La Contraloría General de la República (CGR) detectó el desembolso de millonarios recursos por concepto del Bono Covid a personas que no cumplían los requisitos para el beneficio. Entre los favorecidos figuran 361 fallecidos y 43 concejales.
De acuerdo a una auditoría de 100 páginas emanado recientemente desde el ente fiscalizador, las nóminas estaban a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (MDSF), cartera que a la fecha del anuncio era presidida por Sebastián Sichel, y la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).
El Instituto de Previsión Social (IPS), en tanto, era el encargado de concretar los pagos.
En total, según el informe -al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile– los pagos irregulares se alzan por sobre los 5 mil millones.
Lea el informe
Trabajadores dependientes
“La pandemia del coronavirus es la amenaza sanitaria más grande que ha debido enfrentar el mundo y Chile en los últimos 100 años. Para enfrentarla con éxito no basta con la labor del Gobierno. Se requiere también la colaboración de toda la sociedad y de todas las personas”.
Así concretaba en marzo de 2020 el Presidente Sebastián Piñera la promulgación del Bono Covid-19. Un beneficio por 50 mil pesos que beneficiaba a las familias correspondientes al 60% más vulnerable del país, que no contaran con ingresos por trabajos formales o pensión.
Sin embargo, a casi dos años de la implementación de la medida, el ente fiscalizador dio a conocer sus reparos.
Una de las primeras conclusiones fue que -pese a que la ley no los contemplaba- el Gobierno entregó más de 3,3 mil millones de pesos a casi 70 mil empleados que sí tenían un trabajo formal a la hora de recibir los dineros.
En este caso el listado fue enviado al IPS por el Ministerio de Desarrollo Social.
Otros 1,6 mil millones de pesos fueron repartidos a unos 33 mil trabajadores a honorarios que registraron boletas ante el SII. Es decir, también percibían ingresos.
Concejales favorecidos
Dentro de los hallazgos, uno de los más particulares fue el desembolso de unos 2 millones de pesos a concejales.
El listado también fue remitido al IPS por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para concretar los pagos.
En la nómina figuraba un total de 53 ediles, cuyas identidades no fueron reveladas en el informe de la Contraloría.
Según aclaró el ente fiscalizador en su auditoría, poseer la calidad de concejal no es por sí sola una limitante para acceder al beneficio, sin embargo, la ley promulgada por Piñera indica expresamente que las personas que integren un hogar que pertenezca al 60% más vulnerable de la población nacional, no podrán recibir el beneficio cuando estén integrados por trabajadores independientes formales.
El pago finalmente se concretó a 43 de ellos.
Beneficiarios muertos
El listado de beneficiarios contempló también personas muertas.
Entre la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia enviaron al IPS una nómina que incluía a 2.508 fallecidos.
De acuerdo a Contraloría, el bono terminó pagándose a 361 de ellos, por un monto superior a los 22 millones de pesos.
Por todo ello, el organismo fiscalizador entregó al IPS un plazo de 60 días hábiles para que acredite fundadamente las acciones “relativas a anulaciones y cobranzas de los pagos efectuados a personas a las cuales no procedía el pago del beneficio”.
En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social y la SUSESO “deberán tomar las medidas tendientes a concretar la implementación de mecanismos de actualización permanentes y oportunos” de las nóminas.
Ello, “de manera de contar con información que les permita verificar la existencia de las personas al momento de otorgar los beneficios, comunicando dichas medidas en el plazo anteriormente citado”.
Explicación desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
En una declaración enviada a BioBioChile, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, explica que la auditoría llevada a cabo por Contraloría fue realizada en base a las primeras transferencias entregadas a las familias tras la llegada de la pandemia al país, es decir, “el Bono Covid-19 entregado en abril 2020 y los dos primeros pagos del Ingreso Familiar de Emergencia, realizados en mayo y junio 2020, ante una crisis sin precedentes y cuya duración era incierta”.
“En este contexto, los registros de información con los que contábamos desde el Estado, que son los que junto a la información auto reportada por los hogares alimentan el cálculo de la Calificación Socioeconómica, no pudieron reflejar en tiempo real las caídas abruptas en los ingresos de los hogares e incluso muchos de ellos no habían solicitado la ayuda del Estado, por lo que no se encontraban presentes en el Registro Social de Hogares”, añade el escrito.
Junto con enfatizar que Contraloría ha constatado que en los pagos de estos beneficios dicha cartera ha actuado apegada a la normativa vigente, reconocen que pese a trabajar con la mejor información administrativa a la fecha disponible en el Registro Social de Hogares, “dicha información tiene rezagos naturales y pudo no reflejar en tiempo real la situación de las familias ante un contexto de alta incertidumbre y volatilidad, y con un nivel de fallecimientos mayor a un año normal”.
Por lo mismo, aseguran, es que como ministerio han impulsado diversos cambios para reducir estos desfases “y que justamente están en línea con lo mencionado por la Contraloría en su informe”.
Dentro de estas medidas implementadas destacan algunas como la disminución del rezago de la información administrativa utilizada para el cálculo de la CSE, la inclusión de nuevas fuentes de información administrativa de ingresos, así como la incorporación de los datos en tiempo real del registro de inscripción de defunciones del Registro Civil a través del web service, para disminuir el rezago de la información de fallecimientos.
A su vez, detallan que han fortalecido la coordinación con el Instituto de Previsión Social, organismo que realiza una nueva revisión de los fallecimientos antes de realizar los pagos.
“En relación a la calidad de las bases de datos de registros administrativos, el Ministerio se encuentra trabajando en un proyecto de gobernanza que permita asegurar y garantizar una calidad mínima de los registros administrativos del Estado que son solicitados mensualmente para el cálculo de la CSE”, puntualizan.
En ese sentido, hacen un llamado para “actualizar los datos de los hogares en su RSH cada vez que su situación cambie”.
BioBioChile se contactó con la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y el Instituto de Previsión Social (IPS) para obtener una versión sobre el tema. No obstante, desde ambos estamentos indicaron que se atenían a lo explicado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Gobierno entregó Bono Covid a 43 concejales y 361 beneficiarios muertos
