Durante el gobierno de Sebastián Piñera fue que nació la idea del proyecto para proteger la infraestructura crítica del país, el cual no llegó a ser aprobado por el Congreso. Pero a 4 meses del cambio de mandato se ha convertido en un proyecto que terminó por convencer a los nuevos inquilinos de La Moneda y ahora está en la recta final para convertirse en ley de la República.
El senador por Valparaíso, Kenneth Pugh, quién lideró el proyecto, da cuenta de porqué se produjo en cambio y cuál es el camino a seguir para implementar el resguardo de las infraestructuras críticas a lo largo del país. Muchos de los argumentos están basados en su pasado como vicealmirante de la Armada.
– ¿Por qué cree que esta vez el proyecto tuvo mayor apoyo?
Porque el viejo dicho chileno es muy sabio: “Otra cosa es con guitarra”. Cuando uno no tiene la responsabilidad de hacer que el país funcione, y tampoco tiene experiencia de lo que significa ejercer el poder político de un país, es fácil ser crítico y pretender dar lecciones. Ahora, en vez de dar lecciones se la han dedicado a dar disculpas. También se han dado cuenta de que existen ciertas herramientas legales que pueden ser útiles, necesarias e incluso imprescindibles, dependiendo de la situación que toque vivir.
-¿Por qué nace la necesidad de impulsar este proyecto?
El proyecto trata de la protección de infraestructura crítica para el funcionamiento del país y la seguridad de la población. El origen de esta necesidad es variado. En primer lugar, está el aumento importante de incidentes de ciberseguridad, tanto intentos como hackeos efectivos, que han afectado a bancos e instituciones financieras, a las FFAA, a reparticiones públicas, a empresas privadas y también a personas naturales. En segundo lugar están las experiencias que se produjeron después del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, donde el estado de excepción constitucional fue aplicado en forma tardía, lo que provocó las condiciones para una ola de saqueos y destrucción de locales comerciales, bombas de bencina y otra infraestructura, especialmente en la región del Biobío y por último debemos considerar también la inmensa destrucción de infraestructura, especialmente de transporte público, iglesias y comercios que causaron los desórdenes y la revuelta de octubre de 2019.
-¿Sin el proyecto, se podría afectar la gobernabilidad del país?
Por supuesto que sí, porque está destinado a disponer las medidas o herramientas que permitan controlar situaciones graves o críticas o que atentan contra la seguridad nacional, dando con ello mayor gobernabilidad. Sacar a las FFAA a la calle es un acto peligroso y delicado, y por ello requiere esta claridad.
-En la práctica hoy ¿Qué sería una infraestructura crítica?
Es aquí donde se requiere de conducción política. Se le va a dar al Presidente una nueva atribución de ordenar a las FFAA, estando en estado de normalidad, que proteja la infraestructura crítica. Ahora, el mando civil de las FFAA tiene que hacer su trabajo. El subsecretario de Defensa tiene que producir lo que se denomina “la planificación primaria”.
-¿Qué es la planificación primaria?
Esa planificación primaria materializa el mando civil sobre las FFAA. Ahí tienen que venir todas las directrices y orientaciones políticas, las que incluyen la apreciación de riesgos y amenazas, cuál es la infraestructura que se considerará, que se entiende por proteger, cuales van a ser las reglas de uso de la fuerza y un gran número de precisiones que incluyen los presupuestos, la cantidad de plazas a aumentar y el equipamiento a adquirir.
– Si utilizamos como ejemplo la Región de La Araucanía ¿Donde habrían militares protegiendo infraestructura crítica? ¿Se podría tener militares en toda la región?
La respuesta a esa pregunta es la “planificación secundaria”. Una vez que el Jefe del Estado Mayor Conjunto recibe las órdenes de la conducción civil de la defensa, realiza la planificación secundaria que es el “cómo va a resolver el problema militar” que le plantea la orden de la conducción política civil.
-¿Es cuantificable?
Por supuesto y tiene que ser cuantificado. La logística necesaria para la protección de las infraestructuras críticas requiere de recursos humanos, materiales y económicos. Requiere de entrenamiento en los lugares de despliegue y equipamiento especializado. Incluso se requiere de la demarcación de las infraestructuras críticas, su perímetro, dado que las fuerzas militares actuarán dentro del acuerdo a su consigna y todo lo que diga relación con el orden público afuera, será tareas de las policías.
-¿Cuánto costará al Estado este proyecto?
Dependerá de los procesos de planificación primaria y secundaria que se realicen, los que permiten determinar todas las acciones necesarias y costos.
-Para usted, ¿Es necesario un reglamento o sería mejor una ley como la del estado de excepción?
Prefiero una ley.
-¿Por qué?
Porque cada autoridad o poder debe ejercer el rol que le corresponde. Como parlamentario, puedo aportar en la formación y concreción de la ley; el reglamento es resorte del ejecutivo, que responde a un rol distinto, son poderes distintos. Establecer esta materia a nivel legal, permite dar visibilidad o transparencia a la misma, plantear una solución en forma clara a la ciudadanía y asumir el debate a nivel público. En la elaboración del reglamento no necesariamente existe esa claridad, porque siendo facultad del ejecutivo, es dicho poder quien determina los detalles o la forma en que se dará una concreción práctica, en este caso, a la ley.
