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$200 millones en zumba: Gob. Orrego acude a Contraloría por sospecha de sobreprecios en proyectos

Guevara en la mira

$200 millones en zumba: Gob. Orrego acude a Contraloría por sospecha de sobreprecios en proyectos

Martes 14 diciembre de 2021 | 11:20

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La nueva administración regional encabezada por Claudio Orrego (DC) ingresó un oficio al ente fiscalizador donde denunció la transferencia de $500 millones de pesos desde el 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la realización de tres proyectos deportivos: masivos de “zumba”, de “spinning” y de “entrenamientos”. Según la denuncia, estos tendrían irregularidades en su naturaleza: fueron modificados para su aprobación sin notificar al Consejo Regional, junto con que podrían exhibir un precio muy por sobre el valor de mercado en cuanto a honorarios y costos de producción. Consejeros regionales explicaron que en esa votación no pudieron saber el detalle de los proyectos que entonces se aprobaron, mientras que una denunció “clientelismo” en la forma en que los proyectos del FNDR se adjudicaron durante los últimos períodos.

Poco más de una semana antes de que asumiera la nueva administración del Gobierno Regional encabezado por Claudio Orrego y se oficializara la disolución de la antigua Intendencia Metropolitana, se transfirieron desde las arcas regionales más de $500 millones en subvenciones a través de “convenios de transferencia”, a costa de los fondos del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

¿El motivo? Tres proyectos deportivos: “Masivos de Zumba Regional”, con un costo total de $200.547.872, aprobado el 23 de junio de 2021; “Masivos de Spinning Regional”, por $150.020.000, el 25 de junio de 2021; y “Masivos de Entrenamientos”, por $150.021.936, el mismo 25 de junio.

Las organizaciones detrás de estos proyectos son, respectivamente, la ONG RCKLT, la Corporación Patrimonial Historias Nuestras y la Asociación Deportiva Regional de Halterofilia La Florida.

Las transferencias levantaron las alarmas de la nueva autoridad regional. Así se entiende en un oficio enviado desde el edificio ubicado en Morandé 93 al contralor general, al que tuvo acceso Radio Bío Bío.

En este se solicitó un “pronunciamiento” de la Contraloría, ya que acusaron “irregularidades” y que los costos de los proyectos “están extraordinariamente sobre mercado”.

“Copias textuales de proyectos”

El oficio explicó que bajo la administración del exintendente metropolitano Felipe Guevara se aprobaron estas planificaciones, que tendrían una serie de problemas en su propuesta y en la forma en que se autorizaron.

Por ejemplo, en las descripciones de los proyectos, detalló el memo, hay copias casi textuales entre los tres formularios de postulación: “Tienen las mismas características y beneficiarios tanto en las comunas de La Florida, Puente Alto y Peñalolén. Todos tienen la misma estructura y cambian solo algunas palabras, no hay un desarrollo específico para cada uno”.

Por otro lado, denunciaron en el mismo documento que existió un “procedimiento irregular” en la adjudicación: la División de Presupuesto e Inversión Regional (DIPIR) determinó el 22 de junio de 2021 que existió un “error en el formulario” en estos proyectos deportivos.

A pesar de esto, las propuestas habrían vuelto a ser ingresadas como nuevos proyectos a través del sistema online, “únicamente con cambios en los campos que los analistas advirtieron coincidencias exactas, pero conservando el monto de postulación”.

Junto con ello, delató el oficio, esta modificación “no fue notificada al Consejo Regional ni a los analistas de la DIPIR”. “Es decir, se trataría de proyectos distintos a los aprobados originalmente por el CORE”, extendió el documento.

“Sobreprecios”

Como último punto, se denunció un “sobre precio en la valorización de costos de los proyectos”.

A modo de contexto, cada uno de los proyectos —masivos de zumba, spinning y de entrenamientos— se realizarían en varios lugares públicos de la ciudad de Santiago. Asimismo, todos estipularon 12 jornadas de cada actividad, de 4 horas cada una. O sea, 48 horas de cada disciplina, con mil beneficiarios directos, según expusieron los formularios.

Sobre esto, el GoRe criticó que en el proyecto “Masivo de Zumba”, en concepto de honorarios para cinco instructores, un coordinador y cuatro administrativos se solicitaran $58.807.200.

En esta lógica, cada uno de los administrativos percibiría $10.200.000 en un año “por 96 horas de trabajo”, considerando las 48 horas de las actividades más otras 48 para “organización”. Esto, denunciaron, da un monto de $106.000 la hora de trabajo, “casi 7 veces más de lo que gana un docente de la educación media”.

Para el “Masivo de Spinning” se detalló la misma cantidad de personal, en los mismos cargos: se pidieron $53.007.252. Y en el de “entrenamiento funcional” el monto solicitado es exactamente el mismo del de spinning, con la misma glosa en las descripciones de los cargos.

Por otro lado, en la producción de los eventos se pidieron $10.084.400 para cada sesión de zumba; $6.356.062 para cada jornada de spinning y, también, exatctamente el mismo monto para “entrenamientos funcionales”: $6.356.062.

Otro ítem que resaltó el Gobierno Regional es el monto solicitado para la glosa “página web y redes sociales”, que se cuenta dentro de los gastos de operación. En los tres proyectos el monto es idéntico: $18.000.000.

En suma, el oficio remató que si se considera la cantidad de beneficiarios directos (mil personas en cada proyecto), para cada clase de spinning, por ejemplo, se llega al costo de $300.000 por cabeza.

Las organizaciones

En el documento, el GoRe expuso que descubrieron “relaciones de parentesco entre las personas que dirigen las tres organizaciones, que en conjunto se adjudican más de $500.000 en subvenciones”.

A saber, en las tres corporaciones se repite el nombre de Jorge Daniel Arcos Gatica: es presidente de la Asociación Regional de Halterofilia La Florida; es tesorero y padre de un director en RCKLT y es tesorero en la Corporación Patrimonial Historias Nuestras. La presidenta de esta última, Cecilia del Pilar Yáñez Vargas, tiene un hijo en común con Arcos.

A su vez, otro nexo que denunciaron es que el presidente de RCKLT, Manuel Zapata Vergara, es padre del secretario de esa misma entidad, Benjamín Zapata Hernández.

“La motivación real detrás de la subvención no tiene su foco en los destinatarios y beneficiarios de las actividades que accederán a estos beneficios”, siguió la denuncia, “sino que aparece como una pantalla que oculta una transferencia de cuantiosos recursos fiscales de la subvención a una misma familia controladora de las tres organizaciones adjudicatarias”.

Precios de mercado

¿Son sobreprecios los montos solicitados en estos proyectos? Tres productoras que han realizado eventos de similares características a los descritos en este oficio fueron consultadas para este reportaje. Ninguno de sus representantes quiso ser mencionado, por temor a represalias.

No obstante, todos coinciden en que los precios están abultados para los valores que se manejan en el mercado.

Uno de ellos explicó: “Todo depende de las especificaciones técnicas que se utilicen en el evento, porque hay elementos más caros que otros. Además, los precios pueden variar si es que se contrata un profesor famoso o uno desconocido. Hay eventos de zumba que pueden costar $8 millones con un rostro, mientras que uno de bajo perfil puede llegar a $15.000 la hora de trabajo”.

Esto contrastaría con los más de $100 mil que costaría la hora de trabajo de los docentes en estos proyectos, según la denuncia que se hizo llegar a Contraloría.

Otro gerente de una productora que hace tratos con el Estado comentó: “Hay eventos que por su complejidad pueden ser mas caros en lo técnico. Pero en este caso, un evento de estas características, independiente que sea para mil personas, no reviste mucha complejidad técnica. Además, necesitaría pocos servicios”.

A continuación, estimó un presupuesto de entre $900.000 a $1.500.000 para la producción de cada evento, considerando una tarima, audio sencillo, amplificación, luces y otros elementos, sin profesor de baile. En cuanto a honorarios del personal de producción, estimó de 3 a 5 millones de pesos.

En cuanto a los $18.000.000 considerados por cada proyecto para página web y redes sociales, fueron consultados dos profesionales que encabezan agencias de marketing digital.

Francisco Higuera es director general de Pomelo Digital. Aseveró que, considerando que el público beneficiado son mil personas y es un sitio web informativo, “es un sobreprecio total. Un sitio web bien hecho puede costar un millón de pesos, y hasta dos millones me parece bien. En inversión publicitaria para ese público no se necesita más de 200 mil pesos mensuales. Administrar redes sociales no debe salir más de 300 mil mensuales. Todo esto haciéndolo con alguien que cobra caro. Con alguien que cobra barato, sale la mitad, o más barato”.

No obstante, para el CEO de la agencia digital Bigbuda, Marcel Acunis, para costear un proyecto de página web se deben considerar aspectos como “el tiempo” y “la cantidad de profesionales involucrados”, además de que los presupuestos pueden variar según “la calidad y experiencia del equipo humano”.

“Considerando esto”, continuó Acunis, “la creación de un sitio web estándar parte desde el costo cero si es un favor, a los $200 mil a $400 mil si lo hace un freelancer”. En tanto, “una agencia puede cobrar según su experiencia, ya que también hay que estudiar los requerimientos de forma responsable”, por lo que no descarta que los montos de un presupuesto de estas características sea de varios millones de pesos.

“Hay que entender los detalles del requerimiento, el alcance del proyecto y la propuesta”, aseveró.

Reacciones

El gobernador regional metropolitano Claudio Orrego (DC) explicó que la denuncia nació a raíz de una solicitud del consejo regional.

“Empezamos a hacer investigaciones internas y nos encontramos con varios elementos que lo hacían sospechoso, después abiertamente irregular, y hoy diría que casi presuntamente delictuoso. ¿Por qué? Primero, porque este fue un proyecto que se aprobó en una instancia sospechosamente inoportuna. O sea, entre la primera y la segunda vuelta electoral, y se transfirieron los cheques pocos días antes que yo asumiera como gobernador. ¿Por qué había apuro? ¿Por qué no se podía postergar todo esto a que asumiera la nueva autoridad? lo desconozco”, disparó.

El caso se suma, como indicó Orrego, a lo sucedido en septiembre de este año, cuando se destapó el abandono de obras del polideportivo San Gregorio en La Granja y se descubrió que el hermano del intendente, Matías Guevara, era uno de los proveedores en el proyecto.

“Estos proyectos deportivos transgreden todas las normas internas de aprobación. Son exactamente iguales entre sí, y al cotizar nos dimos cuenta que estaban al triple del precio de mercado. Además, son proyectos aprobados en plena pandemia, cuando no se podían tener esos aforos”, continuó el jefe de la gubernatura regional.

“Nos dimos cuenta que la unidad que evalúa estos proyectos los devolvió porque los tres son exactamente iguales. Cambian los nombres y cosa muy menores. Y en vez de pedir la reformulación y llevarlos nuevamente al Consejo Regional, se tramitaron expeditamente, fast track, sin hacer las modificaciones del caso”, lamentó el recientemente electo democratacristiano.

Y deslizó que hace días también cayeron en cuenta que organizaciones ligadas a la misma familia fueron beneficiarias de otro proyecto por $500 millones: “Descubrimos también que la misma entidad que iba a administrar estos tres proyectos es la misma a la que se le entregaron $500 millones de pesos para hacer un programa de capacitación a reos sobre reciclaje. Entonces, ¿cómo la misma entidad recibió mil millones de pesos en un plazo de tres meses, con estas faltas internas?”.

Por otra parte, varios y varias conejeros regionales que actualmente ejercen el cargo fueron consultados al respecto una vez la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío tuvo acceso a la denuncia.

Todos los y las consultados reconocieron la existencia de una dificultad a la hora de votar los proyectos: asumieron que no saben exactamente qué están votando.

Nosotros no tenemos el detalle del proyecto uno por uno. Cada administración de turno, como lo fue la Intendencia Metropolitana y hoy la Gobernación, hacía un listado de los proyectos en conjunto, como un paquete. Nosotros tenemos la facultad de aprobar estos proyectos por paquete, no uno por uno, cosa que se ha discutido siempre en el consejo. Queremos poder aprobarlos uno por uno y después revisarlo con mayor tranquilidad y transparencia“, manifestó Claudio Pardo (UDI), Core que no tuvo éxito en esta reelección.

Y sumó que “sí considera” que estos montos denunciados son “sobreprecio”. “Por eso”, sumó Pardo, “también nos pusimos a disposición de la administración a que se hagan las consultas correspondientes a la Contraloría, y que el contralor defina si hubo un error administrativo. Y si lo hubo, que se tenga que asumir ese error de la administración anterior“.

La Core Claudia Hasbún (CS) consideró que “si hay una mínima sospecha de que algo no va pegado a la norma, tenemos el deber moral y ético de denunciarlo a las instancias que correspondan si es que hay o no un ilícito”.

En tanto, quien fuera diputada en cinco períodos y consejera regional en dos, María Antonieta Saa (PPD), fue más punzante. Aunque admitió “no estar al tanto” de la situación denunciada, votó en contra de estos proyectos por la misma razón descrita: “Yo voté en contra de esos proyectos, porque fueron presentados a última hora por el intendente Guevara sin que tuviéramos la posibilidad de examinarlos”.

Asimismo, criticó el “clientelismo“, como ella lo definió, que ha tomado la asignación de fondos del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Hay quienes presentan sus proyectos y que se les está haciendo una burla, porque no tienen ninguna posibilidad de ganar el proyecto. (..) Eso es clientelismo, porque si una organización no conoce un Core que lo favorezca, no tiene ninguna oportunidad de que su proyecto sea aprobado”, siguió Saa.

En añadidura, la profesora de castellano explicó que a la hora de postular, hay proyectos con mayor y menor puntaje, el que se va definiendo según el rubro, el sector que beneficiará y si están bien hechos desde el punto de vista de presupuestos (como presentar al menos tres cotizaciones). Luego, se clasifican como admisibles y no admisibles.

“Ahí viene el problema del clientelismo. El intendente, hoy el gobernador, tiene la responsabilizar de priorizar quién gana el concurso“, subrayó.

Y en los últimos años el intendente le pide el consejo a los Cores. Por ejemplo: el último procedimiento de Felipe Guevara fue decirle a cada Core, excepto a algunos, los que nos oponíamos, que iban a tener $200 millones o más en proyectos. Cada Core, un Viejo Pascuero. Es mucho dinero”, siguió Saa.

“Por ejemplo, en el último concurso que se hizo, el distrito de la comuna de San Bernardo se llevó hasta $500 millones en proyectos, porque había tres Cores. Esa manera de repartir el 6% favorece el clientelismo. Porque yo voy a las organizaciones de mi distrito y les digo ‘mire, acá está este 6%, pueden participar. Y yo los puedo apoyar’. Y van a las juntas de vecinos, clubes de ancianos, y dicen que apoyarán el proyecto, e incluso algunos Core ofrecen hacer el proyecto. Pero les dicen: ‘con la única obligación de que ustedes compren el cóctel final del proyecto y un pendón, los que tienen que comprarlos a determinados proveedores"”.

Por último, consultada por quiénes eran los Core que solían aprobar este tipo de iniciativas, apuntó que “los que aprobaban esto cuando el resto los rechazaba era la coalición UDI-RN y el Partido Socialista. Hacen una coalición hace bastante tiempo, yo diría todo el último período, con Karla Rubilar y Guevara. Así, logran una mayoría. Ganaban proyectos en las localidades de ellos, que sus comunas fueran más favorecidas por los proyectos del Gobierno Regional“.

Defensa

Radio Bío Bío se contactó con Jorge Arcos Gatica, quien tiene participaciones en las tres organizaciones que se adjudicaron los más de $500.000.000 en proyectos.

Se definió como “consultor de proyectos hace 30 años” y aseguró que ha postulado a proyectos similares hace diez. Y consultado sobre si considera que estos son sobreprecios, indicó que “si yo tuviera una tabla de precios, te diría que sí. Pero no hay una tabla de precios. (…) Si revisas las bases de postulación, algunas tienen precios regulados, otras no los tienen regulados. La regulación es lo que permite el Estado, no lo que postula la organización”.

“No existe sobreprecio, porque no hay tarifario de precio. Yo no establezco el precio. Lo establece el analista del Gobierno Regional, que no sé quién es. A mi solo me llega un correo. Nosotros proponemos y el analista revisa dentro de su tarifario a ver si es el correcto. El tarifario lo manejan ellos, no nosotros. Ellos dicen si el monto es correcto”, extendió.

En añadidura, defendió los valores de honorarios del proyecto: “Es un valor de mercado. Si no colocas ese valor, no tienes gente para trabajar“.

Y consultado sobre si consideraba que los precios de los proyectos era justo, finalizó: “No sé si los precios son justos. No lo sé. No hay un criterio para decidir la justeza. Las bases del concurso establecen todo, absolutamente todo. Y a nosotros no nos preguntan. No sé si es justo. No te lo sabría decir. En muchos proyectos nosotros terminamos colocando plata, subsidiando al Estado”.

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