En prisión preventiva quedaron dos de los tres detenidos en un allanamiento en Cañete, en el cual se incautó carne y vehículos robados, pero lo más grave, prácticamente un arsenal de armas de fuego.

La resolución de la Corte de Apelaciones revocó el fallo que había decretado cautelares menores, pero rechazó los cargos por asociación ilícita.

Fue la Fiscalía y el Gobierno los que recurrieron a la Corte de Apelaciones de Concepción, luego que el Juzgado de Garantía sólo decretara cautelares menores para los tres detenidos, imputados por asociación ilícita, receptación de carne y vehículos, además de porte ilegal de armas y municiones.

A Cristóbal Aniguir Aniñir y Angélica Aniguir Jara, el juez de Cañete los había dejado con firma semanal y arraigo nacional, mientras que Mónica Aniñir quedó con arresto domiciliario, luego de acoger los argumentos de la Defensoría Penal, en cuanto a que no había pruebas sobre la asociación ilícita y tampoco de que los imputados conocieran el origen de las armas, la carne y los autos.

Ante el tribunal de alzada, la defensora, Francisca Villalobos, insistió en el desconocimiento de las mujeres sobre las especies incautadas, argumentando incluso que podrían ser personas a las que se arrienda parte del terreno donde viven.

“No hay antecedentes que vinculen a mis representadas, sino hasta el hallazgo, hasta la orden de entrada y registro”, indicó la defensora.

Además, se insistió en que el hombre detenido no podía saber de la existencia de las armas y los vehículos, pues él tendría una visión disminuida. Sin embargo, al asegurar que el problema de Cristóbal Aniguir es leve, el fiscal Juan Yáñez subrayó que no es creíble que alguien no sepa de quién son las cosas que están en su casa.

“¿Será entendible que nadie se dé cuenta que están unas camionetas, además de armas de fuego, además de carne, y además de todas las cosas en mi casa, y yo digo, no sé de dónde vienen?”, cuestionó el abogado a los imputados.

Prisión preventiva para dos de los tres imputados

Finalmente, los argumentos de la defensa fueron desechados y los ministros de la Segunda Sala revocaron la resolución del Juzgado de Cañete y otorgaron la prisión a dos de los tres acusados, subrayando en la gravedad de los ilícitos y el que se cometieran en grupo, de acuerdo a la sentencia leída por el relator Felipe Vega.

En lo que sí coincidió la corte con el juez de Garantía, Cristian Rosenberg, es en la falta de pruebas para acreditar la asociación ilícita, señalando que ese delito no puede imputarse con los antecedentes de la carpeta investigativa.