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  • Un informe preparado por una Comisión Técnica de la policía uniformada y avalada por su contraloría interna estableció que la multinacional incumplió el contrato, debido a que el sistema de almacenamiento de las imágenes captadas por las cámaras corporales -que costaron al fisco 378 millones de pesos- presenta problemas de seguridad. Acto seguido debía ser “rechazado” por anomalías de trazabilidad de los videos, los que debían llegar a la fiscalía. Una historia de errores licitatorios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, dirigida por la RN Katherine Martorell, que preocupa en las oficinas del Palacio de La Moneda. Más aún, porque ayer el organismo fiscalizador dirigido por Jorge Bermúdez, decidió no ejecutar la “toma de razón” del proyecto de mil cámaras de vigilancia, cuyo valor fue de 1.400 millones de pesos. La historia la revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    A través del acta de reunión Nº 24, fechada el pasado 10 de septiembre, el Contralor General de Carabineros, general Gonzalo del Alcázar, rechazó la puesta en marcha del proyecto de las 300 cámaras corporales Motorola adquiridas por la Subsecretaría de Prevención del Delito, dirigida por la RN Katherine Martorell.

    La información aparece en el documento aludido al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, en donde se establecen responsabilidades de la empresa, graves fallas de seguridad e incumplimientos de contrato por parte de la multinacional de los aparatos que costaron el fisco $370 millones de pesos.

    “Conforme a los antecedentes presentados del proyecto. Se rechaza la puesta en marcha (…) debiendo efectuar una revisión desde los compromisos y acuerdos establecidos, (…) con la empresa proveedora, (…) ya que existen brechas de seguridad que deben ser solucionadas a la brevedad por la empresa responsable”, se lee en el documento.

    La plataforma cuestionada permite almacenar las imágenes captadas durante un operativo en un servidor, el que a su vez rotula el archivo, convirtiéndolo en una cadena de custodia, ya que deben ser enviado al Ministerio Público.

    Sin embargo, el registro puede ser compartido con cualquier persona y filtrarse a las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Incluso de ello no queda información en el sistema.

    El Comité Técnico encargado de la revisión, propuso revisar la información relativa a la compra que realizó la SPD con la firma.

    “Para realizar las adecuaciones, este Comité Técnico, manifiesta la necesidad de efectuar por los conductos regulares la petición de la información sobre el contrato y los acuerdos establecidos en el proceso licitatorio, revisando en detalle las responsabilidades, funciones y compromisos que debe desarrollar la empresa proveedora (Motorola), sobre todo respecto a los temas de seguridad de la información y perfilamiento de usuarios”, sigue el informe.

    A renglón seguido, los asistentes al encuentro propusieron que cualquier reunión posterior para tratar de resolver las fallas de seguridad, sea conformada por funcionarios del Departamento de Innovación de la Dirección de Planificación, “estamento responsable de ser contraparte en el proceso en cuestión”.

    El e-mail de la verdad

    Supuestamente, Martorell tomó conocimiento de la situación el pasado 2 de octubre a través de un e-mail enviado por el comandante Juan Carlos Banda, quien está a cargo de llevar el proyecto en la 50º Comisaría de Carabineros. El hecho -mas no su contenido- fue informado a este medio el domingo de la semana pasada, luego de una serie de preguntas, en torno a cómo la habilitación de la plataforma “video manager” es un dolor de cabeza para la policía uniformada.

    Administrativamente, la implementación del sistema que sustenta la operatividad de las cámaras, depende de la jefatura de la Zona Metropolitana, a cargo del general Mauricio Rodríguez, tal como establece el documento al que accedió este medio.

    Hay que recordar que existen dos actas anteriores, reveladas por este medio el pasado 5 de octubre son anteriores al informe del Comité Técnico ya mencionado.

    La primera refiere al 16 de julio y la segunda al 4 de septiembre, es decir seis días antes del mentado comité. En ambas se establecen las mismas anomalías.

    Vea el acta del 4 de septiembre

    La policía uniformada fue consultada sobre el particular. Indicó que no se referiría al desempeño de la empresa, ya que es la subsecretaría la encargada de aquel aspecto.

    Lo llamativo es que la respuesta entregada por la entidad dirigida por Katherine Martorell el 4 de octubre pasado y la que Carabineros entregó ayer tienen importantes similitudes.

    Respecto del proyecto en cuestión, señalan lo siguiente:

    Carabineros: “Muchas de las observaciones, que son normales en la implementación de un sistema tecnológico, han ido siendo corregidas y se están afinando detalles respecto de los aspectos que son propios de la puesta en marcha del sistema.

    Y esto dice la Subsecretaría: “Estas observaciones o consultas son normales en el marco de la ejecución de un contrato que tiene casi completamente un componente tecnológico y, por lo tanto, en las reuniones sostenidas entre la empresa, la contraparte técnica de la SPD y Carabineros se han ido afinando detalles respecto de los aspectos que son propios de la puesta en marcha del sistema”.

    Como sea la institución policial, aseguró que esperan “tener el sistema totalmente operativo a la brevedad, etapa en la cual la Subsecretaría de Prevención del Delito realizará la cesión de contrato”.

    Las de vigilancia

    Ayer en tanto este medio reveló que el martes de la semana pasada la Contraloría resolvió no “tomar razón” de la compra de mil cámaras de televigilancia, cuyo costo alcanzó a 1.400 de pesos.

    Básicamente, la entidad de control estimó que la empresa Ingesmart, que vendió los aparatos no habría cumplido con lo establecido en las bases de licitación, toda vez que los productos presentarían dificultades para establecer la interoperabilidad con el sistema de control externo.

    “En efecto de los antecedentes obtenidos a la vista, aparece que la empresa adjudicataria concurrió a la firma del contrato comprometiéndose -en el número Nº1 de la cláusula tercera del mismo y tal como lo exigían las bases- a efectuarse la integración de las nuevas cámaras con los sistemas ya existentes pese a que a esa data tenía conocimiento de que no podría cumplir con dicha exigencia”, señala el texto revelado ayer por este medio.

    Dolor de cabeza

    Actualmente, Martorell enfrenta una investigación por delitos de corrupción junto a la comisión evaluadora en la Fiscalía Centro Norte, luego que una de las empresas que participó en la licitación de marzo pasado, reclamó por diversas anomalías en esta última.

    Al respecto, el perseguidor Francisco Ledesma ha realizado varias diligencias
    tendientes a comprobar la existencia del ilícito. Entre ellas revisar el funcionamiento del sistema de almacenamiento de imágenes en la 50º comisaría, junto a la Brigada de Lavado de Activos de la PDI (Brilac).

    Ledesma realizó otra en las oficinas de la SPD hace algunas semanas, donde incautó computadoras e una copia forense de los celulares de los funcionarios, como también de Martorell.

    Tanto este caso, como la reciente notificación de Contraloría causan preocupación en el Palacio de La Moneda, en el entendido que la SPD es la segunda que aparece cuestionada por materias licitatorias.

    Este medio consultó al Ministerio del Interior y a la SPD, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

    Lo propio ocurrió con el CEO de Motorola en Chile, Alberto Valdivieso, quien comprometió una versión que nunca llegó.

    Lea las preguntas que la Subsecretaría no contestó

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