Fotografía: Jaime Silva | BBCL

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  • Durante seis años el sargento Juan Lobos mantuvo en un cajón con llave dos discos duros externos y un pendrive donde almacenaba información de la Contraloría del Ejército, violando la seguridad militar y sin el conocimiento de sus superiores. Todo cambió en 2020 cuando fue sorprendido, sumariado, dado de baja y enfrentado a una investigación en la Justicia Militar. ¿Cometió espionaje? ¿Cuántas veces los dispositivos salieron del principal edificio institucional con rumbo desconocido? Hasta ahora nadie lo sabe. Ni el mismo Ejército. Lobos, recurrió a la Corte apostando a que un recurso de protección le devuelva el uniforme. Su abogado, Pedro Aliaga, declamó: “Ni al sargento le queda claro por qué se le dio la gravedad que se le dio”. La historia la revela la Unidad de Reportajes de BioBioChile.

    El Segundo Juzgado Militar de Santiago sustancia un proceso en contra de un sargento segundo, quien mantuvo durante seis años en uno de los cajones de su escritorio -y bajo llave- dos discos duros y un pendrive donde almacenaba información de la Contraloría del Ejército.

    De acuerdo a la información recabada por la Unidad de Reportajes de BioBioChile, Juan Lobos puso en riesgo la seguridad nacional, ya que extrajo, almacenó y manipuló información sensible de la institución, sin que hasta ahora exista claridad de cómo, cuándo, por qué ni para qué.

    Los hechos indagados por la judicatura castrense ocurrieron nada menos que en el edificio institucional, ubicado frente al parque O’Higgins, que alberga la oficina del comandante en jefe, Ricardo Martínez, y que oficia como principal centro de operaciones militares del país.

    La información consta en los archivos de la investigación interna a la que accedió este medio, donde se establece una “transgresión de nivel alto de criticidad”. Esto, en “relación a la conexión de dispositivos intrusos”.

    Según los antecedentes presentados en el proceso, hubo una conducta reiterada del acusado, toda vez que el mando nunca conoció la existencia de los dispositivos de almacenamiento. En otras palabras, el Ejército no tiene claridad si estos pudieron salir de la unidad en muchas oportunidades llevando información reservada, confidencial o secreta. Un pendrive verde despertó las sospechas.

    Más allá de lo que pueda surgir de la investigación, Lobos sostuvo que usar discos duros externos en su estación de trabajo, era habitual.

    Dijo que las constantes interrupciones en los servidores y la asidua caída del sistema informático lo llevaron a que, para cumplir sus obligaciones, recurriera a un almacenamiento externo.

    El recurso

    El descubrimiento que -de acuerdo al Ejército- abrió una fisura en la seguridad nacional motivó dos procedimientos. Primero, uno penal, que está en conocimiento del tribunal castrense; y segundo, uno administrativo.

    Este último se basó en la investigación militar referida en la que se concluyó que existía evidencia de “vulneraciones gravísimas” a las disposiciones referentes a la Seguridad Militar, “toda vez que el clase mantuvo en su poder y sin la autorización de ingreso pertinente dos discos duros por un largo periodo de tiempo”.

    De hecho, en la resolución -fechada el 3 de agosto de 2020-, el subcontralor del Ejército, coronel Ricardo Gárate Vera, sostiene que el conocimiento por parte de terceros de la señalada información “no sólo provoca un grave daño a la organización (Contraloría), sino para el Ejército en su conjunto”, por lo que se decidió la desvinculación de Lobos Céspedes.

    Notificado de la determinación institucional el sargento Lobos solicitó la reconsideración de la sanción, pero fue rechazada. Así el 20 de agosto de 2020 quedó fuera de la institución, después de 22 años de servicio.

    De acuerdo o no, Lobos firmó el dictamen militar, rubricado por el jefe de la Segunda División y Contralor del Ejército, general Hernán Araya. Intentó revocarlo, pero recibió la misma respuesta el 2 de septiembre pasado, con lo que se cerró la opción a su reincorporación “debido a las graves vulneraciones a las seguridad militar y el perjuicio causado al Ejército de Chile y está Contraloría”, según plasmó Araya de puño y letra.

    De buena fe

    Durante la tramitación del sumario administrativo, Lobos insistió en que su único norte de conducta fue la buena fe y que los aparatos le permitieron ser un funcionario eficiente.

    Añadió que pese a las constantes fallas del sistema informático, el mando era enfático: los trámites debían realizarse sí o sí “con la finalidad de cumplir con (…) los diversos requerimientos que se solicitaban a la sección, cuando la red institucional estaba caída”.

    Como fuera, lo cierto es que la indagatoria interna nunca pudo establecer si los discos duros salieron en la misma mochila en que Lobos los llevó al edificio militar, ni qué información portaban. Determinarlo, hoy está en manos de la justicia militar.

    El 28 de octubre pasado Lobos quemó sus últimas naves y recurrió ante el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, con miras a revocar la decisión para eventualmente regresar a la institución. De nada sirvió, porque el 28 de octubre de 2020, el entonces ministro de Defensa, Mario Desbordes, firmó el decreto que lo dejó sin uniforme. “Necesidades institucionales”, quedó estampado en el documento oficial.

    Nuevamente a la carga, intentó lo propio con Desbordes, arguyendo que Martínez no firmó su salida, pero tampoco tuvo suerte.

    Vía justicia ordinaria

    Atendido a que acudió a todas las instancias administrativas y sólo obtuvo rechazos constantes, junto a su abogado Pedro Aliaga, presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago. A su juicio, se habían vulnerado sus derechos constitucionales.

    El 18 de diciembre pasado el tribunal de alzada declaró admisible la presentación, dirigida contra el ministro de Defensa Baldo Prokurica, como el jefe superior del servicio, el general Martínez y el jefe de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), encabezada por su director, Luis Rojas.

    En el texto, Aliaga sostuvo que la vulneración de derechos ocurrió, entre otros factores, porque Martínez no firmó la salida, sino que esta llegó a la secretaría de Estado sin que se respetaran los conductos administrativos.

    “En contra de él se está adoptando una decisión que, a juicio nuestro, es ilegal absolutamente, porque se le está -a través de otra figura- eliminando de las filas institucionales, aún cuando el procedimiento por el cual se le está sancionando aún está pendiente, no está resuelto”, explica el profesional a BioBioChile.

    Y agrega: “Ni al sargento le queda claro por qué se le dio la gravedad que se le dio”.

    Denuncia a la Justicia Militar

    Pese a lo mencionado por el abogado del acusado, el Ejército confirmó a este medio que presentó una denuncia por los hechos antes descritos.

    En efecto, de acuerdo a la respuesta institucional, no se descarta que la información almacenada por Lobos pudo llegar a manos de terceros.

    “Al exponer el contexto de la situación, se tomó conocimiento oficial de los hechos y por conducto regular mediante un informe presentado por otro integrante de la Institución, dándose curso a la denuncia correspondiente e iniciándose los procedimientos a que se ha hecho referencia”, sentencian.

    En caso de confirmarse que la información pudiera haberse filtrado y de acuerdo a lo que señala expresamente el Código de Justicia Militar (CJM), el funcionario en cuestión arriesga incluso penas de cárcel.

    En concreto, el Artículo 255 del CJM señala que “será castigado con la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, el que, sin alcanzar a cometer traición, divulgue en todo o parte, entregue o comunique a personas no autorizadas para ello, planos, mapas, documentos o escritos secretos que interesen a la defensa nacional o seguridad de la República”.

    Mientras que el Artículo 256 del mismo indica que “la pena del artículo anterior se aplicará en su grado mínimo respecto del que hubiere obtenido extraoficialmente los planos, mapas, documentos o escritos en referencia, o que en la misma forma hubiere tomado conocimiento de ellos”.

    “En ninguna parte queda claro por qué se le dio una gravedad a tal nivel que genera como consecuencia que un funcionario del Ejército hoy pierda su calidad de funcionario”, reflexiona el abogado Aliaga.

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