La Fiscalía Regional de Coquimbo —liderada por Patricio Cooper— solicitó el sobreseimiento definitivo del presidente Gabriel Boric, acusado por la contratación con fondos públicos de un abogado para su defensa.
Mediante un trato directo, la Presidencia de la República contrató en enero pasado a Jonatan Valenzuela Saldías por 350 UF (alrededor de $13.800.000 a precio actual). Esto, con el fin de que representara a Boric en la causa por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
En ese caso, se indaga un presunto fraude al fisco por la firma de un contrato de compraventa del inmueble, suscrito a pesar de que una de las dueñas era la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández.
Luego de que trascendiera la contratación de Valenzuela, el querellante en la causa de la casa de Allende, Raimundo Palamara —representante de la Fundación Fuerza Ciudadana—, ingresó una nueva acción penal.
En ella, acusaba una presunta malversación de caudales públicos. En su razonamiento, Palamara explicó que si bien Contraloría autoriza que los funcionarios sean defendidos con cargo a las arcas fiscales, sólo aplica para las actuaciones legítimas dentro del ejercicio de sus tareas.
“El contrato de compraventa (…) se realizó al margen de la Constitución y las leyes, por lo que corresponde a una actuación ilegítima”, afirmó Palamara en su libelo.
“Garantiza la impunidad”
Sin embargo, este martes el fiscal adjunto Ricardo Soto, de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijar una audiencia de sobreseimiento definitivo.
El tribunal respondió el jueves, programando la sesión para el viernes 14 de noviembre a las 9:00 horas en el Centro de Justicia.
Al respecto, el querellante Raimundo Palamara manifestó su oposición mediante un escrito. En él, señala que el sobreseimiento sería contrario al Código Procesal Penal, ya que la indagatoria no está formalizada.
Contactado por la Unidad de Investigación de Bío Bío, Palamara sostuvo que la petición de fiscalía es una “buena noticia para los políticos corruptos”.
“Si Gabriel Boric no tenía dinero para pagar su defensa a fin de justificar la venta de la casa a quien era su ministra y a la exsenadora, debía recurrir a la Defensoría Penal Pública y no seguir abusando de su posición”, comentó el abogado.
Por su parte, Jonatan Valenzuela aseguró que no tenía antecedentes que compartir por ahora.
Sin formalizaciones
Por otro lado, aún el Ministerio Público no ha anunciado formalizaciones en la causa principal, abierta a inicios de enero.
En ella, Boric ya declaró en calidad de imputado el pasado 28 de marzo en La Moneda, ante el persecutor regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
Además de Boric, también se encuentran imputados la exministra Maya Fernández, la exsenadora Isabel Allende y la exministra Marcela Sandoval, además de funcionarios de Bienes Nacionales y directivos de la Fundación Allende.