Solicitan diligencias para aclarar destino de cheques por fallida compraventa de casa de Allende

El querellante en la causa por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende solicitó al Ministerio Público aclarar el destino de los cheques emitidos por el Fisco.

Para realizar la compra de la casa del exmandatario, ubicada en Guardia Vieja 392 (Providencia), se crearon cinco cheques en diciembre del año pasado.

Los cuatro primeros estaban dirigidos a los propietarios de la casa, incluyendo a la entonces ministra Maya Fernández y a la senadora Isabel Allende. Sin embargo, luego se optó por un único documento a nombre del abogado de la familia, Felipe Vio.

A pesar de que en enero explotó el escándalo por las inhabilidades legales para celebrar contratos con el Estado que afectaban a Fernández e Isabel Allende, el quinto cheque permaneció en la Quincuagésima Notaría de Santiago hasta que se firmó la resciliación del acuerdo, en julio.

Ahora el abogado Raimundo Palamara, representante de la Fundación Fuerza Ciudadana y querellante en la arista penal, solicitó nuevas diligencias al Ministerio Público.

Entre ellas, se incluye pedir información a Presidencia o el ministerio que corresponda sobre qué se hizo con los documentos de pago. En conversación con BBCL Investiga, Palamara explicó que en la carpeta investigativa no hay antecedentes de su anulación.

“No hay nada anexo, ni tampoco en los mismos cheques, que indique que se hayan dejado sin efecto”, aseguró.

Otro cheque más y la contratación del abogado

Igualmente, el querellante pidió que se averigüe sobre el cheque cuya numeración es inmediatamente posterior a los cuatro primeros y anterior al quinto. O sea, se trata de un documento emitido justo entre la primera tanda y el último.

“La numeración de los cheques girados no es correlativa, por lo que requerimos que Presidencia aclare a favor de quién se giró el cheque faltante. Porque están en juego los recursos públicos, por lo que debemos ser extremadamente minuciosos en la investigación”, recalcó Palamara.

Por otro lado, el jurista pidió diligencias en la causa relacionada a la contratación, por parte de Presidencia, de Jonatan Valenzuela para defender a Gabriel Boric por la compra de la casa de Allende.

En esa arista existe una audiencia de sobreseimiento programada para el 14 de noviembre, la que fue solicitada por la fiscalía. Palamara, querellante también en el caso, ya manifestó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago su oposición al término del proceso.

No obstante, en el intertanto solicitó al Ministerio Público que se requiera un informe a Contraloría. Esto, para que se pronuncie sobre si “celebrar contratos entre el Presidente de la República y una ministra de Estado constituye labores propias y/o legítimas”, las que permiten que un funcionario sea defendido con dineros públicos.

De forma similar, solicitó preguntar a Presidencia si la suscripción del contrato con una ministra y una senadora está dentro de las actuaciones propias del cargo, y si el decreto para la contratación de Valenzuela está vigente o no.