Fotografía: Codelco

0 visitas |


  • Una investigación interna a la que accedió Radio Bío Bío arrojó que en Molyb, filial de la estatal que produce molibdeno, se perpetraron irregularidades en los procesos administrativos. Entre otros, se detectaron pagos de bonos por cerca de $400 millones a ejecutivos de la firma, los que no fueron aprobados por el directorio, y el giro de cheques que no cumplieron con los procedimientos internos. En Codelco reconocen las irregularidades, pero descartan delitos, fraudes o daño patrimonial. En paralelo, la auditoría que hizo Contraloría a la minera estatal detectó gastos por unos $235 millones (US$ 350 mil) en fiestas de fin de año y el manejo de una caja de gastos misceláneos de unos $114 millones (US$ 170 mil).

    Entre 2012 y 2014, cuatro ejecutivos de Molyb, una filial de Codelco que produce molibdeno, recibieron bonos de desempeño por $ 393 millones en total, los cuales no fueron aprobados por el directorio en su conjunto, ya que solo fueron visados por un solo director de la empresa: Rodrigo Toro, quien a su vez forma parte de la alta plana ejecutiva de Codelco, pues se desempeña como vicepresidente de comercialización.

    Todo esto ocurrió antes de que la firma iniciara su producción, a fines de 2015, y también generó incumplimientos de los reglamentos y normativas que tienen la estatal y sus filiales.

    Esta situación es parte de las irregularidades que detectó una investigación interna realizada en Molyb, a la que accedió preliminarmente Radio Bío Bío. En particular, las fallas ligadas al pago de los millonarios bonos tienen relación con las irregularidades encontradas en el ámbito de la gestión de recursos humanos, donde se encontraron cambios que no contaron con la aprobación del directorio completo.

    Otra irregularidad tiene relación con cheques girados con solo una de las dos firmas que exige la norma interna, donde, de todos modos, no se objetaron los montos ni el destino de los pagos. También se encontraron fallas en la contratación de la dotación de operación, ya que este proceso no fue autorizado por parte del directorio de Molyb.

    La auditoría interna, que está ad portas de concluir, surgió a raíz de una denuncia presentada, a fines de 2015, al canal que tiene para ello Codelco, donde acusaban al gerente general de Molyb, Gabriel Gutiérrez, de supuestas irregularidades en contrataciones y ascensos de familiares directos y conflictos de interés en la adjudicación de contratos. Sin embargo, afirman desde la empresa estatal, “la auditoría descartó todas las acusaciones o no pudo comprobar su veracidad”.

    Pese a lo anterior, reconocen desde la minera, “el examen realizado permitió identificar desviaciones a los procedimientos administrativos que Codelco establece para sus filiales”. Si bien precisan que “ninguna de ellas constituye un fraude, delito o daño patrimonial”, admiten que las fallas detectadas los podría haber expuesto a que ocurrieran estas situaciones.

    La revelación de estos antecedentes se da en medio de la disputa que mantiene la estatal con la Contraloría General de la República, luego de que esta entidad emitiera una investigación dando cuenta de contrataciones irregulares en Codelco y, además, por un dictamen en el que cuestionó los $ 511 millones que recibió Augusto González, exdirector de la cuprera, como indenmización al salir de la compañía en 2015.

    Cambios en los sueldos

    Según consigna el documento, el año 2012 la compañía conformó su staff de ejecutivos rol privado con Gabriel Gutiérrez, quien asumió como gerente general; Víctor Chaura, como director de operaciones; Juan Barturen, director de procesos; y Renato Sepúlveda, como director de administración.

    Los contratos suscritos por los ejecutivos, además, consideraban algunas cláusulas que les otorgaban importantes beneficios. Por ejemplo, la cláusula cuarta establecía que “el sueldo base mensual se reajustará cada cuatro meses en el 100% de la variación que experimente el IPC durante el período”.

    La cláusula quinta consignaba un bono anual de desempeño, el cual se aplicaría “en función del cumplimiento del convenio del desempeño que se fije entre el directorio y el gerente general, el que variará entre 0 y 3 sueldos mensuales por año”. Esta cláusula también fijaba una indemnización por años de servicio, que consistía en un mes de sueldo por año de servicio a todo evento.

    No satisfecho con este cuadro, el gerente general de Molyb le envió una carta al presidente del directorio de la firma, Rodrigo Toro, el 18 de enero de 2013. En ella le solicitó autorización para llevar a cabo ajustes remuneracionales para los cargos directivos y gerencial de la empresa. Posteriormente, Toro accedió a la petición y la aprobó, lo que permitió el incremento en la remuneración en un 10% y la incorporación de un bono adicional al establecido en los contratos iniciales de Gutiérrez, Chaura, Barturen y Sepúlveda.

    Estos cambios fueron los que, entre otras cosas, permitieron los pagos de los bonos por cerca de $ 400 millones para estos cuatro ejecutivos, entre 2012 y 2014: $ 50,89 millones en 2012; $ 138 millones en 2013 y $ 204 millones en 2014.

    Sin embargo, el auditor que realizó la investigación detectó que la aprobación de los beneficios económicos se realizó sin contar con la mayoría de los votos del directorio, tal como lo establece la escritura de constitución de Molyb respecto de las facultades de administración.

    “Por tanto, la carta (emitida por el presidente del directorio, Rodrigo Toro) que otorga aumento de remuneraciones por sobre lo dispuesto en los contratos individuales de trabajo de los directivos de Molyb, no cuenta con la firma de los restantes directores, tampoco en las actas de directorio proporcionadas para su revisión se evidenció que el aumento de remuneraciones cuente con estas autorizaciones”, consigna el informe preliminar de la investigación interna, al que accedió Radio Bío Bío.

    Añade que “bajo la misma condición se encuentra el otorgamiento de bono de desempeño por adicional y complementario al fijado en los contratos iniciales de los directivos, el cual sólo tiene la aprobación de don Rodrigo Toro U., careciendo de antecedentes que hayan sido proporcionados al equipo de auditoría para dar fe de que el directorio de Molyb autorizó el pago de estos emolumentos al gerente general y directores de la empresa”.

    Todas estas actuaciones -detalla el documento-, a su vez, implicaron incumplimientos del gobierno corporativo de filiales de Codelco respecto de bonos de desempeño adicional y en la implementación de un sistema de gestión de desempeño de Codelco en la filial.

    Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco

    Otras irregularidades

    La investigación interna también detectó que ejecutivos de Molyb giraron cheques infringiendo el cumplimiento de poderes sobre acuerdos bancarios y la normativa de Codelco respecto de filiales y coligadas.

    El 13 de julio de 2013, Renato Sepúlveda, director de administración, emitió un cheque por $ 17,17 millones enviado a depósito a la Caja de Compensación Los Andes. El documento era por concepto de becas de estudios correspondiente a Sepúlveda y a Víctor Chaura, director de operaciones. De este modo, Sepúlveda recibió $ 9,17 millones y Chaura $ 8 millones.

    Posteriormente, el 17 de diciembre de 2014, se emitieron dos cheques para el pago de becas de estudio ante la caja Los Andes: uno por $ 10,06 millones para Víctor Chaura y otro por $ 9,06 millones para Renato Sepúlveda. En total, los cheques girados ascendieron a $ 36,28 millones: $ 18,23 millones a nombre de Sepúlveda y $ 18,05 millones para Chaura.

    “Realizada la revisión de los libros y liquidaciones de remuneraciones desde 2013 a noviembre de 2015, se constató la inexistencia de estos registros en los procesos de cálculos de remuneraciones de estos dos directivos de Molyb, es decir, los montos pagados a la CCAF Los Andes nunca formaron parte de los haberes por concepto de bono de desempeño, ni en los meses en que fueron giradas y pagadas las becas, ni en los meses posteriores revisados hasta noviembre de 2015”, consigna el informe preliminar de auditoría.

    En vista de estos y otros antecedentes, el auditor determinó que no se cumplió con la normativa de gobierno corporativo de filiales y coligadas. Esta norma establece que, obligatoriamente, la facultad de representación ante instituciones bancarias se ejercerá de forma conjunta por al menos dos apoderados autorizados por la empresa. A ello se suma que los poderes bancarios de Molyb disponen que la facultad para girar, depositar y/o efectuar transacciones bancarias le corresponde conjuntamente a los cargos directivos de la empresa, es decir, al gerente general y a los directores. En este caso, la potestad la ejecutó de forma exclusiva el director de administración.

    La auditoría también identificó fallas en la contratación de la dotación de operación de la filial de Codelco.

    El 1 de diciembre de 2014, Gabriel Gutiérrez envió una carta al superintendente de Recursos Humanos de Molyb, autorizando la contratación directa de 30 profesionales que él consideraba imprescindibles para la formación de las distintas áreas de la dirección de operaciones. Considerando que a diciembre de 2015 existía una dotación de 58 personas contratadas por Molyb, las contrataciones realizadas de forma directa correspondían al 52% del total de la dotación.

    Al revisar los antecedentes en torno a estas contrataciones, el auditor encontró que existían dos casos en los que los exámenes preocupacionales demostraban alteraciones que contraindicaban su desempeño temporal. También identificó tres casos en los cuales estos contaban con referencias de personal de Molyb.

    A la luz de los antecedentes revisados, según consigna el informe preliminar, el auditor determinó que el proceso de contrataciones no cumplió con las disposiciones de gobierno corporativo que tiene Codelco para sus filiales. Este dispone que “la gestión y provisión de cargos deberá ser un proceso informado, transparente, trazable, auditable y que no discrimine, considerando los méritos para el cargo y el aporte para la empresa”.

    Por lo tanto, consigna el informe preliminar, “parte de las plazas han sido completadas con dotación elegida de manera directa careciendo estas contrataciones del proceso de reclutamiento normado por la propia empresa”. Además, este proceso debió haber sido aprobado por el directorio de Molyb en su conjunto, lo que tampoco ocurrió.

    Otra irregularidad detectada en el informe preliminar, pero que no habría sido incluida en el informe final, consiste en que en el período analizado -desde principios de 2013 hasta fines de 2015-, Molyb realizó 77 órdenes de compra, de las cuales 66 (85,71%) fueron contratadas a través de asignación directa, seis (7,79%) por medio de licitación privada y cinco (6,49%) con un proveedor único.

    El documento consigna que esta situación corresponde a un incumplimiento de las disposiciones del gobierno corporativo de las filiales. Este estipula que “se deberá propender a hacer todas las compras mediante licitaciones públicas y bajo circunstancias calificadas por licitaciones privadas”. Además, encontró que existen algunas solicitudes de pedidos confeccionadas después de la fecha en que se firmó el respectivo contrato.

    ¿Qué medidas se tomaron en Codelco a raíz de todas estas irregularidades? Desde la estatal detallan que “el proceso de auditoría no ha culminado y está próxima la determinación de recomendaciones”. Pese a ello, destacan, “de modo de responder institucionalmente a las posibles debilidades de la estructura corporativa de la filial, se determinó el fortalecimiento de su directorio, modificando su integración al incorporar directores profesionales externos a Codelco, reforzando la necesidad de hacer respetar el cumplimiento de las facultades de administración”. En ese proceso fue removido de la mesa Rodrigo Toro, aunque sigue desempeñándose como vicepresidente de comercialización de la matriz.

    Consultados sobre las sanciones específicas a los ejecutivos involucrados, comentan que “se debe considerar que las irregularidades identificadas son desviaciones a los procedimientos administrativos y no constituyen delitos ni fraudes. Dado que la auditoría no ha finalizado, no es posible referirse a potenciales sanciones, en tanto que no han sido informadas a los involucrados ni se ha desarrollado la etapa de apelaciones”.

    La fiscalización de Contraloría

    Luego de que la auditoría de la Contraloría General de la República detectó irregularidades en algunas contrataciones de Codelco, le hizo llegar los antecedentes al Ministerio Público, entidad que inició una investigación para determinar si se cometieron presuntos delitos de negociación incompatible o fraude al Fisco. Dentro de las irregularidades detectadas por el ente contralor destaca que Codelco firmó un contrato con Hatch Ingenieros y Consultores, por $ 31 mil millones, empresa proveedora cuyo representante legal tenía vínculos con un directivo de la estatal, sin informar de esta operación a la Contraloría ni a la Cámara de Diputados, como establece la Ley.

    En tanto, el dictamen emitido por el ente contralor sobre los más de $ 500 millones pagados a un exdirector por su retiro de la empresa, ha puesto en el centro del debate cómo debería ser considerada la empresa estatal. “Debe aclararse qué somos en Codelco, si empresa o un servicio público. Porque yo entré a una empresa minera”, afirmó este domingo a El Mercurio Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de la cuprera estatal.

    La preocupación que tiene la firma estatal se ha traspasado también a Metro y ENAP, donde consideran que el criterio que se debe aplicar es que sean consideradas como empresas públicas y no como servicios públicos.

    Pese a la postura de Codelco, que incluso pidió a la Contraloría reconsiderar su dictamen, lo que fue rechazado, el ente contralor inició una fiscalización a la estatal para indagar directamente cómo maneja los recursos en sus procesos de desvinculación de sus funcionarios.

    En medio de esta pugna, mañana el contralor Jorge Bermúdez irá a exponer a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados sobre los dictámenes que emitió sobre Codelco en relación a planes de retiro e indemnizaciones por años de servicio.

    Más allá de este debate, los antecedentes sobre contrataciones irregulares realizadas en Codelco, entre ellas la de Hatch por $ 31 mil millones, no fueron las únicas situaciones anómalas que identificó la investigación de la Contraloría, realizada entre enero de 2013 y diciembre de 2015.

    También detectó, de acuerdo a fuentes que conocen dicha auditoría, gastos excesivos para fiestas de fin de año: en una celebración por Navidad se gastaron cerca de $ 60 millones (US$ 90 mil), mientras que en un festejo por Año Nuevo se desembolsaron en torno a $ 175 millones (US$ 260 mil). A ello se añade que se encontró la existencia de una “caja para gastos misceláneos” que asciende a casi $ 114 millones (US$ 170 mil).

    Otras situaciones cuestionadas por el ente dirigido por Jorge Bermúdez están relacionadas con contratos de asesorías ligadas a personajes políticos, entre ellos el exministro y exdiputado Jorge Insunza (PPD), antecedente que, de todos modos, había salido a la luz pública a mediados de 2015 y que implicó la salida de Insunza de su cargo de ministro secretario general de la Presidencia.

    Además de Insunza, y de acuerdo a fuentes que conocieron el contenido de la auditoría, la Contraloría habría detectado prestaciones de servicios de otros funcionarios gubernamentales a Codelco.

    Nuestro comentarios son un espacio de conversación y debate. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.
    Ver los comentarios (0)