Unos 1.400 ex trabajadores de la minera no metálica se querellarán este lunes contra los hermanos Julio y Luis Eugenio Ponce Lerou. Los acusan de estafa y apropiación indebida de los beneficios de las acciones que accedieron vía capitalismo popular.

Un nuevo flanco judicial buscan abrir cerca de 1.400 ex trabajadores de SQM contra Julio Ponce Lerou, y su hermano Luis Eugenio, por hechos relativos a estafa y apropiación indebida de acciones de Pampa Calichera que les fueron entregadas en 1985 a cambio de beneficios laborales.

La acción judicial será presentada este lunes a las 11:00 horas en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago en contra de ambos hermanos Ponce Lerou y todos quienes resulten responsables. Lo anterior, según dice el libelo al que tuvo acceso Radio Bío Bío, [revísalo al final de esta nota] “por la participación que les cabría como autores, cómplices o encubridores de los delitos contemplados en los artículos 468 (…) que tipifica figuras penales relativas a la estafa y la apropiación indebida, respectivamente, en carácter de continuados”.

Los trabajadores, que son representados por el estudio Ibáñez & Kandora, también han tomado contacto con la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para que estudie el tema, asegura Hugo Herrera, uno de los impulsores de la acción legal. Según dicen, recorrieron durante dos años el país contactando a sus ex compañeros de SQM, logrando reunir a aproximadamente 1.400, todos individualizados en la querella, de unos 4.500 que originalmente accedieron a acciones de Pampa Calichera.

Capitalismo popular

El caso se remonta a 1983, cuando Corfo emitió una resolución mediante la cual permitió la venta de hasta el 30% de las empresas del Estado, incluyendo a SQM. Ese mismo año, la compañía se convirtió en sociedad anónima ante la SVS y se inscribió en el registro de valores de la Bolsa de Comercio de Santiago. Julio Ponce Lerou era presidente de SQM y, en paralelo, gerente general de Corfo cuando se efectuaron dichas modificaciones.

En los hechos, ese era el inicio del llamado “capitalismo popular“, un programa que impulsó la dictadura que prometía “hacer de los trabajadores propietarios y no proletarios”. Así, mediante la apertura de un porcentaje relevante de SQM, los trabajadores podían acceder a su propiedad. A cambio, la compañía no les pagaría las utilidades que lograra por sobre las gratificaciones garantizadas.

En junio de 1985 los trabajadores de SQM entraron a la propiedad de la compañía, luego de una negociación colectiva que estaba agendada para noviembre de ese mismo año, pero que fue adelantada. Según dicen en la querella, dicha anticipación, que contó con la aprobación de la administración de SQM y algunos dirigentes sindicales, fue precedida de una reunión con el general Augusto Pinochet, quien les habría prometido las acciones. El efecto, sin embargo, de anticipar la negociación colectiva, aseguran, les impidió ejercer su derecho a huelga.

A esas alturas, los trabajadores no tenían muy claro qué beneficios laborales tenían pendientes ni menos las reales razones ni efectos que implicaba permutarlos por acciones de SQM. “No comprendíamos los trabajadores de qué acciones se trataba, solamente teníamos conocimiento que el general Pinochet nos ‘regalaba’ acciones y, por esa razón, nos otorgaron en ese momento -como bono por término de conflicto laboral- la suma de $31.000“, dice el libelo. “Estas acciones pasaron a constituir un fondo denominado ‘Fondo de Indemnización por Retiro en Acciones SQM S.A.’, el cual quedó consagrado y reconocido en un Reglamento ad-hoc dictado posteriormente por la propia empresa con fecha 30 de septiembre de 1985, y que estableció que las acciones del mencionado fondo quedaban en depósito en Soquimich S.A“, agrega.

Aunque no hubo formalismos de por medio, las acciones que ahora pertenecían a los trabajadores eran prendas a favor de SQM. Por tal motivo, sus propietarios no podían disponer libremente de ellas hasta que dejaran de ser trabajadores de la empresa. Lo anterior, dice la querella, “tenía como finalidad obtener, por los que maquinaron esta estrategia, que nuestros beneficios laborales -ahora convertidos en acciones SQM- pudieran ser utilizados más adelante para tomar el control de la empresa SQM S.A. El primer paso era lograr convertir nuestros beneficios laborales en acciones, lo que se logra ese año 1985. Nuestras acciones SQM son, ahora, el próximo objetivo a conseguir”.

Se crea Pampa Calichera

Legalmente, los trabajadores podían llegar hasta el 20% de SQM a través del programa denominado “capitalismo popular”. Hasta la creación del ‘Fondo de Indemnización por Retiro en Acciones SQM S.A.’, en 1985, tenían cerca del 5%, más otro porcentaje menor que pertenecía a ejecutivos y supervisores.

“Una vez que se hubo celebrado el Convenio Colectivo de 1985 fruto de la negociación colectiva adelantada, los ejecutivos de SQM S.A. discurren la nada inocente idea de que esas acciones provenientes del Fondo de Retiro fueran utilizadas con el objetivo que los trabajadores adquiriéramos más acciones de SQM S.A. En apariencia, el fin era noble y justificado en beneficio nuestro”, dice la querella. “Para dicho objetivo se nos sugiere que adoptemos algún mecanismo de organización jurídica para poder concurrir a la banca con el objeto de obtener los préstamos necesarios para la adquisición adicional de acciones de SQM S.A”, agrega.

Dicho mecanismo era la creación de Pampa Calichera, la primera sociedad cascada mediante la cual Julio Ponce Lerou controla indirectamente SQM en la actualidad. Calichera fue formada por cuatro ejecutivos de SQM y el 29 de diciembre de 1986 realizó un aumento de capital para incluir a sus nuevos socios. Así, quedó constituida en 86% por los trabajadores, quienes aportaron como capital las acciones que tenían de SQM y que estaban en su fondo; otro 12,46% por los supervisores; y otro 1,54% por los ejecutivos.

“Los trabajadores que éramos accionistas de SQM fuimos inducidos, sin saber las consecuencias de nuestros actos, a transferir nuestras acciones para entregarlas a una nueva sociedad que haría uso de ellas para adquirir más acciones de SQM S.A”, dice el libelo. De hecho, el reglamento del fondo que habían constituido establecía que no se podían disponer de ellas, de ninguna forma, hasta que dejaran de trabajar en SQM.

Pese a que los trabajadores aseguran que sus acciones no podían ser utilizadas como prendas de garantía, pues nunca se legalizó ese acto, Pampa Calichera consiguió dos créditos, de los bancos Español y A. Edwards, con esas acciones como garantía. Además, SQM le cursó un “crédito enlace”, que luego fue pagado con otro préstamo que consiguió la sociedad con BancoEstado. Todos esos créditos fueron utilizados para adquirir más acciones de SQM y así llegar hasta el 20%.

Todo lo anterior formó parte del denominado “Plan Cachucho Siete”, que propagaron los ejecutivos de SQM entre los trabajadores. Dicho plan, dice la querella, “señalaba que una vez pagados los créditos bancarios para adquirir las acciones SQM, es decir, en el año 1992, se procedía a disolver la sociedad Pampa Calichera S.A. y se nos entregaba a los trabajadores 3,8 acciones SQM por cada acción SQM aportada al negocio”.

Nada de eso ocurrió. Pampa Calichera aún sigue operando y los trabajadores acusan que se les devolvió, en algunos casos, sólo la acción original. El resto y las irregularidades vinculadas a los créditos, dicen, son un misterio. Aunque, la creación de nuevas sociedades cascadas “aguas arriba” dan algunas pistas de qué sucedió.

Un nuevo fondo y nuevas sociedades cascada

En paralelo a las gestiones que hacía Pampa Calichera, en 1987 los trabajadores de SQM entraron nuevamente en negociación colectiva. Producto de esa negociación se creó el “Fondo de Indemnización por Retiro en dinero”, constituido por utilidades de la empresa que excedieran el valor que se pagaba por las gratificaciones. “Así, una vez que esos fondos quedaban cautivos y sin posibilidad de ser retirados, se discurrió por la administración de SQM S.A. que los trabajadores ahora le prestaríamos esos dineros del Fondo de Retiro a Pampa Calichera S.A., habiendo expresa prohibición para ocupar dicho beneficio en otras necesidades que no fueran las pactadas, prohibición establecida por la propia empresa SQM S.A”, dice la querella.

Pero nuevamente, el 12 de septiembre de 1986, esos fondos fueron cedidos a Pampa Calichera a solicitud de la Federación Nacional de Trabajadores del Salitre, liderada por Luis Rojas Alfaro, quien –además- fue uno de los cinco accionistas fundadores de Calichera, llegando a ser posteriormente vicepresidente de la misma. Ejecutivos y supervisores no formaron parte de esa operación, pues entre febrero y mayo de 1988 constituyeron Norte Grande (1, 2 y 3) y Oro Blanco, las sociedades cascada “aguas arriba” que más tarde se harían del control de Pampa Calichera.

“Julio Ponce Lerou, -a esas alturas de regreso en la presidencia de SQM S.A.- debiendo actuar como protector y depositario de la confianza de los trabajadores de la empresa en su calidad de Presidente del Directorio, se aparta de sus funciones, especialmente la de resguardar el beneficio consagrado en el Convenio Colectivo de 1987, y permite que se entregue –a solicitud de los dirigentes de la Federación Nacional- el Fondo de Indemnización por Retiro en Dinero a la empresa privada Pampa Calichera S.A., sin contar con el consentimiento de los trabajadores y sin cumplir con el mandato obligatorio de las leyes”, relata la acción judicial.

Los trabajadores alegan que cuando dejaron SQM, se les restituyó solamente la suma nominal de dinero prestado, sin ningún tipo de reajuste o interés, y “lo que es más grave, nunca nos entregaron las acciones Pampa Calichera correspondientes que se adquirieron con dichos préstamos capitalizados”. Y los que se quedaron en la empresa buscaron vender sus acciones, aunque no se les permitió completamente.

En efecto, pues Pampa Calichera permitió que se vendiera hasta 10% de su propiedad a nuevos trabajadores de SQM. Es en este punto donde aparece nuevamente la figura de Ponce Leru como factor calve. “Este porcentaje accionario de los trabajadores que vendieron (10%) habría sido destinado a ser adquirido por la sociedad Oro Blanco S.A., permitiendo su captura por la misma”, dice la querella, la cual agrega que dicha venta incluye las tres acciones que se le prometieron a los trabajadores por cada una con las capitalizaron a Calichera inicialmente.

“Resulta muy curioso que los ideólogos de este mecanismo hayan podido en tan breve tiempo y sin contar con un patrimonio equivalente, constituir otras sociedades como las que nacen a partir de 1987 (Inversiones del Mar Limitada, Inversiones Forestales S.A., Norte Grande Uno S.A, Norte Grande Dos S.A. y Norte Grande Tres S.A., Oro Blanco S.A., Pampa Grande S.A.) y en menos de 2 años una de ellas, Oro Blanco S.A. –ligada a Julio Ponce Lerou y parientes-, haya logrado obtener el control del 17,4% de Pampa Calichera S.A. en 1990, y, por consecuencia, de SQM S.A. en la actualidad. ¿Con qué dineros se compraron esas acciones? No hay otra respuesta posible que la que señala que se hizo con los préstamos de nuestros fondos de retiro”, concluye la acción legal.

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