso del cierre definitivo.

    Años en la mira

    La Universidad La República estaba en la mira del organismo fiscalizador desde hace ya más de un año. Ello llevó a que a fines de 2019, apenas algunos meses después del inicio de funcionamiento de la SES, le instruyera un proceso formal de investigación.

    Los hallazgos derivaron en un procedimiento administrativo sancionatorio, en el que se le formularon los cargos respectivos (ver resolución). La República respondió, pero todo terminó en sanción, pues se les ordenó la elaboración y presentación de un plan de recuperación para subsanar los problemas y dificultades financieras, de modo de resguardar a su comunidad universitaria. Trabajadores y estudiantes.

    Puesto en simple, la autoridad reguladora le otorgó la opción de presentar de manera autónoma un conjunto de medidas que permitieran dar soluciones concretas a su crisis económica.

    Así las cosas, el pasado lunes 22 de marzo, la Universidad La República presentó su propuesta, sin embargo, las medidas comprometidas por la institución estaban lejos de subsanar sus problemas.

    “Recházase el plan de recuperación”, versa la resolución firmada este lunes por el superintendente de Educación Superior, Jorge Avilés Barros.

    “Propónese al Ministerio de Educación dar inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial y de cancelación de la personalidad jurídica a la Universidad La República”, añade el escrito de 15 páginas.

    Lea la resolución

    Los números

    A lo largo de las pesquisas, la SES recopiló una serie de antecedentes que dan cuenta de la crisis por la que atraviesa la institución educativa.

    Primero, acreditó que la Universidad La República arrastra una situación de déficit financiero que no le permite contar con recursos suficientes para cubrir oportunamente sus costos y gastos operacionales.

    En segundo lugar, se suma la disminución sostenida de la matrícula de estudiantes desde 2018, lo que se traduce en una reducción de su principal fuente de ingresos, circunstancia que acrecienta su déficit financiero. En efecto, la matrícula pasó de 5.227 estudiantes en 2018 a 4.026 en 2019, y 3.299 en 2020. En cuanto a la matrícula de primer año, esta pasó de 1.888 en 2018 a 1.109 en 2019, y a 1.083 en 2020.

    Tercero, se descubrió un incumplimiento recurrente de sus obligaciones previsionales, situación que se arrastra desde hace ya varios años. Según consta en el expediente, a noviembre de 2020 la casa de estudios contaba con un total de 4.105 deudas previsionales vigentes con sus trabajadores, por un monto superior a los $285 millones y en 11 instituciones previsionales.

    Asimismo, se constató la existencia de multas vigentes impuestas por la Dirección del Trabajo a la Universidad por un monto superior a los $102 millones. Y no sólo eso, a octubre de 2020, la institución se encontraba demandada, por concepto de obligaciones previsionales impagas, por más de $5 mil millones.

    Cuarto, se encontró que la universidad mantiene una deuda vigente por concepto de impuestos o créditos fiscales por un monto de $1.725 millones, suma que corresponde a la deuda neta, reajustes, intereses y multas. Los impuestos adeudados por la institución corresponden al Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, Impuesto de Segunda Categoría, multas de la Dirección del Trabajo y multas dictadas por el Servicio de Impuestos Internos.

    Más y más problemas

    A las multimillonarias deudas, se suman numerosos procesos judiciales vigentes en que la Universidad La República tiene la calidad de demandada. La lista la conforman juicios civiles, laborales, de cobranza laboral, de cobranza AFC, de cobranza AFP Provida y Hábitat, de cobranza isapres y de cobranza Caja de Compensación Los Héroes y de cobranza ACHS, todos actualmente vigentes, en los cuales se demanda a la Universidad La República por más de $9.300 millones.

    Por si fuera poco, también está el próximo remate de su inmueble ubicado en calle Agustinas 1831, de la comuna de Santiago. Es decir, su casa central.

    El 22° Juzgado Civil de Santiago, por resolución fechada el 11 de noviembre de 2020, dispuso que se fijara día y hora para la subasta del recinto, una vez que cese el Estado de Excepción Constitucional.

    Precisamente ese edificio no es el único con problemas. También se detectaron incumplimientos en el pago de los contratos de arrendamientos de los inmuebles en que funcionan sus sedes. Al 20 de noviembre de 2020, adeuda por concepto de rentas de arrendamiento, a lo menos, mas de 17 mil UF, cantidad que a esa fecha equivalía a $509 millones.

    Esto último cobra relevancia, pues la situación de los arriendos implica un riesgo real de dejar de prestar los servicios educacionales a sus estudiantes, hecho agravado además porque la institución, sin justificación alguna, no acompañó los antecedentes que con total precisión le fueron requeridos por la SES con el objeto de conocer la situación de cada uno de los 16 inmuebles en que funcionan sus distintas sedes.

    Denuncias y desorden administrativo

    Según la investigación de la SES, la casa de estudios evidencia un desorden administrativo severo, que no corresponde a los estándares mínimos para el funcionamiento de una universidad.

    Ello se desprende de diversos reclamos y denuncias presentados ante la superintendencia desde junio de 2019 por estudiantes, egresados, docentes y funcionarios.

    A saber: irregularidades financieras, laborales y previsionales; deficiencia en la calidad del servicio educativo; problemas del registro curricular con pérdida o indisponibilidad de la información académica de los estudiantes; demoras significativas en la entrega de certificados y títulos; incumplimiento de normativa interna; una deficitaria infraestructura; y precarias condiciones de mantenimiento de algunas sedes.

    A esto se suma el retraso recurrente en el pago de las remuneraciones de los trabajadores y docentes de la institución, desorden en las áreas contable y de tesorería, y la pérdida de aproximadamente $350 millones entre 2015 y 2019, sin que durante ese período haya operado mecanismo de control alguno.

    Y peor aún, a juicio de la SES, la casa de estudios fue incapaz de aportar diversos antecedentes básicos que le fueron requeridos durante la investigación, entre ellos actas de sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva; comprobantes de los Pagos Provisionales Mensuales; antecedentes relativos a los inmuebles en que funcionan las distintas sedes de la institución; copia de los comprobantes de pago de cotizaciones previsionales, de salud y AFC, etcétera.

    Ahora, sólo resta que el Ministerio de Educación revoque el reconocimiento oficial con el que opera La República. En caso de coincidir con los argumentos de la SES, deberá remitir los antecedentes al Consejo Nacional de Educación para que se concrete dicho trámite, a fin de dar paso a una administración de cierre que asegure a los alumnos el término de sus estudios.

    A diferencia de lo ocurrido en la Arcis y Universidad del Mar, donde la crisis estalló tras denuncias de su propia comunidad, esta es la primera casa de estudios que deberá cesar sus funciones por acción del ente fiscalizador desde su creación en 2019.

    BioBioChile intentó tomar contacto con la universidad, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible. Su página web, en tanto, aparece bajo “mantención programada”.

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