Fotografía: MOP de La Araucanía

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  • En medio de la indagatoria por presuntos delitos de corrupción que sigue el Ministerio Público en contra del exdiputado UDI Gustavo Hasbún y el empresario Bruno Fulgeri, lo que fue dado a conocer Radio Bío Bío, reaparece en escena un exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas de la región de La Araucanía. Se trata del abogado Cristian Ríos López, quien ejerció entre el 2015 al 2018 como fiscal del MOP en dicha zona. Dentro de sus principales funciones estuvo la revisión de la legalidad de los millonarias contratos que el Estado pactaba con empresas privadas de la zona.      Ríos López está imputado por el Ministerio Público y querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por los delitos de "cohecho y cohecho agravado". Sin embargo, acusa que lo arrastraron a una trama entre políticos y empresarios.  Hoy desde la región de Coquimbo advierte que los hechos que relacionan a Fulgeri y el MOP Araucanía los denunció en 2018. Pese a eso, los fiscales no tuvieron avances en las indagatorias. Su testimonio y la corrupción que según el CDE se montó en Temuco lo revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    Desde la tranquilidad que puede dar el balneario de La Serena, Cristian Ríos López decidió hablar de lo que vivió durante su paso por La Araucanía y que le costó su salida del Ministerio de Obras Públicas, y posterior formalización por “cohecho” y una querella del Consejo de Defensa del Estado por “cohecho agravado”. 

    ¿Cómo parten las denuncias que realizó?

    “En 2018, cuando asumieron las nuevas autoridades con el cambio de gobierno, yo me vi en la obligación de denunciar una serie de delitos a partir de abril, mayo, junio y en noviembre (…). Delitos que involucran a varias autoridades desde el Seremi a funcionarios del nivel regional, en relación a prácticas reñidas con la probidad administrativa, e hice denuncias también en contra del subsecretario Lucas Palacios y del entonces ministro del ramo, Juan Andrés Fontaine, en ese momento”, afirma Ríos López.

    Eso, relató, “me trajo una reacción de la autoridades de tratar de desvincularme de mi cargo de fiscal regional. Yo hice denuncias tan graves que hasta el día de hoy no han querido ser investigadas por la fiscalía; yo denuncié el fraude de la empresa CIAL de la familia Becker en conjunto con el seremi de la época, que es el actual señor -Henry- Leal; y delitos que no han querido ser investigados por el Ministerio Público”.

    Ríos López, a 1.148 kilómetros de Temuco, decidió apuntar sus dardos a empresas ligadas a políticos de La Araucanía que según detalló, se habrían visto beneficiados con “contratos” y luego “condonaciones irregulares” que suman decenas de millones de pesos.

    Además, denunció que el seremi Leal con su abogado -quien venía de representar a sanitarias- comenzaron a efectuar condonaciones ilegales para dichas empresas una vez asumieron sus cargos públicos. “Imagínate, una multa de de 380 millones de pesos la rebajaron a 25 millones. Eso es un fraude al fisco y yo lo denuncié y hasta el día de hoy con eso no ha pasado nada y nadie lo ha querido investigar”. 

    ¿Por qué cree que la fiscalía no ha querido investigar?

    “Porque han operado los poderes políticos y el poder económico de las grandes empresas que yo denuncié, como la empresa CIAL Ltda. de la familia Becker, Sierra Nevada Ltda., de Juan Gatica y El Bosque de Carlos Gutiérrez. En esto hay mucha mucha plata involucrada. Tan solo en los fraudes de CIAL son más de 15 mil millones”, responde. 

    ¿Existe derechamente corrupción en el MOP?

    “Yo lo digo abiertamente: el Ministerio de Obras Públicas es una entidad súper corrupta y todo el mundo lo sabe. Nosotros mantuvimos, el tiempo que yo estuve por lo menos en el gobierno anterior, mantuvimos a raya esa corrupción. Pensar en eliminarla 100% era un sueño, pero uno trata por lo menos de hacer su pega hasta donde puede”, lamenta.

    Sin embargo, “cuando asumieron las nuevas autoridades… simplemente fue lo peor que podría haber ocurrido. O sea, la corrupción se desbordó de manera absoluta, y era un descaro absoluto los robos que se cometían”. 

    Es decir, según usted, ¿los políticos de la zona se tomaron el MOP?

    “Hoy es casi todo de la UDI, un poco para RN (…), y Evópoli nada, por eso Andrés Molina le da como tarro a Henry Leal”, quien es seremi UDI, explica.  

    Las acusaciones del exfiscal del MOP, que aseguró las hizo ante el Ministerio Público, por ahora no han tenido resultados que sean conocidos. Lo que sí ha ocurrido, para desgracia de miles de ciudadanos de La Araucanía, es que algunas de las empresas individualizadas por Ríos López terminaron por declararse en quiebra tras las denuncias del fiscalizador. Esto llevó a que las obras quedaran a medio terminar como ocurrió con CIAL vinculada a la familia Becker.

    Con todo, el abogado entró de lleno a indicar que, según la información que conoció durante su paso por el MOP, habría existido una relación entre Bruno Fulgeri con políticos de la zona y con el Ministerio de Obras Públicas en Santiago. 

    ¿Por qué habla de una sociedad entre el exsubsecretario Lucas Palacios y Bruno Fulgeri? 

    “Palacios favorecía constantemente a esta empresa desde Santiago. Lo más notorio y que yo denuncié fue que impidió que le liquidaran los contratos en que habían incumplimientos e impidió que le cobrarán las garantías. Además ordenó adjudicar nuevos contratos de manera ilegal por más de 3 mil millones”, acusa el exfiscal. 

    ¿Pero Lucas Palacios ha negado vínculos?

    Ríos acota que “la sociedad Fulgeri-Palacios se rompió por un tema de lucas. Se rompió por un tema de repartija de la torta. Entonces, Fulgeri, que no es ni tonto ni perezoso, empezó a aprovecharse de la situación con esta sociedad que tenía con Palacios y cuando le empezaron a negar (contratos), porque hoy día hay muchos ojos puestos sobre el ministerio a raíz de mis denuncias, se les ha hecho más difícil robar”.

    La defensa de Palacios

    Consultados cercanos al aludido exsubsecretario y hoy ministro de Economía Lucas Palacios, descartaron las afirmaciones. Si bien coinciden con Ríos López en que efectivamente existen casos de corrupción en La Araucanía, explicaron que incluso en 2019 se dejó fuera del registro a la empresa de Fulgeri y agregaron que Palacios decidió denunciar al Ministerio Público los actos de corrupción que se habían identificado en su momento. 

    Es más, desde Morandé 59 sostuvieron que Palacios fue el que entregó información clave del proceso al Consejo de Defensa del Estado para evaluar acciones contra los responsables de la trama de corrupción que funcionaba en La Araucanía, lo que va en la línea opuesta de lo que sostuvo el exfiscal del MOP. Pese a eso, todos los actores relacionados a este caso coinciden en algo: En el Ministerio de Obras Públicas de la región de La Araucanía existe corrupción. 

    Ejemplo de las investigaciones que se han conocido en el último tiempo está la querella del Consejo de Defensa del Estado contra el abogado Ríos López, la cual publica íntegramente la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío. 

    En ella se describe el mecanismo que presuntamente utilizaban funcionarios de Vialidad del MOP. El supuesto modus operandi era directo y sencillo: a través de un tercero contactaban a representantes legales de empresas que hubieran presentado licitaciones, extensión de plazos, contrato, etc., con el MOP para pedir dineros a cambio de gestionar ampliaciones de plazo o nuevas licitaciones dentro de la misma región. Como en el fútbol, la figura del hombre del maletín se extendió hasta la calle Manuel Bulnes 897 de Temuco, según describe el mismo CDE en el libelo.  

    Producto de ello es que el abogado Ríos López, junto a Óscar Vicencio Mera, Rodrigo Ortiz Thiers, Marcelo Vásquez Pelizari y Yarela Almonacid Rivera fueron imputado por cohecho agravado. También en la acción penal se incluyó a Pedro Burgos Troncoso, por el monto de $42.325.000. 

    Consultado Cristian Ríos López por la acusación indicó que “es una historia ridícula y te lo digo por una razón súper simple: toda esa historia que narra el CDE y que en parte es lo que sostiene la Fiscalía es absolutamente ridículo e imposible. Cuando una empresa quiere un aumento de plazo en una obra lo primero que hace es hablar con su inspector fiscal, que es un funcionario de Vialidad. Esa es la primera persona que tiene la atribución para resolver sobre eso; después va a un departamento de proyectos de Vialidad; luego a una mesa propositiva que es compuesta sólo por funcionarios de Vialidad y de la Seremi; se elabora una resolución; se aprueba esa ampliación de plazos, que se basa en argumentos técnicos; y después se revisa una resolución… una resolución que después tienen que aprobar presupuesto de Vialidad, varios funcionarios de Vialidad, hasta llegar al director de Vialidad y firman”. 

    Y entonces, ¿cómo se explica las acusaciones?

    “Todo esto responde a una maquinación burda que me han tratado de complicar a mí. En 2018, cuando hice la primera denuncia, dijeron: ‘A este gallo hay que sacarlo’. Me hicieron un término anticipado de la contrata. ¿Qué hice yo? Recurso de protección. En tres semanas yo estaba de vuelta en el ministerio. Imagínate lo que es eso para las autoridades políticas… Un gallo que denunció al ministro, al subsecretario, y al seremi (…). Vino el proceso de calificación en septiembre, otro recurso de protección y no me pudieron sacar. Tercer intento en diciembre con la no renovación de contrata y ahí, cuando yo estaba en pleno recurso de protección para la tercera reincorporación, me meten este tema de la Fiscalía, y ésta se prestó para todo esto. Me las voy a dar de adivino… Yo te voy a dar el nombre del próximo fiscal regional de La Araucanía del Ministerio Público: Cristián Crisosto, el que me está persiguiendo en todo esto”, augura Ríos López. 

    ¿Pero reconoce los hechos, por ejemplo, que se te imputan con la empresa Salma Limitada? Se habla de transacciones millonarias en efectivo. 

    “Hay una persona de Salma que dice haber pagado una cantidad de plata y ¿eso no es un delito? Porque el pedir es un delito, pero pagar también es un delito y esa persona no está formalizada. ¿Por qué está formalizada una parte? Porque tienen un acuerdo, si es súper simple y lógico. Hablan de personas que yo no conozco, que supuestamente es una cadena para llegar a mí y… ¿por qué el señor que pagó no está formalizado si él cometió un delito de soborno?”, cuestiona.

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