La Presidencia de la República busca que la Corte Suprema declare ilegal una orden del Consejo Para la Transparencia (CPLT) que les está obligando a entregar copia de correos electrónicos intercambiados entre los asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi Serrano y Carlos Durán Faúndez, por el caso Monsalve.
Todo comenzó con una solicitud de acceso a información pública presentada a fines del año pasado por el diputado Tomás Lagomarsino Guzmán. A través del Portal de Transparencia, el congresista pidió “copias de todos los correos institucionales enviados y recibidos, entre el 14 de octubre y el 18 de octubre de 2024, de don Carlos Duran Faundez y don Miguel Crispi Serrano”.
Eso, con el objetivo de conocer cuáles fueron las gestiones que se hicieron al interior de La Moneda, específicamente las realizadas por los asesores directos del presidente Gabriel Boric Font, para encontrar al reemplazante del subsecretario denunciado por violación. Ante la negativa inicial del Gobierno, el legislador interpuso un amparo ante el organismo que regula los procesos de acceso a información pública, logrando que se le diera la razón.
En este contexto, después de sendas derrotas a instancias del propio CPLT y luego ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que hace algunas semanas resolvió rechazar el reclamo de ilegalidad presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en representación de Presidencia, ahora será el máximo tribunal el que deberá pronunciarse al respecto.
“Faltas o abusos graves”
En concreto, de acuerdo con antecedentes tenidos a la vista por BBCL Investiga, esta vez la maniobra con la que el CDE busca que la justicia deje sin efecto la decisión de amparo del Consejo Para la Transparencia, que obliga la entrega de las comunicaciones vía mail, contempló la presentación de un recurso de queja en contra de las integrantes de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Según el órgano colegiado, las ministras Marisol Rojas Moya y Elsa Barrientos Guerrero, junto a la abogada integrante Magaly Correa Farías, cometieron “faltas o abusos graves” en la sentencia dictada el 9 de septiembre de 2025 en contra de Presidencia y a favor del CPLT.
“Al rechazar el reclamo de ilegalidad y dejar firme la decisión del CPLT, los recurridos han infringido la ley con falta y abuso grave, por lo que solicito respetuosamente a Vuestra Excma. Corte adoptar las medidas conducentes a remediar y corregir dichas faltas y abusos, dejando sin efecto la sentencia y dictando, en su lugar, una que acoja el reclamo, rechazando en consecuencia en su totalidad la solicitud de entrega de información”, reza el documento.
“Correos no existen”
Entre las supuestas faltas o abusos graves que esgrime el CDE ante la Suprema, se señala que la Corte de Apelaciones de Santiago está ordenando “entregar correos electrónicos que no existen”. En este punto, recalcan que —después de una revisión interna de las casillas de correo de Cripsi y Durán— la Presidencia pudo constatar que no habían comunicaciones relacionadas con el caso Monsalve entre los funcionarios.
Ese mismo argumento fue desechado por el tribunal de primera instancia, pues la inexistencia de los correos no había sido explicitada en su oportunidad, cuando la punga todavía se mantenía en sede administrativa.
Respecto de esto, el CDE —siempre en representación de Presidencia— advirtió que en principio la solicitud de acceso a información pública se denegó porque tanto Crispi como Durán manifestaron su oposición a abrir sus correos, lo que impidió al servicio la revisión de sus casillas. Y, por tanto, saber si habían mails relacionados el caso Monsalve en las fechas señaladas. Eso se hizo únicamente después de la decisión de amparo del CPLT.
“Presidencia de la República estaba imposibilitada de alegar explícitamente, en sede administrativa, la inexistencia de los correos electrónicos solicitados desde el momento que estaba impedida de acceder y revisar los correos electrónicos de los señores Crispi y Durán, tanto porque los funcionarios involucrados cuentan con un derecho a la oposición de ellos (artículo 20 de la Ley de Transparencia) como por la garantía constitucional que los ampara (artículo 19 N°5 de la Constitución)”, se lee en la presentación del CDE ante la justicia.
En esa línea, desde La Moneda recalcan que “no existen correos electrónicos entre el 14 de octubre y el 18 de octubre de los correos institucionales de don Carlos Durán Faundez y don Miguel Crispi Serrano que digan relación con las gestiones de reemplazo del exsubsecretario Manuel Monsalve”.
Como sea, en medio de la pugna el jefe de los asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi Serrano, decidió en marzo de este año renunciar a su cargo que ostentó desde septiembre de 2022, cuando el sociólogo frenteamplista fue fichado para reemplazar a Lucía Dammert.
¿Sentencia ejecutoriada?
Un hecho que hace ruido a quienes han seguido de cerca la tramitación de la causa es que, pese a que el CDE interpuso el recurso de queja en tiempo y forma ante la Corte Suprema, en el sistema de apoyo computacional del Poder Judicial la sentencia aparece “firme y ejecutoriada”. Es decir, los correos -en teoría- ya debieran haber sido entregados por Presidencia.
Así lo refrenda un documento emanado desde el tribunal, precisamente a petición del abogado que representa los intereses del diputado solicitante.
“Ese fallo, donde se me da la razón para la entrega de esto, se encuentra firme y ejecutoriado. Pero ya transcurrido un poco más de un mes, todavía dichos correos no han sido entregados como lo ha ordenado la Corte de Apelaciones de Santiago. Se presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, pero no constituye apelación respecto a la sentencia y, por tanto, ya se encuentra firme y ejecutoriada”, sostiene el diputado.
Por su parte, frente a consultas de este medio, desde la Presidencia de la República se remitieron a confirmar que “el pasado 15 de septiembre el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Presidencia de la República, interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema. Actualmente, la tramitación de dicho proceso aún se encuentra en curso”.
Desde el Consejo Para la Transparencia evitaron pronunciarse a la espera de lo que resuelva el máximo tribunal del país.
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