El ex director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, Daslav Mihovilovic, solicitó el desafuero del expresidente Gabriel Boric, con el fin de que sea juzgado por el delito de injurias graves con publicidad.
Mihovilovic presentó la petición ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, mismo tribunal que confirmó la semana pasada que Boric gozaba de fuero como expresidente ante una querella del exfuncionario.
Mientras era mandatario, Boric criticó públicamente a Mihovilovic después de que este último dejara su cargo, luego de la polémica fiesta por el quinto aniversario del SLEP Atacama. En redes sociales se habían difundido videos de la celebración, en los que se veía incluso una limusina.
“Paréntesis, disculpen la digresión. Qué bueno que echamos al director del SLEP, porque no he conocido a una persona más descriteriada. De los descriterios más grandes que he visto”, expresó el presidente el 29 de enero en Copiapó.
“Descalificación personal y gratuita”
En la solicitud de desafuero —ingresada por el abogado Raimundo Palamara en representación de Mihovilovic— se acusa a Boric de haber afectado “gravemente la dignidad, honra y reputación profesional” del exfuncionario. Así, reitera los argumentos de la querella original, en cuanto a que no hubo desembolso de recursos públicos en la fiesta.
El escrito manifiesta que la falta posee mayor gravedad por la investidura y el contexto en que Boric emitió sus declaraciones. En ese sentido, asegura que no se trató de una crítica técnica, sino de una “descalificación personal y gratuita”.
“Hay antecedentes suficientes para una formación de causa, existiendo las grabaciones que acreditan que los dichos fueron efectuados por Gabriel Boric Font, que no se encuentra prescrito, constituyendo un ataque directo, voluntario y por motu proprio, ejecutado en deshonra, descrédito y menosprecio de mi representado”, expresa el escrito.
La solicitud manifiesta que el fuero es un control previo destinado a determinar “si los antecedentes justifican razonablemente que el aforado quede sujeto al juez competente”. De acuerdo con el querellante, de las expresiones proferidas por Boric se desprende claramente “su carácter deshonroso y su impacto”.
El martes, la Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó notificar a Gabriel Boric. Transcurrido el plazo de cinco días, se citará a una audiencia para proceder con la vista del recurso.
Recurso de queja
Paralelamente, el querellante presentó ante la Corte Suprema un recurso de queja contra la Corte de Apelaciones de Copiapó. La acción precisamente busca dejar sin efecto la resolución con la que el tribunal de alzada nortino confirmó que Boric gozaba de fuero.
El recurso de queja arguye que la resolución de la Corte de Copiapó —firmada por los ministros Pablo Krumm, Aída Osses y la abogada integrante Verónica Álvarez— constituye una “falta o abuso grave”. Esto porque otorgó un beneficio procesal a quien “por ley y Constitución carece” de él.
La argumentación de la Corte de Copiapó había sido que, a pesar de que la querella fue presentada cuando Gabriel Boric aún no completaba su período presidencial y no contaba con fuero, al ser necesario fijar una audiencia de procedimiento simplificado, esta debería ser programada para una fecha en que sí contaría con esa protección legal.
Por el contrario, el recurso de queja sostiene que la querella por injurias graves con publicidad constituía una acusación, presentada en una fecha en que no existía el fuero. Además, explica que el artículo 416 del Código Procesal Penal determina que se debe solicitar el desafuero “en contra de una persona que tenga fuero”. Nada dice respecto a los fueros futuros.
Abogado querellante critica interpretación de Corte de Copiapó
En conversación con la Unidad de Investigación de Bío Bío, el abogado de Mihovilovic, Raimundo Palamara, comentó que el fuero es una “excepción a la regla y su interpretación es restrictiva”.
“La norma es clara, que la calidad de expresidente se obtiene sólo cuando completó el periodo presidencial, y la acusación fue interpuesta antes de que lo completara, el 27 de febrero”, aseveró el legista.
La Corte de Copiapó citó en su fallo el principio in dubio pro reo, que sugiere que en caso de duda se debe optar por la interpretación más favorable al acusado. Según el tribunal, este está garantizado en la Constitución en el artículo 19 Nº 3 inciso penúltimo.
En el recurso de queja se critica esta interpretación. De acuerdo con el análisis de Palamara, dicho inciso se refiere sólo a “qué ley le resulta aplicable al imputado cuando hay un cambio de legislación”, pero en este caso no ha habido ninguna modificación normativa.
Por último, Palamara defendió la decisión de tramitar paralelamente el recurso de queja y el desafuero. “Cuando quien está en frente es una persona con poder hay que usar todas las herramientas que el derecho brinda para proteger a mi representado. Así, de no ser acogida una, tener avanzada la otra”, justificó el abogado.
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