Fotografía:

0 visitas |


  • La petición se enmarca dentro de la querella que presentó el senador Alejandro Navarro a mediados de diciembre pasado. Quien asumió el patrocinio como recurrente fue el abogado Mauricio Daza, quien a través de un escrito 54 páginas pidió a la Fiscalía Centro Norte que declare en calidad de testigo la exmandantaria, el contralor Jorge Bermúdez, los presidentes de ambas cámaras, entre otros, con miras a que se realice una "investigación penal efectiva". El profesional explicó que si la indagatoria -pese a existir evidencias- es llevada de mala manera, si se buscan fórmulas para recalificarla o cerrarla, existe la posibilidad de elevar los antecedentes a la Corte Penal Internacional. El documento lo publica la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    La investigación que sustancia la Fiscalía Centro Norte por delitos de lesa humanidad y que tiene como principal imputado al presidente Sebastián Piñera, avanza desde que el pasado 16 de diciembre el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogiera a tramitación la querella interpuesta por el senador Alejandro Navarro.

    En la tramitación de la causa constan varios hitos, entre ellos que el Jefe de Estado designó como su abogado a Samuel Donoso y Navarro al profesional Mauricio Daza para que persiga también la responsabilidad penal del exministro del Interior Andrés Chadwick y su reemplazante Gonzalo Blumel y del general director de Carabineros, Mario Rozas.

    Por esta razón, el viernes pasado Daza ingresó un escrito de 54 páginas en el que solicitó que declaren 20 autoridades y se solicite información a distintas instituciones, con el fin de establecer si las decisiones políticas adoptadas por la autoridad derivaron con violaciones de Derechos Humanos, durante las protestas producto del estallido social.

    Lea el documento

    En el escrito que publica la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío se pide, entre otros, que preste testimonio el contralor Jorge Bermúdez, la expresidenta Michelle Bachelet, el defensor nacional Andrés Mahncke, Karina Sosa, jefa del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, Sergio Micco, del INDH y Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH.

    En el caso de la Alta Comisionada de la ONU, Daza solicitó que explique el tenor de las reuniones sostenidas con autoridades nacionales, respecto de las violaciones de DDHH durante el estallido social.

    Básicamente, el alcance buscar acreditar “la existencia de ataques generalizados o sistemáticos (…) en contra de la población civil”, se lee en la presentación.

    Al contralor, la solicitud apunta a que revele aspectos similares, pero también a las investigaciones que sustancia en la actualidad el organismo fiscalizador en torno al actuar de las FFA y las de orden y seguridad en el marco de las protestas que se iniciaron el pasado 18 de octubre.

    “Las diligencias tienen por finalidad verificar o descartar el conocimiento de los miembros de la autoridad civil, en especial del presidente, ministro del Interior, así como del Director General de Carabineros y del Comandante en jefe del Ejército, sobre ataques de agentes del Estado a la población civil”, se lee en la petición de diligencias.

    Junto a lo anterior, en el escrito se solicita información a las unidades médicas donde se atendió a los manifestantes que presentaron lesiones oculares por el uso de balines antidisturbios, con miras a sumar antecedentes sobre el conocimiento que tuvo la autoridad de las violaciones al protocolo del uso de la fuerza.

    En esa línea, Daza pidió que se remita al Ministerio Público el estudio que realizó la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en el cual se acreditó que los perdigones usados por la policía uniformada contenían solo un 20% de goma, mientras que el 80 restante se componía de plomo, bario y silicio.

    Si la Fiscalía acepta las diligencias, serán las carteras de Interior, Justicia, Salud, la Defensoría de la Niñez, el INDH, Colegio Médico, entre otros, los que deberán informar al tenor de la pedido por Daza.

    Estatuto de Roma

    En entrevista con este medio, Daza explicó que el sentido y alcance de la presentación es que el Ministerio Público realice una “investigación penal efectiva”.

    La expresión no es baladí, asegura Daza, ya que Chile suscribió el Estatuto de Roma en 2009, reconociendo la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en materia de crímenes de lesa humanidad. En otras palabras, si pese a existir evidencia de la comisión del ilícito se ejecutan acciones para evitar su persecución, el instrumento internacional podría perfectamente operar en el caso chileno.

    “Lo que buscamos es que se indague la existencia de ataques generalizados o sistemáticos de carácter grave cometidos por agentes del Estado y si se trató de una política de facto”, indicó.

    El profesional agregó que existen indicios inequívocos “para sostener que hay un ataque sistematizado”.

    “Hay un patrón de conducta de la policía con los manifestantes que se ha concretado desde que se inició el estallido social. En distintos puntos del país hay medios similares medios usados, situaciones similares de personas, con lesiones equivalentes a pesar de que sea en lugares y momentos diversos”, relató.

    Lea la querella

    Nuestros comentarios son un espacio de conversación y debate. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.
    Ver los comentarios (0)