El Consejo de Rectores (Cruch) buscará conseguir una ley corta que permita suspender el proceso de la fijación de los aranceles regulados y pide instalar una mesa de trabajo, para superar las marcadas diferencias que tienen con el ministerio de Educación.

Luego del voto de rechazo unánime que emitió el último pleno del Consejo de Rectores contra el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, por la forma en que ha llevado adelante la discusión de los aranceles regulados y las marcadas diferencias con el Mineduc, el Cruch buscará el apoyo de los parlamentarios para que impulsen una ley corta, que postergue su implementación.

Así lo confirmó a Radio Bío Bío el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi, quien además sostuvo que es necesario instalar una mesa de trabajo para superar las diferencias con la subsecretaría de Educación Superior.

Desde el G9 también ratificaron su intención de que se impulse una ley corta. El vicepresidente y rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Christian Schmitz, argumentó que la petición obedece a la falta de voluntad política del Mineduc para aplazar el tema, agregando que en el mediano plazo, también se debe revisar la ley de educación superior.

El integrante de la comisión de Educación del Senado, el socialista Carlos Montes, señaló que se está explorando la posibilidad de resolver este punto por la vía legislativa; sin embargo aclaró que es resorte del Ejecutivo este tipo de iniciativas.

El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, en tanto, negó que no existan canales de diálogo para abordar la materia de los aranceles regulados, indicando que en los próximos días se reunirá con algunos rectores.

Además de los cuestionamientos de fondo al modelo que se están usando para el cálculo de los aranceles regulados, en una primera etapa de las carreras de derecho y pedagogías, en el Cruch además consideran inoportuno los cambios en estos momentos, debido a los menores ingresos y mayores costos que han debido enfrentar las instituciones producto de la pandemia, sumado a la restricción del Gobierno para el uso de los excedentes del crédito del fondo solidario.