Corrupción municipal: millonarias estafas y presuntos fueros sindicales en Corporaciones

Separadas por 4,5 kilómetros, la administración de la salud y educación pública de la comuna no es lo único que tienen en común las Corporaciones Municipales de Conchalí y Quinta Normal: ambas habrían sufrido millonarias estafas a manos de un equipo de exfuncionarios, protegidos por dudosos fueros sindicales, resultando en un desfalco de fondos públicos de más de $6.400 millones de pesos.

Así lo acusan tres querellas que están siendo tramitadas en el Tercer y Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, en las que Leonardo Bravo, Denisse Corbalán, Alfredo Riquelme y Pamela Ulriksen son acusados de realizar maniobras ilícitas para apropiarse de fondos del Estado.

En todos los casos, la forma de actuar habría sido similar: eran contratados por la Corporación, cometían ilícitos en sus cargos, y al ser despedidos, presentaban un certificado de fuero sindical que complicaba su desvinculación, al ser parte de la directiva de sindicatos interempresa de los que sus empleadores nunca habían escuchado.

Modus operandi

Leonardo Bravo Gómez es un nombre que suscita preocupación en ambas organizaciones debido a la problemática herencia que dejó tras su mandato como Secretario General en ambas.

A pesar de estar acusado de múltiples delitos cometidos en su cargo, hasta hoy sigue con un contrato activo en la Corporación Comunal de Desarrollo Quinta Normal (CorpQuin), cobrando casi 6 millones mensuales. ¿La razón? Contar con fuero sindical por ser el tesorero del Sindicato Interempresa Clotario Blest Riffo, del que la Corporación nunca supo que era parte hasta su despido.

Bravo contaba con su puesto desde una elección llevada a cabo el 16 de febrero de 2021, en el cual participaron solo 4 de 26 socios, quedando 3 de ellos en puestos directivos y siendo el cuarto un dirigente de nombre Hugo Meneses Miranda.

Misma situación ocurrió en la Corporación Municipal de Conchalí de Educación Salud y Atención de Menores (Coresam) con Denisse Corbalán Silva – contratada por el mismo Leonardo Bravo – quien habría ascendido irregularmente a Secretaria General.

Corbalán también es la protagonista en una querella por múltiples delitos que habría cometido mientras fue Secretaria General, y tras su despido, también apareció con un certificado de fuero, por ser Tesorera del Sindicato Interempresa Teodosio Acevedo, pertenencia de la que Coresam tampoco había tenido conocimiento.

El mismo modus operandi ya había sido utilizado con anterioridad por otros nombres que aparecen en las denuncias de Conchalí y Quinta Normal: Alfredo Riquelme Torres, y su esposa, Pamela Ulriksen Ramírez, ambos privados de libertad por haber cobrado remuneraciones por trabajos no realizados y estafar a la Corporación Municipal de San Fernando.

Tanto en Coresam como en CorpQuin, Riquelme había sido contratado por Bravo, con quien mantenía una relación anterior al ser ambos parte de la Directiva del Sindicato Interempresa Clotario Blest Riffo. El trabajo consistía en realizar sondeos de opinión en el sector de la salud, manteniéndose años en el puesto con remuneraciones de alrededor de un millón y medio sin efectivamente hacer las labores. Incluso hubo tiempo en que se encontraba en prisión preventiva, imposibilitado de hacer las encuestas, pese a todo esto también recibió su sueldo.

Ambos habrían presentado fueros sindicales para impedir ser despedidos de sus puestos en distintos municipios, con Riquelme constatando fuero en cuatro instancias distintas, por pertenecer a la directiva de cuatro sindicatos interempresa diferentes.

Tanto Riquelme como Ulriksen también tienen presencia en la querella contra Corbalán. Esto al haber supuestamente convenido la celebración de un contrato simulado en que se habría incorporado irregularmente a Corbalán como tesorera del Sindicato Interempresa Teodosio Acevedo – mismo puesto que presentó tras su despido –, con el único fin de obtener fuero sindical y eludir su desvinculación.

Entre las irregularidades de la elección en la que Corbalán obtuvo su puesto de tesorera se encuentra que solo votaron 4 de 28 socios, que uno de los socios supuestamente habilitados se encontraba fallecido al momento de la elección, y que la instancia se llevó a cabo con posterioridad a que le fue notificada a Corbalán la existencia de una investigación en su contra por Coresam. La elección además fue supervisada por Hugo Meneses, misma persona que habría votado por Bravo y Riquelme en el Sindicato Interempresas Clotario Blest Riffo.

De tal manera, tanto Bravo como Riquelme, presentaron fuero sindical por el Sindicato Interempresa Clotario Blest Riffo, mientras que Ulriksen, Corbalán, y el mismo Riquelme, certificaron fuero por el Sindicato Interempresa Teodosio Acevedo. Ambos sindicatos cuestionados en las demandas.

Una mirada judicial

Los sindicatos interempresa son aquellos que agrupan trabajadores de dos o más empleadores distintos. Estos son creados con el objetivo de ayudar a que los trabajadores que no logran cumplir con el quórum para formar un sindicato en sus empresas, puedan acceder a protección sindical aliándose con empleados de otras compañías.

A pesar de su buen fin, esta figura ha facilitado su uso indebido, según explica el abogado laboral y académico de la Universidad Austral, Alejandro Durán Roubillard.

De acuerdo a Durán, el problema recae en que, al ser más fáciles de formar que un sindicato de empresa, se han realizado malas prácticas que al final terminan perjudicando a los mismos sindicatos que sí hacen buen uso del mecanismo.

Según el académico, habría situaciones en que grupos de trabajadores de distintas compañías se reunirían para constituir un sindicato interempresa con el único fin de otorgar fuero sindical a ciertos miembros del directorio.

Es esto mismo lo que se buscó evitar con la Reforma Laboral impulsada en parte por el exdiputado Tucapel Jiménez Fuentes (PPD) – hijo del histórico dirigente sindical con el mismo nombre y que fue asesinado durante el régimen de Pinochet – aprobada durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet. Una de las prácticas antisindicales que pueden ser cometidas por trabajadores establecidas por esta reforma sería justamente “ejercer los derechos sindicales o fueros que establece el Código del Trabajo de mala fe o con abuso del derecho”.

Durán, explicó que en los casos de CORESAM y CORPQUIN habría señales que podrían indicar la comisión de un sindicato interempresa fraudulento. Así lo serían situaciones como la baja participación en las elecciones del directorio, que podría apuntar a la existencia de un sindicato con personas que no tienen real intención de ser parte.

También extraña que los empleadores no supieran sobre la presencia de los trabajadores en tales sindicatos, lo que podría ser un indicio de que este no estuviese funcionando debidamente, al no haberse notificado al empleador para descontar la cuota sindical y llevar a cabo negociaciones colectivas.

Un caso reciente en que la justicia condenó este tipo de actos es la sentencia dictada en abril de este año, en que se falló en contra de los miembros del “Sindicato Interempresa de Trabajadores de Walmart, Supermercados, Afines y Otros” por haber constituído el sindicato “con el único fin de ser una fuente de derechos sindicales, más no para conglomerar ni representar a trabajadores”.

En una extraordinaria sentencia se declaró inexistente y se disolvió el Sindicato, se condenó a los acusados a pagar cada uno 100 UTM (alrededor de $6.500.000) a beneficio del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y también se obligó a los querellados a entregar otros dos millones de pesos cada uno, por las costas del juicio.

Los otros delitos

Los intentos de despido contra Denisse Corbalán, Leonardo Bravo, Alfredo Riquelme y Pamela Ulriksen han venido acompañados de querellas por múltiples delitos que habrían cometido en sus puestos, todos habiendo resultado en pérdidas millonarias de fondos públicos. Es decir, supuestas malas decisiones que han impactado económicamente a municipios con ingresos limitados.

Las querellas interpuestas por ambas corporaciones superan los miles de millones de pesos defraudados. Con un fraude resultante en $6.231.000.000 por Leonardo Bravo en CORESAM, $50.000.000 por Leonardo Bravo en CORPQUIN, $108.265.276 de Denisse Corbalán en CORESAM, $107.848.000 de Alfredo Riquelme en CORESAM, de acuerdo a las denuncias.

La querella interpuesta por parte del alcalde de Conchalí, René de la Vega Fuentes (Independiente) – en el puesto desde 2016 – acusa a Corbalán de haber realizado una serie de maniobras fraudulentas como la falsificación de documentos, usurpación de atribuciones, fraude al fisco, negociación incompatible, extracción de documentos y sabotaje informático.

A pesar de ser las Corporaciones Municipales entes privados, estas manejan fondos públicos, por lo que para efectos penales se le juzgaría por estos delitos como funcionaria pública, lo cual agravaría su responsabilidad, tal como explicó a Radio Bío Bío Eduardo Cordero Quinzacara, abogado administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Los actos que habrían llevado a su despido, aún son investigados en una causa reservada en el Ministerio Público, pero la demanda laboral tras su desvinculación fue ganada por Corbalán, causándole hasta la fecha a la corporación una deuda de alrededor de $82 millones de pesos.

Los hechos habrían comenzado con la autoconvocación de sesiones extraordinarias del Directorio del CORESAM, en que, sin la presencia del Alcalde como Presidente del Directorio, se habría nombrado irregularmente a Corbalán como Secretaria General.

En ese puesto, Corbalán habría, entre otras cosas, contratado a una ex trabajadora despedida a través de la falsificación de un acta de sesión del Directorio, robado documentos, cambiado claves bancarias, y eliminado información de los computadores de la CORESAM.

Además, habría firmado un reconocimiento de deuda por la suma de $108.256.276 con la empresa IGG SpA, compañía a la que no se le habría pagado por encargos de remodelaciones en el sector educativo en 2016, por no haberse realizado totalmente los trabajos.

El principal conflicto recaería no solo en que la querellada no tenía las facultades para tomar esa decisión, sino que también habría existido una “incompatibilidad doble y patente” para involucrarse en la relación laboral con aquella empresa. Esto por haber trabajado en el pasado en ella, y ser su pareja y padre de sus dos hijos, Jorge Ortega Gutiérrez, abogado de IGG. Con anterioridad, Ortega también había tenido un puesto en CORESAM, como Director de Administración y Finanzas.

Otra de las irregularidades denunciada fue la revinculación con la compañía financiera NetCore por parte de Corbalán. La Secretaría General había decidido no mantener relación laboral con la empresa – que había sido inicialmente contratada por Bravo –, al convenir que esta no estaba gestionando correctamente la contabilidad. Sin embargo, Corbalán habría unilateralmente vuelto a entregarles un contrato.

Esta empresa también resuena en las acusaciones de CORPQUIN, en las que el protagonista es el mismo Leonardo Bravo, cuando se desempeñaba en el cargo de Secretario General de la Corporación.

De acuerdo a la corporación, al llegar la administración de Karina Delfino Mussa (PS) en 2021 se encontraron con un estado deplorable de escuelas y consultorios, con casos de establecimientos educacionales a los que no se les hacía mantención hace diez años. Sumado esto, había un gran desorden financiero con un descuadre contable de $12.000 millones de pesos, manejo del que estaba a cargo la empresa NetCore, que también había sido contratada por Bravo.

Es en este momento en que se decide despedir a Bravo por abandono de deberes, frente a lo que él aparece con el fuero sindical otorgado por su puesto de tesorero en el Sindicato Interempresa Clotario Blest Riffo.

Al seguir indagando, las Corporaciones se toparon con otro nuevo dato sobre la hoja de vida de Bravo que les llamó la atención: desde 1992 hasta 2010 estuvo contratado por la Dirección del Trabajo, misma institución cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de la legislación laboral.

Hasta hoy, las acciones legales tanto en lo penal como en lo laboral, siguen su curso, y Bravo sigue cobrando casi $6 millones sin realizar trabajo alguno, según denuncian desde CORPQUIN. Esto ya que la administración, ante la imposibilidad de echarlo, creó un nuevo cargo de Gerente General para realizar las funciones ejecutivas y administrativas que le correspondían al Secretario General. Así, Bravo se mantendría teletrabajando en un cargo “meramente decorativo”.

Además del abandono de deberes que tiene actualmente a CORPQUIN en una inquietante situación económica, la querella incluye otras estafas que se habrían realizado con los fondos públicos. Por ejemplo, haberse aumentado unilateralmente el sueldo desde $3.900.000 a $5.789.462 causando un perjuicio fiscal que estaría avalado en $49.126.012, hecho confirmado a la Corporación por el ex Jefe de Recursos Humanos, Víctor Paredes Villalobos.

Contactada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Denisse Corbalán niega las acusaciones de Coresam, afirmando que las decisiones tomadas cuando fue Secretaria General – como la revinculación con Netcore y el reconocimiento de deuda a IGG – tienen base legal. Además sostiene haber sido “víctima de acoso laboral” por parte del alcalde De la Vega y su personal de confianza en la Corporación Municipal.

Respecto al primero, Corbalán aseguró que la Secretaría General anterior quería ponerle término anticipado al contrato, sin tener un plan de contingencia para la continuidad de las operaciones contables, por lo que ella habría expuesto la situación al Directorio, quienes habrían citado al gerente de Netcore. Sobre el reconocimiento de deuda con IGG, Corbalán apuntó a que este fue realizado luego del informe del Inspector Técnico de la Obra que estableció que esta se había cumplido en un 90%. Además constató que Jorge Ortega – quien sería su pareja – es abogado de la empresa, pero no ha participado en ninguna causa contra CORESAM.

Finalmente, se defendió de las acusaciones sobre sindicatos fraudulentos, afirmando que tanto el fuero como la elección del Sindicato fueron avaladas por la Inspección del Trabajo y el Segundo Juzgado del Trabajo, quienes ordenaron su reintegro tras el despido.

Por su parte, Leonardo Bravo – contactado por Radio Bío Bío – también negó las acusaciones, afirmando que: “Tanto en la Corporación de Conchalí, como de Quinta Normal, se realizó una labor profesional, que le permitió a cada una de las comunas avanzar en la solución de muchos problemas que les aquejaban en materia financiera”. “Ambas corporaciones fueron entregadas al término del periodo en condiciones muy superiores de como fueron recibidas y de esto pueden dar fe los trabajadores que eran los principales afectados de una serie de problemas que se arrastraban desde hace muchos años”, agregó.

Hoy, la Fiscalía se mantiene investigando las tres querellas, siendo estas llevadas a cabo por los fiscales Ximena Chong, Jaime Retamal y Marcelo Carrasco. Las investigaciones están vigentes y con diligencias de investigación en curso. Desde las Corporaciones estiman que los altos perjuicios económicos por fraude al Fisco podrían ir aumentando a medida que se realizan las nuevas diligencias.

Solicitud de rectificación

Respuesta a la rectificación:

De acuerdo a la solicitud de rectificación solicitada por Denisse Corbalán Silva, respecto al reportaje “Corrupción municipal: millonarias estafas y presuntos fueros sindicales en Corporaciones”, indicar lo siguiente:

En el primer punto, Corbalán señala que “remití una respuesta de 6 páginas y muchos antecedentes, de lo cual solo se menciona ‘ella lo niega’”. Respecto a ello, las respuestas fueron leídas y, las consideradas relevantes para el texto fueron agregadas en tres párrafos los cuales específicamente refieren a sus contestaciones, indicando que: ella niega las acusaciones, que los vínculos con Netcore y reconocimiento de deuda a Netcore tienen base legal, y que habría sido víctima de acoso laboral por parte de la administración de René de la Vega y personal de la Corporación.

En el segundo punto, Corbalán explica que los hechos fueron contextualizados en un conflicto entre Coresam y la Alcaldía. La relación de las corporaciones con el o los alcaldes no se toca en el reportaje sino el foco está puesto en el accionar de los dirigentes.

En el tercer punto, Corbalán indica “la publicación señala que la suscrita habría sido Secretaria General de forma irregular, al haberse desarrollado sesiones del Directorio autoconvocadas y sin el Alcalde”, agregando que según estatutos del Coresam, esto no habría sido irregular. Al respecto se indica en el reportaje que cada vez que se toca el tema en el reportaje, se utiliza “habría”, puesto que la base de los hechos está directamente ligada a las denuncias de las querellas tramitadas.

En el cuarto y quinto punto se habla sobre lo señalado respecto a Netcore y IGG. En ambos casos, nuevamente, se dice explícitamente que es lo que indican las denuncias, y lo que según estas, “habría” ocurrido. Además, en el reportaje están publicado los párrafos:

Contactada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Denisse Corbalán niega las acusaciones de Coresam, afirmando que las decisiones tomadas cuando fue Secretaria General – como la revinculación con Netcore y el reconocimiento de deuda a IGG – tienen base legal.
Sobre el reconocimiento de deuda con IGG, Corbalán apuntó a que este fue realizado luego del informe del Inspector Técnico de la Obra que estableció que esta se había cumplido en un 90%.

En el sexto punto, se indica que las supuestas irregularidades indicadas en la publicación respecto a la formación de sindicatos, fueron desestimadas por Tribunales de Justicia, y que se reconoció su fuero, su calidad de Dirigente, las irregularidades de una investigación en su contra y el maltrato sufrido. Al respecto, en el reportaje se indica que:

Finalmente, se defendió (Corbalán) de las acusaciones sobre sindicatos fraudulentos, afirmando que tanto el fuero como la elección del Sindicato fueron avaladas por la Inspección del Trabajo y el Segundo Juzgado del Trabajo, quienes ordenaron su reintegro tras el despido.

En el séptimo punto, Corbalán agrega información sobre denuncias que realizó ante Contraloría, una auditoría externa y el 2° Juzgado de Garantía de Santiago. Sobre los hechos de las denuncias, no se hace alusión directa en la publicación, guardandonos la decisión de seguir investigando el caso, según el avance que pueda tener.