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  • La información consta en tres órdenes de compra (OC) alojadas en el sistema de Mercado Público, ocurridas entre el 20 y el 21 de octubre del corriente. Los elementos están destinados a las escopetas que porta el personal militar que recorre Santiago como parte del Estado de Emergencia, como también durante la noche para hacer cumplir el toque de queda. Según estas OC, los cartuchos contienen balines de goma y fueron adquiridos a la empresa Tec Harseim, propiedad de Alfonso De Iruarrizaga, un reconocido deportista que logró medalla de plata en la especialidad de tiro al vuelo, en los juegos de Corea de 1988. Los documentos los publica íntegramente la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    En menos de 24 horas el Ejército gastó más de 50 millones de pesos en comprar 56.725 cartuchos antidisturbios. Se trata de 3 adquisiciones que van desde el 20 de octubre entre las 22.50 y las 21.29 horas del 21 del presente.

    Según estas órdenes de compra, los cartuchos contienen balines de goma comprados a la empresa Tec Harseim, propiedad de Alfonso De Iruarrizaga.

    Vea los documentos

    El empresario es conocido por el mundo deportivo puesto que, durante la dictadura de Augusto Pinochet, fue abanderado de nuestro país en los juegos de Corea del Sur en 1988, olimpiadas en que el deportista logró medalla de plata en la especialidad de tiro al vuelo. (Vea el catálogo de la firma).

    ¿Tenían?

    El Ejército se agenció los pertrechos durante la tarde el 19 de octubre, es decir, el mismo día en que el Mandatario anunció -a las 00.15 horas- el estado de excepción constitucional- y el jefe de la Defensa, general Javier Iturriaga, decretara el toque de queda en la Región Metropolitana.

    La compra revela que la institución castrense carecía de la munición para abastecer a los efectivos que portan el armamento antidisturbios, que su única función es para reprimir a personas que
    participan de desmanes o disolver las marchas y -como ha ocurrido durante la noche- disparar a civiles que protestaban afuera de sus casas, hecho que ha sido cuestionado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y partidos políticos de centro izquierda.

    Si bien existen heridos por estos balines de goma, no hay una estadística formal entregada por el gobierno que dé cuenta de las consecuencias del actuar militar en la zona.
    Sin embargo, el INDH, durante la jornada del martes entregó un comunicado que los heridos por arma de fuego, en el marco de las protestas en contra del gobierno, llegan a 123 personas.
    Actualmente son casi 10 mil efectivos que recorren la Región Metropolitana, divididos en distintas comunas, los cuales a su vez, ordenan el trabajo que debe desarrollar una de las instituciones sobrepasadas desde el inicio de las movilizaciones como es Carabineros.

    Respecto de la actuación militares existe, al menos hasta hoy, un formalizado por la Fiscalía Centro Norte. Se trata de cabo de Ejército Pedro Lavín quien disparó con su fusil a Carlos Astudillo
    en la comuna de Colina. El joven, exestudiante de la Universidad de Talca, fue herido en la zona de la pelvis y operado en la clínica Las Condes. Intervención quirúrgica que se tuvo que realizar para extraer el proyectil alojado en una importante arteria.

    Actualmente cerca del 75 por ciento del país se encuentra bajo Estado de Emergencia, que incluye toque de queda, el que se analiza todos los días y se comunica su decreto respectivo y dependiendo de la región, se adelanta o retrasa el horario de partida.

    Versiones

    Fuentes militares consultadas por este medio reconocieron la adquisición, explicaron que el tipo de munición no provoca un daño letal.

    Se destacó que pese a las críticas recibidas, el actuar de la fuerza ha sido “prudente”. De hecho, al interior de la institución se reconoce que existe cierta complicación de los soldados por la labor que les toca ejecutar, ya que la ciudadanía los vincula a la represión durante a dictadura militar. Al respecto, se ha hecho una actividad explicativa constante de que el trabajo que realizan opera en un contexto político y social distinto.

    En la misma línea, las mismas fuentes indicaron que más allá de casos puntuales -donde se han visto involucrados funcionarios castrenses-, las directrices del respeto a la legalidad emanadas desde el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, se han cumplido cabalmente.

    Prueba de ello, se dijo, es que hay al menos dos funcionarios formalizados y la institución ha prestado toda su colaboración para que se esclarezcan los hechos, por parte del Ministerio Público.

    Colaboración de Nicolás Espinoza

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