Fotografía: Agencia UNO

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  • La acción legal se dirige en contra del recién destituido funcionario de la Cancillería, Diego Rivera, el empresario Álvaro Jofré y Jing Wang, por el ingreso ilegal de 32 ciudadanos chinos. Estos dos últimos habrían cobrado más de 256 mil dólares por las gestiones. En la indagatoria que lleva el fiscal de alta complejidad Centro Norte Marcelo Carrasco, está acreditado que el expresidente del Senado Andrés Zaldívar ayudó a Jofré, contactándose con un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando información. El 29 de mayo pasado, el perseguidor formalizó a los tres querellados, pero además reveló escuchas donde el hombre de negocios dice sin tapujos: “Yo tengo que ir a conversar con Zaldívar ahora, que no me venga con w..., porque yo ya le pagué toda la chu... y no ha cumplido”.

    El Ministerio del Interior presentó una querella criminal por el delito de tráfico de migrantes en contra de un exdiplomático, que junto a un empresario y una mujer extranjera, lograron ingresar a Chile a 32 ciudadanos chinos.

    La acción legal se dirige en contra del exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) Diego Rivera, el empresario de Curicó, Álvaro Jofré Cabezas y Jing Wang, la tercera integrante del grupo. Estos dos últimos mantienen sociedades y habrían cobrado, en total, más de 250 mil dólares por realizar las gestiones.

    El libelo, que publica íntegramente la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, detalla toda la operatoria para ingresar a los extranjeros usando al Consulado de Chile en Shangai. Pero además, se liga a la investigación que lleva el fiscal Centro Norte Marcelo Carrasco, que en noviembre de 2017 solicitó la interceptación del teléfono del expresidente del Senado, Andrés Zaldívar. Esto, luego que este último apareciera realizando gestiones a favor de Jofré, ante el director de Asuntos Consulares de Inmigración de la Cancillería (Digecon), Carlos Applegreen, para conocer por qué habían sido rechazadas 23 visas de otros inmigrantes chinos que pretendían viajar a Chile. Las sospechas sobre el actuar del dirigente DC, apuntaban a su posible participación en el delito de cohecho y tráfico de migrantes, como también aportes a su última campaña.

    (Lea la querella de Interior completa)

    En su oportunidad, la justicia rechazó la petición de Carrasco de pinchar el celular de Zaldívar y tras revelarse públicamente la información, tanto la derecha como la Nueva Mayoría manifestaron su rechazo a la determinación del Ministerio Público. (Lea la información aquí)

    Aún cuando el exparlamentario ha negado las acusaciones, el pasado 29 de mayo, en una audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía, el fiscal Carrasco reveló parte de las interceptaciones. Una de ellas pertenecía a Jofré, quien conversaba con Wang.

    En el registro, de acuerdo a La Tercera, se escucha: “Yo tengo que ir a conversar con Zaldívar ahora, que no me venga con weás… (sic), porque yo ya le pagué toda la chuchá y no ha cumplido”.

    La reunión ocurrió el 26 de octubre del año pasado en la sede del excongreso nacional. Posterior a ella, de acuerdo a las escuchas, Jofré le contó a Rivera, en forma detallada, los pormenores del encuentro.

    En la mencionada audiencia, Carrasco formalizó por el delito de tráfico de inmigrantes a Jofré, Rivera y Wang, quedando todos con arraigo nacional. Pese a que el caso ya se judicializó, su tramitación sigue en reserva.

    Fuentes que conocen del caso, indicaron que Zaldívar aún no está descartado del todo en la investigación.

    Hechos vinculados

    La querella de Interior apunta a tres hechos ocurridos en 2017. El primero, acaecido el 7 de junio cuando Jofré logró que el consulado de Shangai emitiera visas a 13 ciudadanos chinos, usando cartas y certificados falsos de su empresa China Chile Connection. Todo lo anterior, “con ánimo de lucro”.

    Un hecho similar ocurrió el 12 de julio del mismo año, oportunidad en que los imputados, según la querella, lograron el ingreso de otros 19 extranjeros de la misma nacionalidad, previo trámite ante la misma legación diplomática.

    Según las estimaciones que constan en la investigación, cada inmigrante debía pagar la suma de 8 mil dólares, por lo que Jofré, en ambos episodios, habría cobrado poco más de 256 mil de la moneda americana, unos 167 millones de pesos chilenos.

    Jofré, a fines del mismo mes, lo intentó de nuevo. Esta vez eran otros 22 ciudadanos chinos, pero el Consulado de Chile en Shangai rechazó las visas, argumentando que la tramitación debía realizarse por internet.

    Al no lograr su objetivo, que le habría permitido ganar otros 176 mil dólares (115 millones de pesos), sigue el documento judicial, Jofré buscó ayuda en Diego Rivera, que por entonces se desempeñaba en la Dirección de Seguridad Internacional de la Cancillería (Disin).

    Rivera estaba destinado en la Disin, atendido que en 2012, en su calidad de cónsul en Haití, se vio ligado a la muerte del sargento de la Armada, Guillermo Arévalo, quien fue asesinado a tiros a la salida de una discoteque, en Puerto Príncipe, la capital de ese país.

    De acuerdo a la presentación, Rivera buscaba que Jofré lo ayudara con sus contactos políticos a evitar que el sumario que se desarrollaba en su contra por esos hechos, derivara en una exhoneración del Minrel.

    Según la información que consta en la indagatoria de la fiscalía, Zaldívar efectivamente realizó una gestión ante Applegreen, respecto a la negativa a entregar la visa a 22 ciudadanos chinos.

    La propia Cancillería lo reconoció en 2017, luego de una publicación de La Tercera.

    “El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, contactó al director general de Asuntos Consulares y de Inmigración, embajador Carlos Appelgren, para solicitar información sobre un grupo de 23 ciudadanos chinos que solicitaron visas para viajar a nuestro país. Esas visas fueron denegadas por no cumplir con los requisitos, lo que fue informado oportunamente a los solicitantes a través de los canales correspondientes, y al mencionado senador”, informó la secretaría de Estado en su oportunidad.

    Negativas

    Después de conocerse que la fiscalía buscaba escuchar las conversaciones de Zaldívar, este último interpuso una querella criminal, patrocinada por el abogado Jorge Bofill, que se encuentra en plena tramitación.

    (Lea el libelo aquí)

    Este medio intentó obtener una versión de parte de Bofill, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

    En tanto, hace poco más de un mes, Diego Rivera fue destituido del Ministerio de Relaciones Exteriores y declinó responder las preguntas de este medio.

    Su abogado Cristian Basso, sin embargo, explicó que su cliente no tiene participación en los hechos que se le imputan. “Esperamos que la investigación aclare esta situación y respetamos sus plazos, tal como lo hacemos con las instituciones de un estado de derecho”, concluyó.

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