El punto de partida de esta historia está fechado el viernes 7 de abril de 2022. Ese día, en el Aeropuerto Andrés Sabella, en la región de Antofagasta, la ciudadana colombiana Ángela Casanova Becerra se aprestaba a tomar un avión de la aerolínea JetSMART con destino a la ciudad de Calí, Colombia. Entre sus pertenencias, portaba su pasaporte, un documento con su situación migratoria y un “duplicado” de su tarjeta única migratoria.
Al llegar al sector de policía internacional, el detective de la Policía de Investigaciones (PDI) que controló a Casanova notó algo extraño con la tarjeta de turismo de la mujer. Aquel oficial era el comisario Dennis Navarrete Díaz, del Departamento de Migraciones y Policía Internacional (DEMIG) Antofagasta. Fue la “tipografía” la que llamó la atención del funcionario, quien previamente recibió una alerta de una situación similar con una ciudad ecuatoriana.
En medio del interrogatorio Casanova reconoció que había ingresado en septiembre de 2021 por un paso no habilitado a la altura de Colchane, región de Tarapacá, situación por la que no registraba ingreso formal en los sistemas de control migratorio. Asimismo, la mujer reveló que su yerno, Ronald Zapata Ceballos, le había entregado la documentación respectiva para poder salir de Chile.
Tras confesar, Ángela Casanova Becerra fue detenida por el delito de uso malicioso de instrumento público, siendo trasladada hasta una unidad de la PDI. Hasta ese entonces, nadie habría imaginado lo que dicha detención dejaría al descubierto: Una red criminal compuesta por civiles y funcionarios del DEMIG de Antofagasta de la PDI que se dedicaban a la asesoría y venta de trámites migratorios.
Para desmenuzar este lío y sus eventuales participantes resultaron claves las declaraciones de las víctimas y de los civiles que se dedicaban a “asesorar” a los extranjeros. El 11 de abril de 2022, la PDI instruyó la apertura de un sumario administrativo para determinar las “circunstancias” en las que “fue utilizada la tarjeta de turismo” de la ciudadana colombiana Ángela Casanova Becerra, además de establecer “si en estos hechos existe personal institucional involucrado”.
El 31 de marzo de 2023, la policía civil aprobó el sumario y sancionó a cinco funcionarios de la institución por su responsabilidad en el caso. La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso a detalles del dictamen, de 34 páginas, en el que se revelan las maniobras empleadas por los “asesores” y los cinco policías que facilitaron documentos mediante el pago de importantes sumas de dinero o regalos.
Un audio revelador
Hasta la unidad policial donde estaba Ángela Casanova Becerra llegó su yerno, Ronald Zapata Ceballos. Según la declaración del comisario Navarrete Díaz, mientras este realizaba diligencias asociadas a la detención de la mujer, de forma paralela Zapata Ceballos era entrevistado por el comisario Claudio Rojas Zehender. En eso, el yerno de Casanova puso un audio en altavoz desde su teléfono, que logró escuchar Navarrete, en el que un hombre hablaba sobre un viaje que no pudo cargarse al sistema interno de la PDI.
Un tono familiar que llamó la atención del comisario, pues se trataba de Sergio Hidalgo Acuña.
Hidalgo no era un desconocido para los oficiales del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Antofagasta de la PDI. Este prestaba servicios para una agencia naviera y también realizaba el traslado de tripulantes y personal de la Policía de Investigaciones, por lo que concurría “periódicamente al cuartel” a realizar trámites de shore pass y “cartas de desembarco”. Hidalgo Acuña se convertiría en la figura clave para conocer los nexos de policías con empresas que se dedican a la tramitación de documentos migratorios.
En la declaración policial de Ronald Zapata Ceballos, además de confirmar el ingreso de su suegra por un paso ilegal, este entregó detalles de cómo consiguió dicho documento. Partió señalando que fue un compañero de trabajo quien le recomendó ir a una “oficina” de trámites de extranjería, ubicada en calle Baquedano con Latorre, en Antofagasta, lugar en el que fue atendido por una mujer de su misma nacionalidad llamada “Lili”.
En el lugar, la mujer le explicó en qué consistía el servicio: ella obtenía un documento de “entrada al país” y luego esto se vería reflejado “en los sistemas de la PDI”. Pero la cadena no terminaba ahí. “Lili” le compartió el contacto de una compatriota de nombre Claudia Patiño con quien debía materializar el “servicio”. Fue Patiño, con posterioridad, quien le entregó la tarjeta de turismo con “todos los datos de su suegra”, incluido el ingreso al país “en los sistemas de la PDI”. ¿El valor? $603.000 mil, según dijo.
Zapata Ceballos, indicó que el nombre del lugar de asesoría era “Todo Trámites Lili”. Asimismo, mencionó que fue Patiño quien le dijo que el documento en cuestión lo “realizaría alguien de la PDI sin dar más detalles”.
Cabe aclarar que la tarjeta única migratoria es un documento entregado por la PDI a los extranjeros que ingresan a Chile sin intenciones de establecerse en él. Los titulares del documento de permanencia transitoria pueden permanecer en el país hasta 90 días corridos. Plazo que puede ser limitado y también podrá prorrogarse por 90 días más.
Por lo que es un documento clave para demostrar la entrada legal del extranjero a Chile.
“Todo Trámites Lili”
A medida que el sumario avanzaba y las declaraciones se iban acumulando, llegó el turno de Lilia Segura Aguirre, propietaria de “Todo Trámites Lili”. Esta dijo que sus clientes siempre hablaban en su local del negocio de Claudia Patiño, del que no tenían la mejor opinión, ya que -según los mismos- hacía los trámites “torcidos”. En su relato hizo mención a un recuerdo de 2020 en el que un sujeto ecuatoriano que concurrió a su negocio le dijo que previamente había ido al de Claudia y se había “conseguido”, por intermedio de Sergio Hidalgo Acuña un duplicado de tarjeta de turismo por $20.000 mil.
Lilia Segura Aguirre reconoció que conoció a principios de 2021 a Sergio Hidalgo, quien le habría señalado que tenía “contactos directos con la PDI para obtener con mayor facilidad vigencias de permanencia definitiva y regularización de ilegales en el país”. Uno de esos nombres era el del entonces asistente policial de la DEMIG Antofagasta, Patricio Véliz Vera, quien le entregaba a Hidalgo las tarjetas de turismo en blanco y con el timbre de la PDI.
“Lili” también declaró que Sergio le dijo que por esa “papeleta” el funcionario policial le cobraba la suma de $250.000 mil, lo que posteriormente se revendía por $500.000 o $600.000 mil a cada extranjero, dineros que luego eran repartidos entre los llamados “asesores”.
Pero la mujer fue más allá. Además de Véliz, también señaló que otro miembro de la PDI la ayudaba con los trámites para sus clientes. Aquella persona era el entonces subprefecto Andrés Fuentes Pérez. A este lo conoció cuando ella misma tramitó su nacionalidad en la PDI de Antofagasta, iniciándose desde ahí la relación entre ambos. “Sostiene que pasada una semana regresó a conversar con Andrés Fuentes, ocasión en la cual realizó el trámite para sus hijos, cobrándole solo lo que correspondía, $800, volviéndole a indicar que si necesitaba algo que hablara con él”. Ofrecimiento que, con el correr del tiempo, se haría efectivo.
El nexo
La figura clave es Sergio Hidalgo Acuña. En su declaración reveló con detalles cuáles eran los funcionarios que lo “ayudaban” con los trámites, cuánto cobraba cada uno y que no todos lo hacían por dinero. Y es que había otros que recibían regalos, como botellas de whisky y tiempo en un departamento para “reunirse” con mujeres.
El primer “favor” fue el 2020 cuando contactó a Véliz Vera. Hidalgo le consultó al entonces funcionario si existía la posibilidad de apurar ciertos trámites para extranjeros, como el certificado de permanencia definitiva. Según dijo, el funcionario habría aceptado, pero debía cancelar $10.000 por cada persona “asesorada”.
Pero Véliz no era el único, Hidalgo también se contactó con el subprefecto Fuentes y le ofreció el mismo trato: cada solicitud sería compensada con una suma de dinero.
Poco a poco los “favores” fueron escalando. Ya no era solo un certificado de permanencia sino que era la regularización de extranjeros ilegales. El trato era simple, Véliz ingresaba un “viaje de entrada” y además entregaba un “duplicado de la tarjeta de turismo” con el timbre de la PDI. E Hidalgo le entregaba en efectivo un monto de $100.000 por persona.
Después Hidalgo vendía estas tarjetas a $300.000 a los dueños de las empresas que “asesoraban” a extranjeros. Y estos los revendían, dependiendo el caso, a $500.000 o $600.000.
Mes a mes fueron aumentando las solicitudes, y la última se concretó en enero de 2022 cuando Hidalgo le pagó $2.000.000 en efectivo por 20 tarjetas a Véliz. Pero al poco tiempo, algo no andaba bien. Véliz no estaba cumpliendo el trato a cabalidad ya que unas mujeres ecuatorianas -que utilizaron dos tarjetas “adulteradas” en Santiago- tuvieron problemas con la PDI ya que su viaje de ingreso no estaba registrado en el sistema.
Pero no solo era Véliz y Fuentes. Hidalgo agrega en su declaración que el asistente policial Esteban Trujillo se le acercó a finales de 2021 para preguntarle si tenía algún contacto para vender tarjetas de turismo. Aunque no aclaró si alcanzaron a trabajar en conjunto, sí indicó que él le explicó que si le vendía el documento directamente a un extranjero este podía ganar hasta $300.000 mil.
Las declaraciones de Hidalgo fueron dos. En la segunda involucró a un cuarto funcionario, al subcomisario Sebastián Zúñiga. Sobre este, dijo que lo conoció hace 4 años y que varias veces le hizo el “favor” de entregar los certificados de viajes para extranjeros. Pero Zúñiga, a diferencia de los demás policías mencionados, enviaba de forma directa los “asesores” de los extranjeros los documentos. De la misma forma, dijo que Zúñiga nunca recibió dinero, solo regalos.
El quinto involucrado, pese a que Hidalgo nunca lo nombró, pero que aparece mencionado en las declaraciones de otras personas es el comisario César Muñoz Azócar. Sobre este, según el dictamen que aprobó el sumario, se menciona que Hidalgo le pidió un favor, razón por lo cual también es parte de la investigación administrativa. Pero fue el mismo Muñoz quien relató que en diciembre de 2021 recibió un mensaje de Hidalgo, que no respondió.
Declaraciones de los funcionarios
Zúñiga, Fuentes y Véliz fueron tajantes en negar que realizaban algún tipo de papeleo en favor de Hidalgo. Solo indicaron que ellos conocían al sujeto, que tenían una relación de cordialidad por su labor en la naviera, pero nada más comprometedor.
A diferencia de los policías anteriormente nombrados, Trujillo sí reconoció que Hidalgo le solicitó certificados de permanencia definitiva o duplicados de tarjeta de turismo, trámites que se encontraban cancelados por los extranjeros solicitantes a través de la página de internet de la PDI. Dijo que nunca le entregó una tarjeta de turismo y tampoco obtuvo algo a cambio.
Finalmente el 27 de enero de 2023 se cerró el sumario interno, y casi un mes y medio después, el 13 de marzo, se propusieron medidas disciplinarias para los funcionarios indagados. Para el comisario César Muñoz se dictaminó la sanción de tres días de permanencia en el cuartel; para los asistentes policiales, Patricio Véliz y Esteban Trujillo, se dictaminó la baja por mala conducta; para el subprefecto Andrés Fuentes, se dictaminó la sanción de petición de renuncia; y para el subcomisario Sebastián Zúñiga se dictaminó la sanción de separación de la institución.
La gravedad de los hechos investigados llevó a que la PDI enviara los antecedentes al Ministerio Público. En la actualidad se encuentra en proceso de investigación en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Esta última tiene carácter de secreta.
Respuesta de la PDI
La Unidad de Investigación se acercó a la PDI para consultar sobre lo ocurrido en Antofagasta. Por correo se le enviaron preguntas como si existen antecedentes que den cuenta de una situación similar en otra zona del país, cuántos funcionarios estaban involucrados y cuáles fueron las medidas tomadas por la institución para prevenir delitos como este, entre otras.
Y desde la PDI solo respondieron que “en la actualidad existe una investigación penal en desarrollo, por lo tanto, no es factible referirnos a ella. En esta línea señalar que por la gravedad de los hechos investigados fueron dados de baja cuatro funcionarios. Independiente de lo anterior, se instruyó un sumario administrativo que se encuentra aún en desarrollo”.
Y destacaron que “fue la propia institución quien identificó y denunció los hechos ante el Ministerio Público, acción por la cual se dio inicio al proceso judicial en curso”.
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