Cómo contrabandistas pakistaníes coimearon a empleado público para defraudar a Chile en $50 millones

Por soborno y contrabando. El Primer Juzgado de Garantía de Santiago condenó el viernes recién pasado a cinco ciudadanos pakistaníes que pagaron jugosas coimas a un funcionario de Aduanas, a cambio de ingresar, de manera ilegal, cientos de joyas de plata a través del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

De acuerdo a antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de BioBioChile, los hechos constan en una exhaustiva indagatoria liderada por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, quien logró, en un procedimiento abreviado, que los imputados reconocieran su culpabilidad en la internación irregular de los productos que luego eran comercializados en territorio nacional.

Los involucrados purgarán su pena en libertad, aunque deberán pagar multas que en total suman unos 100 millones de pesos.

Todo ello, mientras la tramitación de la causa sigue vigente respecto de un sexto empresario extranjero y del empleado público acusado por cohecho.

La denuncia

Los hechos se remontan a fines de 2016, cuando el propio Servicio Nacional de Aduanas inició la apertura de un sumario administrativo en contra del fiscalizador Lincoyán Vásquez Seguel.

Una denuncia lo apuntaba a él como el responsable de eventuales irregularidades en la tramitación del ingreso de mercancías.

Al poco andar, la institución estimó que las anomalías podrían ser constitutivas de delito, por lo que finalmente decidió poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público.

Esto porque, de acuerdo a la indagatoria interna, se detectó que el empleado facilitó “en forma deliberada y concertada la internación de mercancías con defraudación a la hacienda pública”.

Según detalló Aduanas en una querella criminal que ingresó a posteriori en contra del funcionario, este último confeccionó declaraciones de ingreso por un valor menor al que correspondía.

“De esta forma, tanto el consignatario como el funcionario se concertaron para no declarar la mayor parte de las joyas, pagando menores tributos de los que correspondía”, se lee en el libelo.

El modus operandi

Una vez conocidos los antecedentes, el fiscal Baeza comenzó una investigación que permitió confirmar el modus operandi de los involucrados.

Así, acreditó al menos 12 episodios en los que el servidor público utilizó su posición para beneficiarse económicamente.

El primero de ellos guarda relación con Syed Haider Sheerazi. El 9 de septiembre de 2016 este último se concertó con Lincoyán Vásquez para importar desde Pakistán 45 kilos de joyas de plata por un valor declarado de 840 dólares, en circunstancias que ese precio correspondía a sólo 7 kilos.

Lo anterior significó que el comerciante pagara impuestos muy inferiores a los que en realidad le correspondía.

Todo ello, desde luego, no salió gratis. Según quedó establecido en la indagatoria, Syed pagó una coima de $400 mil de dinero en efectivo al funcionario público para adulterar el ingreso de los bienes.

Dinero contante y sonante

Un mes después, el ciudadano extranjero volvió a la carga. Esta vez internó, por medio de un cercano, Hafiz Muhammad Muddasar lrfan, otros 292,7 kilos de joyas de plata por un valor declarado de 800 dólares. Para ello utilizó una factura de la empresa Hub Jewelry Pakistán.

¿El problema? Los impuestos pagados en esa oportunidad equivalen apenas a los que correspondían por 8 kilos de mercancía. La diferencia fue que, en esta oportunidad, la operación fue más rentable para Lincoyán Vásquez: recibió una coima de 1,8 millones de pesos en efectivo.

Según quedó estampado en el veredicto, ambas operaciones lideradas por el funcionario de Aduanas y Syed Haider Sheerazi permitieron defraudar al fisco en más de 20 millones de pesos.

Más sobornos

Pasó menos de un año para que Syed volviera al contrabando de joyas. Lo hizo el 19 de septiembre de 2017, cuando nuevamente recibió la ayuda de su socio Vásquez.

En esa oportunidad ingresó desde Tailandia 25 kilos de joyas bajo un invoice de la empresa Hafa lnter Trade, declarando un valor de 1.332 dólares. Según estableció la investigación de la fiscalía, el avalúo real correspondían a unos US$14 mil.

Los derechos dejados de percibir por Chile en esta transacción ascienden a unos $2,3 millones.

Una vez más, quien permitió el ilícito fue el funcionario de la Aduana. ¿La coima? 200 mil en efectivo.

Amplia lista de “clientes”

El modus operandi volvió a repetirse con nuevos “clientes”.

Mehran Abbas Maral Mian Bashir Ahmad, por ejemplo, pagó a Vásquez 2,8 millones de pesos en efectivo, por hechos de las mismas características ocurridos entre octubre de 2016 y junio de 2017.

Los tributos dejados de percibir por la hacienda pública en su caso ascienden a casi $16 millones.

Lo propio ocurrió con Muhammad Shair Abbas Marral, quien ingresó joyas desde Tailandia y con Hafiz Muhammad Muddasar lrfan (esta vez actuando por su cuenta).

¿Los sobornos? $800 y $400 mil en efectivo, respectivamente, a cambio de pagar menos impuestos de los que le correspondía.

A ellos se suma Syed Mohsin Abbas Naqvi, quien sirvió de puente para ingresar 64 kilos de joyas. La coima nuevamente fue pagada en efectivo: 400 mil pesos, lo que ocasionó un perjuicio fiscal de casi 5 millones de pesos.

Sin cárcel pero con multas

Según fuentes cercanas a la indagatoria, la abundante cantidad de pruebas terminó por decantar en la confesión de los cinco comerciantes involucrados.

Todos aceptaron los hechos materia de la investigación y fueron declarados culpables el viernes recién pasado por los delitos de contrabando y soborno en grado de consumado.

El procedimiento abreviado significó condenas de entre 41 y 61 días de presidio, las que finalmente serán cumplidas en libertad. La decisión del tribunal además contempló el pago de multas que en total bordean los $100 millones.

A saber:

Syed Mobin Haider Sheerazi: $30.315.282 por contrabando y $960.000 por soborno.

Syed Moshin Abbas Naqvi: $5.639.747 y $120.000.

Muhammad Shair Abbas Maral: $19.057.589 y $240.000.

Hafiz Muhamad Muddasar Irfan: $10.526.297 y $160.000.

Mehran Abbas Maral Mían Bashir Ahmad Maral: $30.343.679 y $1.440.000.

Despedido

Tal como se adelantó, el destino judicial de un sexto comerciante pakistaní, Ahsan Abbas Mian Bashir, y de Lincoyán Vásquez aún es incierto.

La causa en su contra sigue en tramitación, luego de que en la preparación de juicio oral advirtieran al tribunal que aún se encontraban conversando los términos para también optar a un procedimiento abreviado. Para ello, se fijó una nueva audiencia para el 22 de noviembre de 2022.

Con todo, la sentencia fue valorada por María Jazmín Rodríguez, abogada de Aduanas que litigó en la causa. La profesional subrayó que “la importancia de esta condena radica en que los hechos fueron detectados en el ejercicio de controles internos del servicio”.

“Destacamos la importancia del permanente resguardo del principio de probidad al interior de la propia administración, ejerciendo controles y utilizando los mecanismos de denuncia que la ley flanquea”, agregó.

Finalmente, detalló que tras el sumario administrativo iniciado en 2016, Lincoyán Vásquez fue destituido de Aduanas, por lo que actualmente se encuentra fuera de la institución.

Defensa de Lincoyán Vásquez

Posterior a la publicación de este artículo, Lincoyán Vásquez remitió a este medio una declaración en la que apuntó que -pese a que los propios ciudadanos pakistaníes aceptaron los cargos- no existe tal contrabando, ya que éstos “sí declararon sus mercancías al momento de presentarse al control aduanero en el aeropuerto de Pudahuel”.

“Lo que ocurrió efectivamente es que las mercancía se encontraban subvaloradas y esto sería una eventual elución y es materia de una infracción reglamentaria y no del tipo penal. Se debió resolver por la vía administrativa”, sostuvo.

Asimismo, añadió que no es efectivo que él ayudó a uno de los imputados en septiembre de 2017, ya que desde julio de ese año se encontraba suspendido de sus funciones. “Y si existe tal documento se me habría falsificado mi firma, lo que tendría que ser investigado”, aseveró.

“Posterior a mi suspensión del mes de julio del 2017 el computador del servicio que era usado por el suscrito fue analizado y formateado y se borró un archivo confeccionado por mí, que contenía nombres de los funcionarios que eran los que efectivamente ayudaban a los presuntos contrabandistas”, agregó.