Preocupados se mostraron algunos miembros del consejo asesor para la implementación de la educación pública quienes acusaron una falta de voluntad de parte de las autoridades de Gobierno para reunirse y analizar el avance de las recomendaciones que hizo la instancia en línea con una mejor implementación de la ley para el traspaso de colegios públicos a servicios locales de educación.
Elementos estructurales que, de no ser modificados, no terminarán con los problemas que hoy presentan algunos servicios, señalan los expertos.
Teresa Flores, académica del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile e integrante del grupo, acusó desatención de las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) por el trabajo de la instancia y criticó que no haya existido una continuidad de su labor durante este año.
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También se refirió a la situación Cristián Beley, miembro del consejo, sociólogo de la Universidad de Chile, máster en Política Educacional y doctor en Educación de Harvard.
A su juicio, si bien es importante revisar los plazos de implementación de los servicios locales, si no se introducen los cambios que se proponen en la evaluación intermedia simplemente se estará “chuteando el problema”.
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Gobierno se defiende
La directora de Educación Pública, Alejandra Grebe, desestimó las críticas por la gestión.
Así, indicó que en el recorrido que se hace por los servicios locales, donde sí se conversa con los actores relevantes, la opinión sería distinta, cuestionando que se les busque evaluar como si llevarán una década de funcionamiento.
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En tanto, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, no se cerró al envío de un proyecto de ley para suspender el proceso de traspaso, algo que han solicitado alcaldes y parlamentarios de todos los sectores.
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Aldo Casinelli, director de Planificación Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores, sostuvo que el traspaso de colegios municipales a los nuevos servicios locales es equivalente a los que significó la implementación de la reforma procesal penal.
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La polémica causó reacciones en la carrera presidencial, específicamente de la carta de Nuevo Pacto Social, la senadora Yasna Provoste (DC).
En concreto, la legisladora citó informes de la Contraloría, documentos que dan cuenta de los problemas de gestión que han existido en la implementación de la ley.
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La Comisión de Educación del Senado ya acordó abordar en Sala las problemáticas que ha tenido la puesta en marcha de la nueva educación pública.