“Estimamos que el juez lejos de actuar de acuerdo con su investidura, lo ha hecho de un modo disciplinariamente indebido y, por tanto, inaceptable para sus funciones, siendo inexcusablemente negligente en el cumplimiento de su deber”.
La fiscalía interpuso una queja disciplinaria en contra del juez de garantía que resolvió que la arista de ProCultura, en la que figura como investigado el gobernador metropolitano Claudio Orrego, sea tramitada en Santiago.
A través de un documento —tenido a la vista por la Unidad de Investigación de Bío Bío—, el fiscal jefe de Alta Complejidad de Antofagasta, Eduardo Ríos Briones, está buscando ante la Corte de Apelaciones de esa ciudad que el juez Hans Durán Vásquez sea investigado administrativamente y sancionado.
Además, el persecutor que tiene a su cargo todo el caso ProCultura pretende que el tribunal de alzada antofagastino determine “las medidas necesarias para remediar el mal causado”. En efecto, que se revise la resolución y la indagatoria sea devuelta a la ciudad nortina.
La queja contra el magistrado se da luego de que el propio fiscal Ríos lanzara una ofensiva contra el mismo Juzgado de Garantía de Antofagasta. El tribunal rechazó alzar el secreto bancario de la cúpula de ProCultura, lo que dificulta la trazabilidad de los dineros públicos. Precisamente esa negativa terminó en dos recursos de hechos ingresados por el persecutor en los que acusa que la justicia está privando al Ministerio Público de acceder a antecedentes “cruciales”.
La situación, dice Ríos, impide “seguir la ruta del dinero”. “Sin acceso a los registros bancarios, el Ministerio Público solo cuenta con indicios internos y carece de prueba directa del perjuicio fiscal o del paradero de los caudales”, rezan los documentos judiciales ingresados por el profesional a la Corte de Antofagasta, tal como reveló este medio.
Traslado a Santiago
Todo comenzó cuando el fiscal Ríos hizo un primer intento por conseguir el desafuero del gobernador de la región Metropolitana. En medio de ese proceso, el 11 de septiembre recién pasado, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta suspendió la tramitación a la espera de que el Juzgado de Garantía resolviera un incidente de incompetencia interpuesto por la defensa Orrego.
Este último, con el argumento de que los hechos investigados —el convenio y su ejecución— estaban íntegramente radicados en tierras capitalinas.
La audiencia para discutir la incompetencia se realizó 30 de septiembre. En la oportunidad, tras escuchar a ambas partes, el juez Hans Durán Vásquez falló a favor de la defensa de Orrego y declaró la incompetencia del Juzgado de Garantía de Antofagasta en el asunto. En consecuencia se ordenó que la causa continuara su tramitación en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que más tarde terminó aceptando tramitar el caso.
Por si fuera poco, y pese a que la contraparte ni siquiera lo solicitó, el juez Durán condenó al Ministerio Público al pago de las costas del incidente.
Resolución exprés
Según se desprende del escrito con el que el fiscal Ríos sale a la carga del juez Durán, este último redactó su resolución de forma exprés. Eso, apunta el persecutor, “podría explicar las faltas y abusos indebidos” en los que incurrió.
Según plantea el fiscal de Alta Complejidad, sumando los considerandos y la parte resolutiva, el fallo tiene más de 3 mil palabras. Eso no cuadra con que se haya redactado en sólo 20 minutos, como fue el caso, dice el fiscal.
“(…) para un usuario avezado, la redacción, esquematización, fundamentación y revisión final de esta resolución habría tomado aproximadamente 4 a 6 horas”, sostiene.
Asimismo, en la queja disciplinaria se exponen errores que habría cometido el juez en la redacción de su resolución.
En el considerando décimo, por ejemplo, se subraya que el magistrado Durán planteó que no resultaba jurídicamente atendible que “el nuevo fiscal designado pretenda desconocer los actos procesales de su antecesor, quien reconoció expresamente la competencia de un tribunal diverso, y que hoy, invocando una supuesta conveniencia, intente alterar un acto propio sin sustento normativo ni respaldo fáctico razonable”.
Según plantea el fiscal en su presentación ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en audio de la audiencia demuestra que él “nunca ‘desconoció’ actuaciones efectuadas previamente y menos utilizó la expresión ‘conveniencia’, la que aludiría en una suerte de mala fe o intención del Ministerio Público en sus actuaciones”.
Este yerro detectado, apunta el persecutor, fue puesto en conocimiento del juez mediante un recurso de rectificación o enmienda en el que se le hizo saber que “era una expresión que no se había utilizado por esta parte y que se eliminara de la resolución”. En respuesta, el juez Durán rechazó el recurso sin mayor fundamentación, incumpliendo —a juicio del Ministerio Público— el deber de fundamentación de las decisiones judiciales.
“Estas afirmaciones incorporadas de manera arbitraria por el Tribunal tienen un carácter sustancial, atendido son parte principal del fundamento de lo resuelto y, a su vez, sirven de sustento para rechazar nuestras alegaciones, constituyendo falacias argumentativas que llevan al yerro judicial, que en definitiva se tradujo en acoger el incidente de incompetencia planteado por la defensa”, recalca el órgano persecutor en su ofensiva contra el juez antofagastino.
Condena en costas
Además de alguna alternativa para remediar lo que catalogan como una decisión arbitraria e injusta, el fiscal Ríos busca que la Corte de Apelaciones de Antofagasta aplique una sanción disciplinaria. Al menos, detallan, una censura por escrito “o las que vuestra señoría ilustrísima estime conforme a la gravedad de los hechos indicados”.
Respecto de la condena en costas, el Ministerio Público detalló que el juez incurrió en una errónea atribución de falta de fundamento. Esto, porque para justificar esa decisión, en el considerando duodécimo de su resolución, el juez argumentó que la oposición formulada por el ente persecutor al incidente de incompetencia presentado por la defensa de Orrego “carecía de sustento normativo suficiente y resultaba manifiestamente infundada a la luz de los antecedentes de hecho y derecho expuestos en la audiencia”.
A juicio de la fiscalía, ese razonamiento del juez se contrapone con lo que él mismo expuso en en su considerando segundo, donde detalló pormenorizadamente las razones de fondo por las que el fiscal Ríos estaba oponiéndose a la incidencia de la defensa de Orrego con el propósito de mantener la tramitación de la arista en Antofagasta.
“La resolución pronunciada por el señor Juez de Garantía de Antofagasta, señor Hans Eladio Durán Vásquez, carece de la coherencia lógica interna propia de una resolución judicial, que derivó en una condena en costas arbitraria e injusta”.
Por ello, alega el fiscal Ríos, “la condena en costas resulta arbitraria, atendido que este interviniente no promovió el incidente de incompetencia, limitándose a evacuar el traslado conferido, en cumplimiento de su deber de objetividad y de dirección de la investigación penal”.
Al tribunal pleno
Con todo, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta —integrada por los ministros (as) Virginia Soublette Miranda, Álvaro Tello Núñez y Jaime Rojas Mundaca— resolvió el viernes recién pasado que los antecedentes presentados en contra del juez Durán pasen al tribunal pleno.
Eso, “teniendo en consideración los fundamentos que sustentan en presente arbitrio y atendido que el mismo se plantea como una examen de los aspectos disciplinarios que rodean el actuar del magistrado recurrido”.
Será así la máxima instancia regional la que deberá pronunciarse respecto de la queja disciplinaria interpuesta por la Fiscalía. En la oportunidad, el tribunal pleno podría decidir el inicio de una investigación administrativa al juez que podría derivar en sanciones.
Asimismo, al menos en lo que pretende el Ministerio Público, existe la posibilidad de que se establezca alguna fórmula para “remediar el mal causado”. Lo que en este caso podría ser la revocación de la condena en costas e incluso, la revisión del traslado de la causa de Orrego a la región Metropolitana.
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