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Pago ilegal en ISP por 1.517 millones: Contraloría abre sumario, juicio de cuentas y alude a fraude

Pago ilegal en ISP por 1.517 millones: Contraloría abre sumario, juicio de cuentas y alude a fraude

Lunes 25 marzo de 2019 | 04:00

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En un informe de 71 páginas -que publica Radio Bío Bío- el organismo fiscalizador detalló irregularidades en la instalación del sistema de gestión Gicona 3.0. Este último permitiría a la entidad fiscalizar a los laboratorios, el control de productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y el testeo de sustancias psicotrópicas. Entre las irregularidades encontradas destacan servicios no prestados, dobles contrataciones, servicios duplicados, capacitaciones pagadas pero no ejecutadas, licencias no recibidas, entre muchas otras. Se suma también la contratación de empresas relacionadas, donde aparecen los mismos socios. Una de ellas, New Voice había sido sancionada por el Ministerio de Salud por incumplir un contrato de asesoría informática, un año antes de participar en la implementación de Gicona 3.0. Atendido los hechos, el organismo fiscalizador resolvió iniciar el “reparo” para intentar recuperar los dineros que se pagaron ilegalmente. Al mismo tiempo envió los antecedentes al Ministerio Público, por la sospecha de un posible fraude al fisco. En todo caso el ISP, en 2018, presentó una denuncia por el mismo delito ante la fiscalía. El caso se encuentra en plena tramitación.

La Contraloría General de la República (CGR) detectó graves irregularidades en el Instituto de Salud Pública (ISP), luego de revisar la compra de programas informáticos para mejorar la gestión interna, acreditando que la entidad -dependiente del ministerio del ramo- realizó “pagos improcedentes” por más de 1.517 millones de pesos.

Por esta razón, el organismo fiscalizador ordenó la tramitación de un sumario administrativo para establecer las responsabilidades de los funcionarios involucrados, como también el inicio de un juicio de cuentas, con miras a recuperar los dineros para las arcas estatales. En la misma línea, la entidad de control envió los antecedentes al Ministerio Público, atendido a que surgen presunciones de la comisión del delito de fraude al fisco.

Los hechos materia del informe -que publica Radio Bío Bío– se iniciaron con una licitación pública en 2015 para la instalación del sistema Gicona 3.0 por una suma superior a los 2.000 millones de pesos, aprobada por el exdirector del ISP, el fallecido Alex Figueroa, según se lee en los documentos que constan en Mercado Público.

Básicamente, el software serviría para interactuar con los laboratorios fiscalizados, el control de productos farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos y el testeo de sustancias psicotrópicas, que son parte de las labores que realiza el ISP.

De acuerdo a la auditoría, la puesta en marcha del programa adoleció de una serie de irregularidades. La primera de todas, es que Gicona 3.0 no está totalmente operativo; hubo pagos para desarrollo informático que nunca se realizó, entre otros. Este ítem por más de 683 millones de pesos, es solo el primero que se incluirá en el juicio de cuentas.

Una segunda etapa para dejar operativa la modernización informática del ISP, llamada Enterprise Resource Planning (ERP) -un programa que permitiría coordinar todo el trabajo de la entidad- alcanzó una cifra superior a los 931 millones de pesos y también fue objetado por el órgano revisor.

En el documento se detalla -que respecto de este último- se estableció la ausencia de entrenamiento al personal encargado de usarlo, falta de recepción de productos y servicios contratados, inexistencia de documentación que evidenciara la instalación y configuración del sistema, contratos fraccionados, entre otros aspectos. Por ello la Contraloría sumará al reparo más de 154 millones de pesos.

En materia de adquisición de las licencias, falta de informes, falta de acreditación de equipos, pagos duplicados para desarrollar indicadores de gestión, servicios de interoperatividad y consultorías de redes informáticas, licencias no encontradas y ausencia de registros de productos recibidos, la CGR sumará al cobro en favor del fisco 670 millones de pesos más.

A lo anterior se suman otros 323 millones de pesos cuyo ingreso al juicio de cuentas está pendiente, ya que el ISP debe justificar -por vía documental- servicios cuya realización está en entredicho. Entre ellos están pagos en donde se observaron diferencias por el tipo de cambio y recepción de otras licencias informáticas para el sistema ERP. De no hacerlo, los 1.517 millones objetados hasta ahora podrían aumentar.

En suma, de acuerdo al informe, hubo una grave falta de control con los recursos públicos y desorden administrativo.

Los mismos

Otra situación particular que descubrió el organismo de control fue la selección de empresas relacionadas.

Para determinarlo, los fiscalizadores revisaron la estructura societaria de las firmas que formaron parte de la implementación de funcionalidades y servicios web que recibieron más de 887 millones de pesos.

De acuerdo al registro de Dicom que hizo este medio, se trata de las sociedades Energeia (sic) Spa y Sistemas de Comunicaciones y Eléctricos Limitada o New Voice. Ambas tienen los mismos socios. Se trata de Víctor Manuel Castañeda y María Catalayud Garrido. A su vez, New Voice también es parte de Web MHC Spa que figura sin socios, ni consultas empresariales. En otras palabras es una firma que se hizo para recibir las facturas.

Ahora bien, las sociedades donde participan Castañeda y Catalayud aparecen con millonarios protestos y deudas en telefonía móvil, AFP y seguro de cesantía, que suman más de 45 millones de pesos, de acuerdo al registro comercial.

Que New Voice haya sido contratada en 2015 por el ISP para este proyecto de gran envergadura, es al menos llamativo. Y ello porque en 2014 la firma fue sancionada por el mismo organismo con una multa superior a los 11 millones de pesos. El castigo pecuniario fue la resultante de haber incumplido un contrato para mantener y dar continuidad a un software para trámites en línea de la Seremi de Salud.

La información aparece en un dictamen emanado de la Contraloría fechado el 13 de junio de 2014, donde el organismo fiscalizador confirmó la sanción.

Lea el dictamen

La Contraloría estimó que, al menos hasta el cierre del informe, no advertía necesariamente anomalías sobre el vínculo de estas empresas. Sin embargo, acreditó que a Energeia Spa se le pagó por un servicio de consultoría que estaba incluido en el precio y que debía realizar por contrato New Voice.

Atendido los hechos, y mientras la Contraloría revisaba información sobre el proyecto de implementación de mejoras informáticas, el ISP presentó en 2018 una denuncia ante el Ministerio Público por la posible comisión de los delitos de fraude al fisco y malversación de fondos públicos. El caso está en plena tramitación.

Lo propio hizo en julio del mismo año la directora subrogante del organismo, Judith Mora ante la CGR, cuando la auditoría estaba llegando a su fin.

Mora hizo la presentación, atendido a que en dos empresas que aparecen dentro de las anomalías detectadas, Plataforma Group S.A. y Soluciones Informáticas Integrales Ltda., participa Roberto Narbona Haschke, primo de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza Narbona.

Por último, el órgano revisor detectó que el sumario interno que se inició en el propio ISP -que es distinto al que realizará la CGR después de este informe consolidado- aún no está afinado, pese a que se inició en abril de 2018.

Lea completo el informe de Contraloría

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