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  • Aunque sin grandes novedades, el programa para modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado establece la coordinación con toda la orgánica institucional para producir información. Pretende aumentar las relaciones con servicios extranjeros, publicitar las labores del rubro y que los organismos permitan adelantar crisis, una de las principales críticas que ha recibido la Agencia Nacional de Inteligencia, en relación al estallido social que comenzó el 18 de octubre pasado. El documento íntegro lo revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    El pasado 6 de noviembre, el Presidente Sebastián Piñera aprobó la Estrategia Nacional de Inteligencia (ENI) para el periodo 2019-2022, a través de la cual se busca coordinar a todo el sistema de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad, como también a los privados que estén relacionados con funciones críticas para el Estado de Chile.

    El documento de 57 páginas -que publica íntegramente la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío– ingresó ayer a la Contraloría General de la República (CGR) para su toma de razón.

    En él se detallan cómo se pretende “consolidar una comunidad de Inteligencia profesional, capacitada y plenamente integrada a todos los órganos del Estado que proveen información (…) con la capacidad de integrar a su vez a (…) entes privados, cuando se requiera prevenir riesgos o amenazas que afecten a los objetivos nacionales”.

    Lea el documento íntegro

    Esto significará que se ampliarán los convenios entre las entidades estatales con el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE). Aún cuando no se menciona, la idea es integrar al Servicio de Impuestos Internos (SII), Unidad de Análisis Financiero (UAF), entre otros.

    Para ello, el plan propone el “(…) funcionamiento de redes de Inteligencia e interconectividad de bases de datos que aseguren la disponibilidad y confidencialidad de la información del SIE”.

    Uno de los elementos llamativos es que la producción de información estratégica servirá para que el gobierno de turno pueda anticiparse a crisis de cualquier tipo. De hecho, esta ha sido una de las principales críticas a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que no habría previsto el estallido social que comenzó el 18 de octubre pasado.

    Desde que se inició el actual gobierno hubo dos renuncias importantes en la ANI. La primera fue del exsubdirector el almirante (r) David Hardy en diciembre de 2018. Le siguió a mediados de noviembre del corriente el abogado Luis Masferrer.

    Actualmente es dirigida por Gustavo Jordán, un exdirector de inteligencia de la Armada, quien ha realizado cambios profundos en el servicio que asumió hace pocas semanas.

    A principios de diciembre, la Comisión de Defensa de la Cámara, resolvió que la ANI podrá contratar sus propios agentes encubiertos o informantes, lo que estará a cargo del director del servicio.

    En cualquier caso, lo que la ENI no establece que los funcionarios del organismo puedan realizar labores operativas. Estas seguirán estando a cargo de las policías cuando se trata de materias de seguridad o crimen organizado. En caso de contraespionaje y espionaje exterior estará en manos de las FFAA, como hasta ahora.En todo caso, para nadie es un misterio que estas últimas no comparten información con la ANI, al menos en materias de Seguridad Nacional.

    Intercambio de información

    Asimismo, señala el documento, se deberá incrementar los acuerdos de intercambio de información con organismos extranjeros.

    Chile, a través de los distintos servicios mantiene contactos fluidos con Israel, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Alemania, España, Francia, entre otros de segundo orden.

    El “Sistema”, también deberá prestar ayuda a las instituciones del Estado que “tengan representación extranjera”, entre ellas las embajadas de Chile. Actualmente, los futuros diplomáticos no cuentan con cursos de inteligencia en la academia del ramo.

    Hackers

    El decreto aprobado por Piñera, también busca consolidar el desarrollo de la Ciberinteligencia, “mejorando la obtención de información, procesamiento y producción de Inteligencia, mediante la explotación de fuentes contenidas en el ciberespacio”. En otras palabras, fuentes abiertas.

    En las últimas semanas, hackers nacionales atacaron los sistemas informáticos de Carabineros y el Ejército. A los primeros les robaron el listado de todos los funcionarios con nombre, dirección y rut. También aparecieron informes de inteligencia con seguimientos a organizaciones sociales y actividades académicas.

    En el caso castrense, se filtraron una serie de correos electrónicos que daban cuenta de reuniones con personal extranjero, compra de equipos de vigilancia menores y asistencia al extranjero -previa invitación- del comandante en jefe institucional.

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    Actualmente en la Agencia Nacional de Inteligencia, el personal cambia dependiendo del gobierno de turno. En ese sentido, la ENI busca profesionalizar a los miembros de los servicios e integrar a otros de las entidades estatales. Es decir, habrá un nexo o punto focal para coordinar y producir información en todo el Estado.

    Actualmente el SIE está integrado por la ANI (que se relaciona con el Presidente) y coordina a la Dirección de Inteligencia de la Defensa (DID), del Ejército (DINE), Armada (Dirinta), Fuerza Aérea (DIFA). A ellas se suman Carabineros (Dipolcar) y la PDI (Jipol).

    En inteligencia operativa, al menos, la reserva o el secreto definen la práctica de los agentes, como también la protección de sus identidades.

    En el caso de la ENI se busca que el Sistema de Inteligencia del Estado tenga “presencia activa en foros, seminarios y conferencias sobre materias de interés, tanto a nivel nacional como internacional”. También pretende que exista “apoyo y difusión de las actividades académicas del ámbito de la Inteligencia.

    Para evitar que los servicios se propasen, existirá un control externo que ejercerá, primero, la Contraloría, los tribunales de justicia y la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados, tal como se realiza hasta ahora.

    La judicatura, actualmente, cuenta con dos ministros por cada región con asiento de Corte, que autorizan las labores intrusivas de los servicios.
    Las líneas estratégicas para implementar la ENI será revisada cada dos años.

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