Megatoma de San Antonio: el video que revela que dueños ofrecieron predios en 2019 a ocupantes

—1, 2, 3, 4… 13. 13 paños. Actualmente existe subdivisión del terreno en 13 paños. ¿Y se puede vender? Sí, se puede vender.

Luis Medel. Ese es el nombre que más se repite en la megatoma de San Antonio, campamento habitado por más de 10 mil personas, cuyo intento de desalojo puso en jaque a vecinos, ministros y asesores de Gobierno este verano.

Prácticamente todos los habitantes del paño de 260 hectáreas emplazado en el límite con Cartagena lo sindican a él, quien figura en registros oficiales en calidad de socio de la empresa dueña de los terrenos, como la persona que —en 2019— “los invitó” a ocupar el predio.

Y aunque esa versión se contrapone a las acciones judiciales iniciadas por la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. en 2022, ésta encontraría respaldo en un video —al que accedió BBCL Investiga— en el que se ve al agente de la firma promocionando los predios.

—Yo les voy a dar a ustedes todos los pasos a seguir —se le escucha decir en la pieza audiovisual registrada a las pocas semanas de iniciada la ocupación, desclasifican conocedores de la instancia.

Del estallido a los 10 mil ocupantes

La historia va así. Según entrevistas en terreno y documentos judiciales y gubernamentales analizados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, la megatoma comenzó a construirse el 19 de octubre de 2019. El mismo día en el que el estallido social escaló a regiones y explotó fuera de Santiago.

El crecimiento fue, simplemente, descontrolado. Las cifras oficiales hablan por sí solas. Lo que empezó con un par de familias, hoy agrupa a 10.251 personas. De ese total, 8% son adultos mayores. Los extranjeros sólo representan el 13%. La mayoría son haitianos y casi el 80% tiene residencia definitiva o la está tramitando. La edad promedio de quienes habitan el lugar es de 40 años. Familias jóvenes donde el 86% de ellas trabaja. En su mayoría, grupos que se componen de tres integrantes (mamá, papá y un hijo) y predomina una jefatura de hogar femenina.

Mónica Sánchez es parte de esos números. Ya cumplió cinco años en la toma. Fue una antigua amiga la que le escribió por WhatsApp que, el propio Luis Medel, estaba vendiendo unos lotes ahí. Mónica ni siquiera se lo pensó. Con una orden judicial encima que la obligaba a hacerse cargo de sus bisnietos, tomó sus pocas cosas y se fue de Santiago.

—Esta fue la posibilidad de nosotros de empezar una nueva vida —dice a BBCL Investiga sentada en el frontis de su casa que da hacia un paisaje que mezcla los tonos verdes, azules y rocosos de la costa sanantonina.

Mientras encapuchados y policías se enfrentaban en prácticamente todas las ciudades de Chile, la Nona —como la conocen en la toma— subió, junto a otras siete familias, al predio de la inmobiliaria.

Los primeros días los pasó adentro de una carpa compartida y cocinando en ollas comunes. Al poco andar invirtió sus retiros de la AFP, bonos estatales y unos pesos que tenía ahorrados para comprarse una mediagua. Más tarde, la fue ampliando, igual que sus vecinos.

Mónica vivió feliz durante esos cinco años. Hasta logró que sus bisnietos tuvieran promedios sobresalientes en el colegio. Son “cabros” buenos y tranquilos, no como la juventud de ahora, asegura.

Sin embargo, esa felicidad se le vino abajo a mediados de febrero de este año, cuando le avisaron que tenía que desalojar su casa. Casi se murió. Literalmente. Le dio un infarto que la mandó directo al hospital.

—Vivíamos espirituados. O sea, pensamos que iban a venir a quemar nuestras casas. Era algo terrible que nos vengan a hacer tirar las cosas.

Pero ni los quemaron ni los desalojaron. Mónica y otras 4.135 familias siguen viviendo ahí.

Pastores en la toma

La toma está dividida actualmente en cinco polígonos: Fuerza Guerrera, Vista Hermosa, Agua Salada, Manuel Bulnes y Centinela. Cada uno tiene una organización vecinal propia y cada una ha levantado desde huertos, locales comerciales y centros comunitarios, hasta anfiteatros e iglesias.

Carlos Mellado y Judith Latorre llegaron en 2021 a la toma. Arrendaban en San Bernardo, región Metropolitana, hasta que los dueños les pidieron el departamento. Sin trabajo, con la pandemia en su punto más álgido, se quedaron sin nada. Menos con un techo. Fue un hermano de la iglesia a la que iban en la capital quien les comentó sobre San Antonio. Sin nada que los retuviera, armaron una carpa y se fueron junto a su hijo.

Al poco andar, terminaron convertidos en los pastores de una incipiente comunidad evangélica y, con ofrendas, levantaron el templo Uno más para Cristo, en el corazón del polígono La Hermosa.

—Nosotros nos vinimos como hermanos en Cristo. Yo seguí (a mi esposo). Él dijo: “Bueno, aquí está la oportunidad, vámonos”. No voy a negar que tuve un poquito de temor ¡Mujer de poca fe! Él veía la casa construida en el terreno, yo no veía nada, veía puro pasto —confiesa Judith.

A pesar de que admiten que es contradictorio que pastores estén en un terreno que no les pertenece, insisten en que a ellos se les prometió comprar su espacio. Al igual que Mónica Sánchez, sostienen que fue el propio representante de la inmobiliaria, Luis Medel, quien hizo una reunión para entregarles los detalles de montos y espacios. Lo vieron en el video.

—Estamos habitando este lugar y no nos pertenece. Nosotros sabemos que es contradictorio que pastores estén en una toma, porque nosotros hablamos de integridad ¿cierto? Hablamos de que uno no tiene que robar y la mayoría de la gente nos tilda, a todos los que vivimos acá, de ladrones y de sinvergüenzas —reflexiona ella.

Carlos y Judith atienden a BBCL Investiga en una pequeña salita pastoral. Afuera el ajetreo es evidente: la iglesia sigue expandiéndose aun con la amenaza inminente del desalojo.

—O sea, si tú me preguntas a mí por el día que a nosotros nos dijeron que nos iban a desalojar, en una oportunidad sentí temor. Me acuerdo que me arrodillé y le dije, “Señor, si tú me trajiste hasta acá, ¿cómo nos van a sacar de aquí?”. Oramos con mi esposo y nunca más sentimos el temor —sentencia.

Auspicia la “fundación Padre Hurtado”

La iglesia de los pastores está emplazada en una de las “avenidas” de la toma. El camino, al igual que el resto de las arterias que conforman el asentamiento, llama la atención por sus medidas. Cada una tiene las dimensiones exactas que disponen las normas urbanísticas chilenas. Avenidas, calles y pasajes fueron cuidadosamente diseñadas.

—¿Quién planificó todo esto?— consultamos a los vecinos en un recorrido por los distintos polígonos

La pregunta, sin embargo, no tiene una respuesta clara.

Algunos dirigentes plantean que habían vecinos que tenían “experiencia” en otras tomas y que contribuyeron a un diseño lo más cerca posible de la norma. El problema es que nadie da nombres de quiénes serían esos avezados pobladores. Otros, en tanto, apuntan directamente a la inmobiliaria dueña de los terrenos. Dicen que fueron ellos quienes les dieron las directrices.

La construcción de los caminos, aseguran, se hizo con maquinaria pesada. Los dineros, acotan, fueron reunidos entre todos para pagar a una empresa del rubro.

—Juntamos la plata y pagamos por hora —dice uno de los vecinos, quien también descarta que hubiesen tenido ayuda del narcotráfico, como había sido deslizado en los medios de comunicación.

Iván Poduje, arquitecto y urbanista que estudió el asunto, tiene una visión distinta. A su juicio, lo ocurrido en el asentamiento responde a una planificación meticulosa que requiere de varios recursos más que una maquina que abra paso a las arterias que comunican al asentamiento.

“Al ver la toma Centinela nos dimos cuenta que había una cierta regularidad en los trazados y que se parecía a los proyectos de loteos que hacemos nosotros como arquitectos. Las manzanas eran de 40×50… La única manera de tener un trazado perfecto como el de Centinela, es que tu tengas planos de arquitectura y urbanismo, topografía y apoyo de topografía, con drones o topógrafos y maquinarias”, dijo Poduje en entrevista con este medio.

—¿Con el suministro de agua cómo lo hacen?— inquirimos a los vecinos

—Auspicia la “fundación Padre Hurtado” —dice uno los dirigentes de manera irónica.

La “fundación Padre Hurtado”, en realidad, no es más que conexiones ilegales a la red de agua potable. En simple, el mecanismo consiste en hallar una matriz y desde ahí extender cañerías de PVC que conectan con los domicilios. La toma está llena de tuberías azules semienterradas frente a las casas que fueron instaladas por los mismos residentes.

Castigo… ¿simbólico?

El caso de la toma Centinela estalló de manera mediática en febrero de este año. La Corte de Apelaciones de Valparaíso había establecido el 27 de febrero como plazo fatal para desalojar a las más de 10 mil personas del cerro. La decisión era el punto culmine de un proceso judicial iniciado en enero de 2023. Es decir, más de dos años después de levantada la toma y luego de que se cayeran las negociaciones que mantenían los dueños del predio con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para expropiar parte de éste.

La idea era utilizar una franja para extender la Ruta de la Fruta, pero a través de un correo —fechado en junio de 2021— la Dirección de Vialidad comunicó su decisión de echar pie atrás.

“Puedo comentar a usted que el proceso de expropiaciones (…) fue desestimado dada la imposibilidad de realizar la desocupación de las tomas por parte de la Municipalidad”, reza el e-mail.

A juicio de la inmobiliaria, precisamente ese intercambio demostraba que el Gobierno estaba en pleno conocimiento de los asentamientos irregulares que, para ese entonces, seguían proliferando.

La ofensiva judicial de la inmobiliaria no sólo terminó en la orden de desalojo (que más tarde fue frenada en una negociación que incluyó al Gobierno, vecinos y dueños de los terrenos), sino también con una de las pobladoras condenada. Se trata de Katherine Sanhueza Ortega, a quien la empresa había acusado de haber usurpado de manera violenta sus terrenos. Una tesis que fue acogida parcialmente por la justicia: se acreditó que la mujer sí era parte de la toma, pero no se pudo comprobar que haya ingresado a los terrenos “por la fuerza”.

En la declaración que prestó ante el Juzgado de Garantía de San Antonio, la imputada contó que llegó ahí porque vivía de allegada en una casa que estaba rodeada de “problemas y drogadicción”.

“Fue algo masivo, subió toda la gente. Me dijeron: ‘Oye, la gente se está tomando los terrenos’ (…) Un dirigente me dijo que un representante de los dueños del terreno, don Luis Medel, había autorizado la ocupación y eventualmente una posterior venta”, atestiguó en tribunales.

El castigo contra Sanhueza bien podría decirse que fue simbólico: debió pagar 3 UTM. Es decir, poco menos de $200 mil.

Los cobros de Chilquinta en la toma

Penas aparte, los procesos judiciales contra Sanhueza pusieron sobre la mesa otro de los aspectos fundamentales de la toma: las conexiones eléctricas.

La condenada, al ser consultada por la fiscalía en el proceso penal, aseguró que ella “pagaba” por el suministro a Chilquinta, la concesionaria de capitales chinos a cargo de la distribución en gran parte de la región de Valparaíso. La versión de Sanhueza, sin embargo, se contraponía a la expresada por la compañía eléctrica. Y es que al ser requerida en el recurso de protección, la firma aseguró que “las viviendas e instalaciones de consumo que forman parte de asentamientos irregulares (tomas, campamentos, etc.), no pueden recibir servicio eléctrico de parte de la concesionaria”.

¿La razón? “No están en condiciones de acreditar la propiedad sobre el inmueble que recibirá el suministro o la autorización del propietario de dicho inmueble, requisitos exigidos por la normativa vigente”.

Pese a lo informado por Chilquinta en el proceso judicial, BBCL Investiga constató que, en al menos uno de los polígonos de la toma, la empresa sí cobró a los vecinos por el suministro eléctrico. Así consta en una boleta a la que accedió este medio. Fechada en mayo de 2023, la compañía cobró más de 2 millones de pesos a los vecinos bajo el concepto de “facturación de consumos irregulares”.

—¿Por qué Chilquinta decide realizar estos cobros a personas que están de manera absolutamente irregular en los terrenos?

“Los montos cancelados corresponden a pagos por consumos no registrados (CNR) de energía eléctrica, es decir por la electricidad consumida a través de conexiones o intervenciones irregulares. Este proceso, por el cual la empresa distribuidora puede realizar un recupero de la energía sustraída, está en conformidad a la normativa eléctrica vigente, tal como lo indica la Resolución Exenta N°1952 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles”, asegura la compañía mediante una declaración pública solicitada por Bío Bío.

—¿Cuánto dinero ha recibido Chilquinta de parte de comités/vecinos de la toma?

“De acuerdo al caso consultado, en nuestros registros constan sólo tres pagos realizados en relación a la energía consumida de forma irregular y que en ningún caso corresponde al total de lo consumido por las conexiones ilícitas efectuadas”, complementan.

El video: “Ahora les explico”

Según información recabada por BBCL Investiga, la intervención de Luis Medel a la que todos hacen alusión corresponde a una reunión realizada en una sede social a las faldas del cerro Centinela. De acuerdo a conocedores de la instancia, ocurrió a las pocas semanas de iniciada la toma y estuvo mediada por la Municipalidad de San Antonio.

Desde 1997, según el Conservador de Bienes Raíces local, las 260 hectáreas donde está emplazada la toma pertenecen a la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., representada legalmente por Ricardo Posada Copano, constructor civil, y Esteban Solari Bertoglia, ingeniero mecánico. Registros contenidos en el Diario Oficial analizados por este medio apuntan a Luis Medel como otro de los dueños de los predios, a través de una segunda sociedad: la Inmobiliaria Santa María de La Reina.

—Don Luis, permítame una pregunta (…) Si los vecinos dijeran, por ejemplo, quiero comprar este lote ¿está la posibilidad de que se venda y se inscriba?— se escucha durante los primeros segundos del video que circula en los teléfonos de los residentes de la toma y que hoy les sirve como argumento para haber ocupado los predios.

—A ver, ahora les explico…. —responde el personero.

Luis aparece vestido con una camisa celeste con rayas blancas. Usa un chaleco estilo cárdigan encima. Cada vez que agarra el papelógrafo gigante que tiene encima del escritorio, en los que están dibujados los planos, se agacha y expone su sobresaliente calvicie.

—1, 2, 3, 4… 13. 13 paños. Actualmente existe subdivisión del terreno en 13 paños. ¿Y se puede vender? Sí, se puede vender. Está inscrito. Pero lo que yo no puedo hacer, y les voy a explicar por qué, es decirles a ustedes les doy 200 metros a usted, otros dos mil. Hay que vender lotes completos —lanza con una gesticulación exagerada.

La gente interrumpe en un griterío fugaz. “Estamos de acuerdo”, se escucha de fondo.

—Pero los lotes son grandes. Entonces resulta que la plata que estamos hablando es mucha. Es mucha. Entonces, si se juntan mil propietarios y van a hablar conmigo y me dicen: “Tenemos la plata”. Entonces yo voy a decir, claro, pero tienen que urbanizar. Y para urbanizar, se necesita otro kilo de plata —prosigue.

Se sienta y comienza a leer las superficies de los lotes.

—Si nosotros no vendemos el lote completo no hay que urbanizar. (…) Yo les voy a dar a ustedes los pasos a seguir.

Los valores de antaño

La secuencia de imágenes expone durante seis minutos con cincuenta segundos que Luis Medel sí fijó un monto con la intención de venderles:

—Lo más posible es que ustedes me pregunten el precio. Bueno, qué quieren que les diga —continúa.

Otra vez un bullicio y de fondo resuena: “Somos gente pobre”.

—Ustedes saben que hay terrenos y terrenos. Hay unos que son planos, otros con vista al mar, otros que son quebradas. Entonces estamos hablando de 0,6 a 0,9 UF por el metro cuadrado.

El arquitecto que está a su lado comienza a sacar los cálculos de cuánto sería el total de lo que acaba de mencionar. A 0,9 la UF le dio un total de $24.800 pesos, según sus resultados. Eso lo multiplicó por los 200 metros cuadrados que tendría cada familia.

La gente también saca sus calculadoras del celular para estimar el total. Cuando se enteran del precio elevan otra vez la voz. Y los ánimos.

—Estamos hablando de casi $5 millones por un terreno de 200 metros. Eso es un abuso —lanza un presente.

El video se corta después de eso.

Bingo

Pese a la trascendencia de la pieza audiovisual, ni Luis Medel, ni la Municipalidad de San Antonio, ni la inmobiliaria, ni el Ministerio de Vivienda y Urbanismo estuvieron disponibles para este reportaje. Un alto funcionario municipal, en tanto, ratificó la veracidad del registro, aunque enfatizó que Medel “no llamó a tomarse el terreno”.

Sea como sea, ante el inminente desalojo de este verano, el Gobierno, dueños, municipalidad y vecinos debieron sentarse a hablar. A mediados de febrero entablaron una mesa para evitar un conflicto “desde el punto de vista humanitario”, según expresaron personeros del Ejecutivo. Tras una serie de reuniones, las partes acordaron un protocolo, ratificado por la Corte de Apelaciones, que frenó el destierro de las familias por seis meses.

La fórmula contemplada en el acuerdo consistía en que dentro de ese plazo las familias debían organizarse en cooperativas para adquirir los terrenos en un precio que aún no ha sido informado y que actualmente forma parte de las negociaciones. Un ostracismo que tiene a los vecinos con los ánimos crispados.

—Ese silencio nos parece agónico (…) No se nos da ninguna información —dice Karina Ayala, presidenta de la agrupación Nuevos Aires de San Antonio.

En total, se estima que a la fecha unas cuatro mil familias se han afiliado a las cooperativas que se han inscrito en la toma. Una vez finalizado ese proceso, deberán crear una federación, lo que les permitirá elegir una directiva que represente a todos los pobladores. Será esa mesa la que negociará un crédito para costear la compra, presumiblemente ante el BancoEstado o Coopeuch.

Mario Reyes, uno de los dirigentes de la toma, calcula que por cada terreno los vecinos deberán pagar entre 11 y 14 millones de pesos. Se trata, en todo caso, de una estimación que podría variar, dependiendo del acuerdo al que puedan llegar y de la extensión de cada predio. La idea es pagar el crédito en cuotas.

—¿Tú crees que los vecinos van a lograr poder reunir los dineros?

—Eso depende del trabajo de cada persona ¿cierto? Nosotros hemos hecho el trabajo de mostrarle cuáles son los caminos. Tenemos vecinos que viven, y no es cliché, de la pensión. Entonces, hemos peleado para que nos muestren otras opciones para los que no pueden pagar. La gran mayoría del cerro está dispuesto a pagar, a hacer este sacrificio.

Según Mario, “se hizo una encuesta masiva a los pobladores” para saber cuánto era lo máximo que podían pagar. La mayoría dijo que podrían desembolsar 100 mil pesos mensuales.

—Nos han dicho “venderemos pan amasado, sopaipillas, haremos un bingo”. Al final así es como el pueblo ha defendido siempre las necesidades: a través de los bingos. No debería ser así —se lamenta.