“Cuando uno entiende que esto ocurre en el contexto de una organización donde se sabe, se dice y se ostenta la condición de miembro de una organización como el Tren de Aragua, no es necesario poner el grillete a sus víctimas”. Así resume el fiscal Patricio Aravena los métodos de intimidación que ejerció la célula del Tren de Aragua caída recientemente en Concepción.
En total, son 10 los imputados que enfrentan cargos derivados de la trata de al menos 14 mujeres para explotarlas sexualmente en un domicilio de Aníbal Pinto. El grupo criminal no sólo vigilaba cada uno de los movimientos de las víctimas a través de un circuito cerrado de cámaras en la casa, sino que incluso las obligaban a mantener relaciones sexuales sin preservativos. ¿Elegir los clientes o los horarios para atender? Ni hablar. Todo era controlado por quienes las trajeron a Chile por medio del desierto.
“Las afectadas de este delito muchas veces no se reconocen a sí mismas como tal y aún cuando se reconozcan, el miedo derivado del contexto de las organizaciones que las someten, naturalmente significa estimar que hay un riesgo real para su integridad física o su vida”, asegura.
El origen del caso: las víctimas de explotación sexual
—¿Cómo se inició esta investigación? Se habló de que hubo tres denuncias…
Básicamente esta investigación deriva de antecedentes vinculados al arriendo de habitaciones para mujeres que eran explotadas sexualmente. De hecho, en ese contexto, los primeros blancos fueron las personas ya detenidas: Carlos Tulcán y su pareja Josette Rosales. Una vez que dimos con ellos pudimos identificar a quienes les arrendaban o quienes administraban este arriendo en términos de ser sus rentistas principales de habitaciones. Y ahí aparece la figura de Luis Felipe Franco Ceballos. Esa fue la dinámica.
—¿Y esa información inicial provenía de víctimas o provenía de usuarios que se enteraron de esto?
Provenía de personas que se identificaron como víctimas, pero no de la organización. Por eso es que no hay ninguna otra mención durante la audiencia ni en los hechos. Porque simplemente fue un antecedente residual derivado de otras personas que no estaban vinculadas directamente con la organización.
—La fiscal Cartagena, en una entrevista, mencionó que el inicio de la investigación había sido algo más bien casual.
Entiendo que la referencia es al hecho que no fue directamente respecto del blanco principal. No es que la causa inició por Luis Felipe Franco Ceballos o investigando el Tren de Aragua, sino que es una derivada. Entiendo yo que en ese contexto debe haber usado la expresión.
—¿Y estas denuncias provienen de personas que estaban siendo explotadas sexualmente?
Sí.
—¿Y cómo se da esa denuncia?
Respecto de eso, como tiene que ver con otra investigación, no me puedo referir más en detalle. Simplemente decir que efectivamente el primer antecedente está asociado a personas que pusieron nuestra atención en Carlos Tulcán y en Josette Rosales.
—¿Y esa atención estaba concentrada en esta casa en Aníbal Pinto 979?
Efectivamente. Y a partir de eso, y de la concentración en esa casa, aparece la figura de Luis Felipe Franco Ceballos.
—Entonces, ¿esto tampoco significa que esto viene derivado de otra investigación paralela que pueda existir en otras fiscalías?
No. Esto es una investigación que nace a través de la Policía de Investigaciones, de la Brianco, derivada de la Fiscalía de Concepción. No hay en el origen otras investigaciones relacionadas.
“Este delito no solamente puede cometerse mediante engaño”
—¿La denuncia fue debido a que estaban sufriendo esta explotación o de otro aspecto derivado de aquello?
No, efectivamente tenía que ver con indicios de aquello.
—De que alguien se cansó de ser explotada sexualmente.
Así es.
—Y eso me imagino que implica una dificultad, porque estos delitos de trata por lo general son muy difíciles de denunciar y de pesquisar.
Y yo creo que en eso hay que poner el énfasis. Para mí es una sorpresa incluso el ver cómo la interpretación de terceros, en el contexto de la presentación del caso incluso, en no entender las dificultades que significa el establecer este tipo de delitos y las formas de distintas formas de comisión que puede tener.
La dificultad está asociada justamente a que sabemos que es muy complejo contar con versiones de víctimas, justamente por dos principales razones: la primera, que muchas veces las víctimas ya inmersas en esta dinámica, no se reconocen a sí mismas como tal, esa es la primera dificultad. Y la segunda, es que aún cuando se reconozcan, el miedo derivado del contexto de las organizaciones que la someten, naturalmente significa estimar que hay un riesgo real para su integridad física o su vida.
Entonces eso es lo primero, es como la primera dificultad y la segunda está asociada derechamente a ciertos estereotipos y a ciertas expresiones que uno esperaría, que a esta altura, estuvieran un poco atenuadas, al menos. Y parecen no estarlo del todo.
—¿Como cuáles?
El no entender que este delito no solamente puede cometerse mediante engaño. La ley contempla distintas maneras de cometer el delito de trata a personas. Puede haber engaño, pero también puede haber aprovechamiento del desvalimiento de la víctima. Puede haber coacción, puede haber violencia
—Que es lo que ocurrió en este caso…
Claro. Entonces uno lamentablemente se encuentra con comentarios algo así como “Ah, bueno, pero ¿sabían a lo que venían?”. Y dan a entender que si lo hubieran sabido pareciera que este delito no pudiera cometerse. Y no solamente en nuestra legislación, sino que las normas internacionales, reconocen las distintas maneras de comisión.
—¿Y en este caso existía esclavitud sexual? ¿Podemos hablar de esclavitud sexual?
Podemos. Pero claro, el problema de reducirlo a ese concepto puede significar expectativas de comisión que no son necesarias. Es decir, a nadie le tienen un grillete en el tobillo, a nadie le pegan necesariamente latigazos. Entonces, a veces, el simplificar -y está bien, porque se entiende mejor- significa tener ciertos cuidados, porque si no genera expectativa en términos de “ah, pero simplemente no las dejaban salir de la casa, pero se podían sacar fotos o tenían Facebook, entonces de qué esclavos me hablan”. Entonces, de la caricatura que deriva del concepto hay que tener un poco de cuidado, las restricciones no necesariamente son físicas.
Ahí es donde entra el concepto de hablar de esclavitud moderna. Es decir, hay maneras de someter a las personas que no necesariamente tienen que ver con acciones físicas directas sino indirectas: restringirles la posibilidad de salir, restringirles las posibilidades en el ejercicio de comercio sexual, no poder elegir los clientes, no poder elegir cuándo atender, no poder elegir las condiciones en términos del uso de protección para evitar embarazo o enfermedad de transmisión sexual, los trámites de uso preservativo. Hay una serie de condiciones que reflejan el sometimiento. Y, claro, cuando uno entiende que esto ocurre en el contexto de una organización donde se sabe, se dice y se ostenta la condición de miembro de una organización como el Tren de Aragua, no es necesario poner el grillete.
Coordinación permanente
—Hemos visto algunos casos de víctimas que se les amenaza a familiares en el extranjero. Es decir, si provienen de Venezuela, el Tren de Aragua como tiene presencia y proviene de allá, amenaza de muerte a familiares para que las personas se mantengan bajo coacción. ¿Han visto eso en este caso?
No en esta investigación. Lo importante es que hay antecedentes que están en desarrollo su análisis. Como por ejemplo lo que tiene que ver con la información proveniente de los teléfonos y otros dispositivos electrónicos incautados que pueden eventualmente dar señales en ese sentido. Lo que yo digo es que hasta ahora, y de hecho usted lo pudo ver en la audiencia, no se expresó nada de esa naturaleza. De hecho, si lo hubiéramos tenido, lo habríamos expresado en la audiencia. Puede ser más decidor desde el punto de vista público que otras de las cosas que dijimos.
—¿Qué representa Concepción para esta organización de crimen organizado? ¿Hay aspectos geográficos concretos, culturales o incluso investigativos que hagan atractivo a Concepción para este tipo de delitos?
La verdad es que no creo que hayan condiciones desde el punto de vista cultural o de las oportunidades de negocios distintas en el caso de Concepción. Lo único que uno podría aventurar es que geoestratégicamente se requiere tener un punto de negocio que conecte el país para cubrirlo en su totalidad. Es decir, hay antecedentes de hechos de trata más al sur y más al norte. Digamos que falta un punto en la zona centrosur. Y probablemente de ese punto de vista estratégico pudiera cumplir un rol, pero más allá de eso, condiciones particulares de Concepción, en la investigación al menos no hay nada de eso.
—¿Por qué se eligió a la Brianco y no a la Bitrap para investigar esto? Pese a que da la impresión de que es principalmente un caso de trata sin perjuicio de que vengan asociados también a narcotráfico.
La verdad es que esa explicación probablemente la podría dar mejor la policía que yo, pero yo tengo la explicación que me dio la policía. La Brianco generalmente se asocia a la investigación de delitos de droga. Sin embargo, desde que cambió su denominación de Briant a Brianco, es una unidad que cumple funciones de investigación tanto antinarcóticos como crimen organizado. En todas las regiones no hay Bitrap, que es una unidad que fundamentalmente tiene su asiento en la ciudad de Santiago. Si bien presta colaboraciones en otras partes del país, las unidades operativas de regiones que tienen crimen organizado tienen una subdivisión dentro del crimen organizado para ver cuestiones como esta y esa es la realidad de este caso.
Lo que yo he visto en la investigación es que, en todo caso, a partir de la expertise de la Bitrap, ha habido una permanente coordinación y consulta desde la Brianco con esa unidad de carácter metropolitano, fundamentalmente. No obstante que investigan o concurren otras partes del país, también hay una decisión operativa.
Yo prefiero tener un equipo policial permanentemente en Concepción que pueda hacer todos los trabajos de campo que se requieren en lugar que se requiera estar pidiendo que venga, una vez cada cierto tiempo, una unidad desde Santiago. Corresponde a una configuración de la policía, de la que yo no tengo nada negativo que decir, muy por el contrario, lo bueno es que como esta unidad de la Fiscalía de Concepción es unidad de tráfico de drogas y crimen organizado… nosotros tenemos una larga relación de trabajo con los equipos policiales, lo que por cierto facilita mucho más también el conseguir un resultado y un trabajo coordinado.
—¿Es necesario tener unidades como la Bitrap en las regiones?
Es que la verdad que el resultado del caso da más bien cuenta que quizá fortalecer dentro de la propia Brianco la unidad destinada a esto, más que la nomenclatura o los títulos. A veces se corre el riesgo de generar nichos de demasiada especialización y una subutilización de recursos y yo creo con eso también hay que ser cuidadoso.
Tren de Aragua en Concepción: “Para nosotros acá es nuevo el fenómeno en estas condiciones”
—¿Cómo es la coordinación entre la fiscalía regional o entre fiscales que investigan esto mismo? Porque hemos visto que hay presencia del Tren de Aragua en varias regiones
La verdad es que la coordinación se realiza identificando dos caminos, digamos. Uno es identificando a los fiscales que están a cargo de investigaciones de características similares en otras zonas del país y en ese sentido la referencia está dada por la fiscalía de Tarapacá a partir de la asignación especial que tiene el fiscal regional en esa región en relación con el crimen organizado y homicidio y específicamente el Tren de Aragua. Eso significa que tengamos que mantener contacto e informar de cualquier hallazgo que se produzca en otras regiones para efectos de cruzar información y ver si ayuda a comprender mejor el mapa de la organización a nivel nacional.
—¿Y eso cómo se da en la práctica? ¿Está la información disponible de manera clara o falta claridad en ese sentido?
No, la información que vamos obteniendo, en la medida que es concreta, la vamos compartiendo. Ese es un canal. Pero también, por ejemplo, nosotros supimos que finalmente blancos investigativos nuestros estuvieron lamentablemente asociados al homicidio del ahora suboficial Daniel Palma y también estuvimos en coordinación permanente desde que se generó esa vinculación con la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, con el fiscal Olivarí, con la fiscal Sironvalle, que es la jefa de SACFI y, por cierto, la coordinación a través de la unidad de la fiscalía nacional de crímen organizado, generada actualmente por el fiscal nacional Ángel Valencia.
—¿Y para eso existe algún protocolo? ¿O se da de acuerdo a las voluntades de cada fiscal?
No hay un protocolo rígido, pero claramente uno, que lleva 22 años en la organización, sabe en definitiva cuáles son las cosas que naturalmente contribuyen a generar un mejor resultado para todo. O sea, a tratar de evitar de la mayor manera posible cualquier tipo de compartimentación que no contribuya a entender fenómenos que cruzan de región a región sin pedir permiso. Entonces, en ese sentido, si bien no hay un protocolo rígido, sí hay ciertos lineamientos mínimos y que uno cumple específicamente, por ejemplo, generando la coordinación a través de la Fiscalía Nacional y los abogados asesores de la unidad.
Yo me mantengo en contacto con un abogado de la Fiscalía Nacional y ahí también surgen sugerencias en términos de “bien, sabes que sería bueno hablar con tal persona”, “tal fiscal tiene este antecedente” o “vamos a obtener esta información que está generando este otro fiscal en esta otra región” o “podemos utilizar elementos de prueba que se construyeron para otro caso como peritaje” o qué sé yo. Es compartir información y experiencia, porque claro para nosotros acá es nuevo el fenómeno en estas condiciones y, en ese contexto, no solamente necesitamos compartir información sino también experiencia investigativa.
—¿Y no sería mejor tener un equipo de fiscales con dedicación exclusiva para investigar solamente al Tren de Aragua o crimen organizado en Chile?
La verdad es que escapa a mi condición de fiscal adjunto el hacer proyecciones de esa naturaleza. Lo que sí sé es que nuestro fiscal nacional ha hecho propuestas en ese sentido y la reestructuración a nivel de Fiscalía Nacional, de la Unidad de Drogas pasar a esta Unidad de Drogas, Crimen Organizado y Lavado de Activos, está en esa dirección. Pero no es mi rol el decir qué es lo que la organización debería hacer más allá que tenga mi ideas personales sobre el particular.
—¿Por qué en este caso no imputaron lavado de activos? Porque vimos en redes sociales todo lo que presumían los líderes de esta célula.
La investigación está empezando. Por mucho que haya tenido un año detrás, hay dimensiones en las que los elementos que se recopilen a partir de las incautaciones y aquellos que recibimos… lo dije en la audiencia, sólo unas dos o tres semanas antes de la investigación nos pueden llevar efectivamente a formalizar nuevos delitos. Eso no está para nada descartado, pero lo que alcanzamos a hacer antes de la audiencia, en materia financiera, estuvo más bien asociado a un análisis policial de la vinculación entre cuentas más que a cuestiones como análisis de producto u ocultación de la actividad que se imputa y, por lo tanto, no lo descarto para nada. No es que no se hizo y no se va a hacer, simplemente en el momento los antecedentes no nos permitían sostener probatoriamente y además, desde el punto de vista de lo que interesa, que es formalizar que los imputados dejen de cometer los delitos que se le atribuyen y que queden sometidos a la media cautelar de prisión preventiva, creíamos que con
lo que teníamos construido hasta este momento era suficiente para cambiar de fase desde una investigación no formalizada a una investigación formalizada.
Sin nexos con descuartizamiento en Santiago
—¿Se investigan otros delitos asociados? Por ejemplo, homicidios. Considerando que el Tren de Aragua es conocido por su violencia.
Lo que le puedo decir es que en la investigación que formalizamos no hay elementos… o sea, a nadie se le imputó ningún homicidio. Sí hay elementos para entender que efectivamente se trata de un grupo violento con disposición de armas. Eso es lo que yo le puedo decir por ahora. Y en qué se expresa, en algo que sí dijimos, la imputación por el delito de un arma que el imputado no tenía al momento que fue detenido, porque estaba en poder de un sujeto en Puerto Montt.
—El fiscal nacional dijo que había una relación entre lo que había pasado en Concepción y lo que había pasado con John Grueso, que apareció descuartizado y esparcido por el centro de Santiago.
No, entiendo que después la misma Fiscalía Nacional descartó eso y yo lo descarto también. Fue simplemente superposición de noticias un día. No tienen relación hasta donde conocemos.
—Además de las escuchas, donde los imputados dicen que pertenecen al Tren de Aragua ¿Hay antecedentes concretos que los vinculen a una célula en particular? Más allá de que ellos mismos lo digan.
No es que lo digan simplemente a terceros como una forma de intimidación o como una forma incluso de usar una chapa que no les pertenece para engañar, cosas que se ha visto, sino que son comunicaciones entre personas asociadas a la red en las que no tendrían ninguna necesidad de hacer una ostentación ficticia. Eso, sumado a comunicaciones que no son llamadas y que se obtuvieron en los últimos días, nos hacen entender que nuestra afirmación no descansa en la pura palabra hablada.
—¿Entonces sí existen antecedentes?
Son comunicaciones distintas de las llamadas telefónicas. Siempre dentro del ámbito de las comunicaciones. La verdad que es muy difícil encontrar otro tipo de elementos.
—¿Pero eso quiere decir que existe una comunicación directa entre el principal imputado -o un líder local- con alguien de una célula en Perú?
Hay comunicaciones que efectivamente confirman la vinculación a esa organización. Dentro de las comunicaciones que se recogieron en la audiencia, uno de los imputados, que nosotros no podríamos decir que pertenece al Tren de Aragua, que es Carlos Turcán, él le cuenta a una tercera persona quién es Luis Felipe y lo describe como un miembro del Tren de Aragua. Es reconocido por otro.
—¿Es como una especie de franquicia si se quiere decir?
De alguna manera si, es una buena manera de describirlo porque hay espacios de autonomía pero también hay espacios de rendición de cuentas.
Seguridad de los fiscales: “Es necesario tener algunos cuidados adicionales”
—¿En qué se ve esa rendición de cuentas? ¿Tiene que ver con un pago de tributos, por ponerlo de alguna manera?
No estoy en condiciones de decirle en qué repercute desde el punto de vista de la persona o personas instaladas en el terreno local, pero sí hay elementos que dan cuenta de que hay rendición y de que, por lo tanto, es necesario que haya un tercero más arriba, o más al norte, que esté enterado de lo que ocurre y le reporten o aclaren problemas que se producen a nivel local. Y eso no puede pasar sino en la medida que haya una vinculación que merece ese deber de informar.
—¿Y en qué se traduce en la práctica ese deber de informar? ¿Rencillas o disputas con otras bandas o disputas internas?
Efectivamente.
—Entonces ¿si existe un conocimiento desde los lideres del Tren de Aragua que están fuera de Chile respecto de lo que ocurre en Concepción?
A partir de las comunicaciones entendemos que hay reportes de esa naturaleza.
—¿Ha visto usted temor en fiscales que investigan el crimen organizado?
No he tenido la oportunidad de conversar respecto de sensaciones personales con mis colegas, pero es natural y eso desde el punto de vista ya no como fiscal del caso, sino a partir de lo que conversábamos antes, de la condición que tuvo hasta algún momento de participar de actividades gremiales. El tema de la seguridad de los fiscales naturalmente es un tema importante y la existencia de organizaciones como esta solamente ponen el énfasis en que no estamos equivocados al momento de plantear que es necesario tener algunos cuidados adicionales.
—Pero eso es temor.
No necesariamente. Yo diría que uno sabe que las condiciones actuales de comisión de delitos hacen que uno tenga que tener cuidados adicionales, pero tiene que ver más bien con acciones de autocuidado o de protección. Por ejemplo, yo hasta ahora no he sido objeto de ninguna amenaza, pero tampoco quiero poner el énfasis en eso. No es un tema que me gustaría ahondar.
—¿Cómo se protege a los testigos que denuncian esto? ¿Existe un plan?
Lo que le puedo decir es que respecto de cualquier víctima a identificar, que se identifique como tal y que esté dispuesto a prestar cooperación, y aunque no esté dispuesta a prestar cooperación, pero que se identifique como tal, es derivada a la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos y ellos proporcionan las herramientas conforme a los protocolos que se disponen para darle el mayor resguardo posible.
Verificación de identidades “no ha resultado especialmente expedita”
—¿Cómo se estableció la identidad de estos imputados? Porque hemos visto que un problema importante es justamente establecer identidades.
Claro, 6 de los 10 detenidos no tenían RUT nacional, por lo tanto no habían hecho trámites regulares ni nada y, por ahora, contamos con las identificaciones que ellos portaban. Naturalmente eso requiere una verificación a través de requerimientos de asistencia internacional para efectos de verificar si la documentación que portaban es verdadera y conocer así también si es que alguno de ellos dispone de antecedentes criminales previos, por ejemplo. Cuestiones que naturalmente dependen de la disposición del país requerido para cooperar.
—¿Y cómo ha sido esa disposición?
Yo personalmente no tengo aún la experiencia, pero entiendo que no ha resultado especialmente expedito.
—Una complejidad también es que tampoco se pueden cotejar huellas digitales, por ejemplo.
A nivel local no. Tendríamos que pedirlo, tendríamos que mandar la documentación que ellos tienen para ver si coincide con los registros venezolanos o colombianos.
—¿Y eso genera un problema evidente a nivel investigativo?
El problema que genera más bien tiene que ver con sus registros de delitos anteriores, porque en lo demás la verdad es que las personas que están detenidas son las personas que hacían las conductas, da lo mismo cómo se llamen.
—Pero también se puede generar un problema a la hora, por ejemplo, de que ingresen a las cárceles, porque de hecho la misma Contraloría hizo una auditoría bien extensa en las cárceles y muchas de las personas que finalmente llegaban a la cárcel no tenían cómo saber si es que eran precisamente las personas que habían sido detenidas.
En este caso, los que se detuvieron eran los que estaban investigados, nadie nos cambió a los imputados en el camino.
—¿Existe la posibilidad que eso pase?
Al menos no de esa fórmula, lo que se puede dar es que alguien de un nombre que no le corresponde y que eso sea porque tenga orden en otro lado del país o porque tenga antecedentes fuera del país, pero eso no repercute en esta investigación. O sea, más allá de las circunstancias agravantes, que podrían evitarse un agravante si es que tienen antecedentes por lo mismo.
