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  • Dentro del expediente, el ministro Mario Carroza realizó una serie de diligencias -interrogatorios, careos, pericias documentales- pero hubo una que marcó un punto de inflexión en la causa. Se trata del libro de novedades del penal de La Serena, en donde los gendarmes dejaron por escrito en octubre de 1973, los detenidos que eran retirados por personal de inteligencia del regimiento Arica de esa ciudad. El texto de 361 páginas fue aportado por una estudiante de historia al Museo de la Memoria en 2016, llegando a manos del magistrado que lo incluyó cuatro veces en el fallo que ayer condenó al exjefe del Ejército en calidad de encubridor de 15 homicidios, en el marco del caso Caravana de la Muerte. El documento lo publica por primera vez, íntegramente, Radio Bío Bío.

    El excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre no logró demostrar su inocencia en la investigación que llevó el ministro Mario Carroza, por los 15 homicidios acaecidos en La Serena a pocos días del golpe militar -y acelerados por el paso de la Caravana de la Muerte- comitiva militar liderada por el fallecido general Sergio Arellano Stark, que recorrió Chile en un helicóptero Puma.

    Dentro de las diligencias dictadas por el magistrado -interrogatorios, pericias documentales, y careos- hubo una que marcó un punto de inflexión en la causa donde ayer Cheyre fue condenado en calidad de encubridor a tres años y un día, con el beneficio de la libertad vigilada. Se trata nada menos que el libro de novedades de la cárcel de La Serena que estuvo guardado durante 42 años, hasta que una estudiante de historia lo halló por casualidad en la casa de su abuelo a mediados de 2016.

    El texto de 361 páginas fue donado por la joven al Museo de la Memoria ese mismo año, cuya copia publica íntegramente y por primera vez radio Bío Bío, y fue guardado por Carroza en un cuaderno reservado, cuyas diligencias de comprobación estuvieron a cargo de la Brigada de Inteligencia Policial (BIP).

    Este libro de novedades entregó una evidencia documental de que los quince prisioneros fueron sacados del penal, tal como escribieron ordenadamente los gendarmes a cargo del recinto en 1973, por personal de inteligencia del regimiento.

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    Básicamente, para el ministro Carroza, el hecho de que funcionarios militares fueran al recinto penal a retirar a los presos convocados a los Consejos de Guerra, estableció no solo que trabajaran para la Caravana de la Muerte, sino que Cheyre no podía menos que saber de los fusilamientos.

    Otro hecho que se suma a este libro, fue que el propio Ejército entregó las actas de los consejo de Guerra de la Fiscalía Militar de la IV Región, solicitadas vía Ley de Acceso a la Información Pública por La Tercera, donde en 26 de ellas aparece mencionado Cheyre como participante, fechadas entre septiembre de 1973 y enero de 1974.

    “Los culpables de este exterminio”

    El documento del servicio de prisiones aparece citado en cuatro oportunidades (páginas 17; 37; 53 y 247) por el juez en su voluminoso fallo de 335 fojas en el que también condenó a el jefe del regimiento Arica de esa ciudad, el general (r) Ariosto Lapostol a 15 años de presidio efectivo, como autor.

    Los otros participantes en calidad de cómplices de los crímenes de lesa humanidad, fueron el exsubdirector de la DINA Pedro Espinoza, Juan Chiminelli, Víctor Alegre, Jaime Ojeda y Emilio de la Mahotiere con cinco años y un día.

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    La misma sanción de Cheyre tuvieron Hernán Valdevenito, Guillermo Raby, Mario Vargas Migueles y Luis Araos.

    Para sancionar a Cheyre, el juez tomó en consideración una serie de elementos. Por ejemplo, que en su calidad de oficial -era teniente cuando ocurrieron los fusilamientos- debió ejecutar custodia de los detenidos y evitar su muerte.

    Asimismo, descartó que solo estuviera a cargo de dar a conocer el bando militar, donde se dio cuenta de la ejecución de las víctimas.

    “(…) se hace necesario consignar que la defensa del acusado Cheyre, yerra en sus expresiones al aludir a la publicidad de un bando militar, porque acá lo que se discute es la existencia de asociación de conductas que originaron no solo la ejecución de prisioneros, que como único delito se les imputaba pensar disímil al Gobierno de la época, por parte de agentes del Estado, sino también la conducta de quienes a no dudarlo tenían el deber ineludible de custodiarlos y sin embargo no trepidaron en ceder esa obligación internacional a los culpables de este exterminio”, escribió Carroza.

    Incluyendo a Cheyre, estimó que “toda la oficialidad (…) consintió dócilmente a que estos fueran aniquilados sin juicio alguno”.

    “El acusado Cheyre (…) pese a esta innegable masacre, no se resta a cumplir la labor de sanearla y argumenta en su favor ante la opinión pública y ante los familiares, y esgrime como excusa su escasa edad, que a su juicio le impediría advertir la gravedad de dichas conductas, pero de la misma manera tampoco advierte en ese instante con el grado de madurez de su formación militar y el compromiso adquirido como Oficial de Ejército, que debía actuar con prudencia y sensatez y no divulgar falacias”, sigue la resolución.

    En materia civil, el magistrado determinó que el fisco deberá pagar a las víctimas la suma de 3.610 millones de pesos, como reparación.

    El general del “nunca más”

    Luego de conocida la sentencia de primera instancia, el abogado de Cheyre, el penalista Jorge Boffil, calificó la sentencia como “injusta”. y aseguró que recurrirá a los tribunales superiores para revocarla.

    Insistió, en declaraciones citadas por Emol, en que el otrora jefe del Ejército no tenía mando de tropa, ni menos avaló los fusilamientos.

    Agregó que Cheyre fue el general del nunca más, aludiendo a una carta de mediados de la década dos mil, cuando ejercía la jefatura del Ejército, donde asumió tímidamente las violaciones de derechos humanos en dictadura.

    En tanto, ayer a última hora de la tarde la institución castrense emitió un comunicado de prensa, en el que lamenta la situación personal por la que atraviesa Cheyre, pero aseguró que no comentará la determinación judicial, atendido su respeto al Estado de Derecho.

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    Fallo completo caso Caravana de la Muerte

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