A diferencia de otras redes criminales, esta tenía una ventaja: contaba con ayuda de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes entregaban duplicados de tarjetas únicas migratorias adulteradas. Patricio Véliz Vera y Sebastián Zúñiga Riquelme eran dos de los entonces policías que enviaban los documentos a un tercero, civil. Ambos, junto a otros tres detectives, fueron sancionados. Véliz y Zúñiga, además, fueron dados de baja.
A la arista administrativa desarrollada por la PDI, también existe una penal que lidera el fiscal Marcelo Carrasco Gaete, de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte del Ministerio Público. La indagatoria, ya formalizada, es seguida por los delitos de tráfico de migrantes, falsificación y uso malicioso de instrumento público, cohecho y soborno.
La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso a detalles de la indagatoria la cual solo entre junio y octubre de 2021 permitió el acceso de 100 ciudadanos ecuatorianos al país. ¿Quiénes eran los miembros de la red? ¿Cómo se contactaban con los entonces funcionarios de la PDI? ¿Cuál era el precio de los documentos adulterados?
Siderna
Todo comenzó en abril de 2021 cuando el gobierno de la época decidió cerrar las fronteras mediante el Decreto Supremo (DS) N° 8 de 1 de abril de 2021, a raíz de la situación sanitaria que se estaba viviendo a nivel internacional producto del coronavirus (Covid-19).
En ese minuto la ciudadana marroquí Kaouthar Ouafi en conjunto con su pareja, el chileno Jorge Wilson Espinosa Guasgua se desempeñaban en cargos administrativos en la empresa Siderna Limitada, ubicada en la comuna de Providencia. Esta compañía es filial de una firma española con el mismo nombre y que en Chile participa como subcontratista en distintas obras públicas.
Ambos, Ouafi y Espinosa Guasgua, estaban a cargo de reclutar trabajadores que les permitieran cumplir con los contratos que mantienen vigentes con grandes empresas en el país y que el Covid-19 había complicado: cada vez era más difícil conseguir mano de obra.
Bajo este contexto, decidieron que la mejor opción era traer extranjeros de manera irregular al país y después encargarse de la regularización de cada uno. El trabajo, la pareja se lo dividía. Espinosa decidía quiénes serían los contratados y Ouafi se encargaba de arrendar inmuebles en donde pudieran alojar, junto con regularizar la situación migratoria de los trabajadores.
Por información proporcionada por conocidos y otras personas asociadas a la empresa, comenzaron a comunicarse vía WhatsApp con ciudadanos ecuatorianos que tenían interés de trabajar en Chile. Fue así como el 18 de junio de 2021 Ouafi coordinó la primera entrada ilegal de por lo menos de cinco personas.
Ruta para llegar a Chile
La ruta era simple y clara. Desde la llegada a Perú tenían “coyotes” que los acompañaban. Antes de eso, había que pasar ciertas etapas. La primera era que el extranjero aceptara el trabajo. Luego, Ouafi le enviaba todas las indicaciones necesarias para lograr entrar de forma ilegal desde Perú a Chile.
La marroquí les entregaba la trayectoria que debían seguir, la cantidad de dinero que debían traer consigo, lugares donde hospedarse durante el camino, costo de cada uno de los trayectos, coordinación de los medios de transporte, papeles que debían traer para poder lograr trabajar de forma “legal” en el país, hasta la vestimenta adecuada que necesitan en el trayecto.
Durante todo el trayecto, Ouafi supervisaba a los migrantes, les pedía fotografías de las personas con que estaban y de los paisajes durante el trayecto.
Cuando los ecuatorianos llegaban a Tacna, Perú, un transportista llamado Pedro Gallardo Buenaño los estaba esperando. Él se encargaba de conducirlos hasta el límite de la ciudad con Chile y les indicaba el camino que debían tomar para cruzar.
En Chile la situación era similar. Otro transportista, Temotio Lucio Aguirre Ichuta, los recogía y llevaba -dependiendo la cantidad de personas- en distintos vehículos a un inmueble en el centro de Arica. Todo previamente coordinado con Ouafi y Espinosa.
Falsa regularización
Una parte importante de la propuesta laboral era que pese a que el ingreso era clandestino, Ouafi y Espinosa se encargarían de regularizar la situación migratoria de cada ecuatoriano. La promesa era que cuando estuvieran trabajando para la empresa Siderna, mes a mes se les descontaria parte de su remuneración con el fin de pagar el costo de las gestiones. La cifra alcanzaba los $700.000.
Pero el costo real no era ese. La compra del duplicado de tarjeta migratoria tenía un valor inicial para Ouafi de $400.000 y luego de $450.000. No obstante, el valor original era de $100.000 y luego $150.000, pero existía una cadena de personas para llegar a los documentos adulterados.
Aunque no hay claridad de cómo Ouafi se enteró de la venta de los documentos falsificados, sí se conoce a la perfección las personas involucradas y cuando fue la primera solicitud.
El 21 de julio Ouafi se contactó vía WhatsApp con Claudia Patiño Mora, ciudadana colombiana, para solicitarle tarjetas para ciudadanos ecuatorianos. Patiño trabajaba junto a su pareja, Olier Sadier Campaz y se dedicaban a “asesorar” a migrantes en sus procesos migratorios.
Campaz era el encargado de conseguir las tarjetas a través de María Alejandra Camayo. Esta última tenía una socia llamada Eliana Rivera, quien se contactaba con Sergio Hidalgo. Este hombre era conocido por ser el “nexo” con los entonces funcionarios de la PDI que los ayudarían con los documentos.
Patricio Véliz Vera y Sebastián Zuñiga Riquelme eran los “conocidos” de Hidalgo que por sumas de dinero o “favores” le entregaban las tarjetas migratorias también conocidas como tarjetas de turismo.
El trato era simple. Hidalgo pagaba con dinero en efectivo y le enviaban el documento. Véliz cobraba $100.000 por cada tarjeta, pero en agosto de 2o21 subió a $150.000. Lo común era que Véliz entregara la tarjeta en blanco y después Hidalgo las rellenaba con la información proveniente de las fotos de los pasaporte o DNI que Ouafi enviaba previamente.
En la mayoría de los casos, se indicaba que los migrantes “ingresaban” por Chacalluta o Colchane con dirección a Antofagasta.
En el caso de Zúñiga, además de dinero recibía regalos, según se dio cuenta en la audiencia de formalización, como botellas de licor, y le facilitaban un departamento en el centro de Antofagasta para uso personal con acceso gratis a mujeres que ejercían el comercio sexual. Mujeres que eran contactadas por Hidalgo.
Los dos ex funcionarios de la PDI le entregaban los documentos presencialmente a Hidalgo, en el domicilio de cada uno. Luego Hidalgo enviaba las tarjetas a un correo que tenían Camayo y Mera. En otras ocasiones lo hacía presencialmente.
Finalmente, era Patiño la que le enviaba los documentos fraudulentos a Ouafi. El valor era de $400.000 al inicio y después $450.000, dinero que era depositado en la cuenta bancaria de Patiño. Con el documento en sus manos, Ouafi desde Santiago ingresaba a la plataforma del entonces Departamento de Extranjería y Migración (DEM) para hacer la solicitud para la autorización de la contratación de migrantes.
Luego de realizar todo lo anterior, el objetivo se había cumplido. Ouafi le podía entregar a cada migrante un documento donde aparecía que su situación migratoria estaba en vías de regularización y cumplía con el acuerdo antes acordado.
Datos de la Fiscalía
En la audiencia de formalización realizada el pasado 22 de diciembre de 2022, la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte relató 18 hechos que dan cuenta cómo operaba la banda y se hizo mención a la venta de tarjetas de turismo.
En la instancia el fiscal Marcelo Carrasco Gaete dio cuenta de la compra de por lo menos 82 tarjetas de turismo por parte de Ouafi a Patiño. No solo esto, también se dio cuenta de otras situaciones en las que Hidalgo, a través de Véliz y Zúñiga, realizó trámites migratorios.
A raíz de lo anterior, el Ministerio Público formalizó a Kaouthar Ouafi, Jorge Espinosa Guasgua, Claudia Patiño, Pedro Gallardo Buenaño y Temotino Lucio Aguirre Ichuta como coautores del delito de soborno y uso malicioso de instrumento público. Mismos delitos que Olier Campaz Caicedo, María Alejandra Camayo Mera, Eliana Mera Rivera y Sergio Hidalgo Acuña.
En el caso de los exfuncionarios de la PDI, Patrico Véliz Vera y Sebastián Zúñiga Riquelme, fueron formalizados en calidad de coautores del delito de falsificación de instrumento público y cohecho.
Actualmente, Claudia Patiño, Olier Sadier, Maria Alejandra Camayo, Sergio Hidalgo y Patricio Véliz se encuentran en prisión preventiva.
Temotino Aguirre, Kaouthar Ouafi y Jorge Espinosa Guasgua con arraigo nacional y firma. Sebastián Zuñiga Riquelme, Eliana Mera Rivera y Pedro Gallardo Buenaño se encuentran con arraigo nacional y arresto domiciliario.
No solo coimas: la red de tráfico de migrantes que era "ayudada" por los funcionarios de la PDI
