Frenesí intrusivo: el portazo a jugada de fiscal Cooper para allanar La Moneda, el Congreso y Defensa

Días después de abrir de oficio una causa por el delito de tráfico de influencias en contra de la ex senadora del Partido Socialista (PS), Isabel Allende, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti, a través de un persecutor de la zona, realizó una ambiciosa jugada con el fin de encontrar información que le permitiera sustentar su hipótesis de investigación.

Según información recabada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, la fiscalía presidida por Cooper intentó allanar casi una veintena de inmuebles: quiso irrumpir en el Palacio de La Moneda, en el Congreso Nacional y en el Ministerio de Defensa.

Asimismo, intentó hacerse de los teléfonos de la entonces senadora Allende y la ministra Maya Fernández, además de los dispositivos del abogado de familia, Felipe Vio, y los entonces asesores de Gobierno, Leonardo Moreno y Bernardita Nazar.

Pero no contento con eso, también buscó incautar y analizar el contenido de los correos electrónicos institucionales y personales de los cinco mencionados funcionarios públicos.

Para sustentar la petición al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se transparentaron una serie de declaraciones judiciales de una decena de involucrados —que fueron reveladas por este medio—, además de la intervención telefónica, autorizada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta en la causa ProCultura, contra el entonces jefe asesores del Presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi.

En el escrito, firmado por el fiscal adjunto de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, Ricardo Soto Molina, se solicitó, además, que la diligencia se ejecutara “sin previa formalización, sin citación ni comunicación al afectado”. Es decir, en completo hermetismo con el fin de minimizar los riesgos de que puedan “desaparecer medios de prueba”.

En una escucha fechada del 7 de enero de este año, se advierte a Crispi conversar con su madre, la socióloga Claudia Serrano. En este intercambio se deslizaría la presunta intervención de Allende ante el Ejecutivo para apurar la transacción.

Sin ir más lejos, tal como publicó BBCL Investiga, el abogado de la familia incluso consiguió modificar y aumentar la tasación original de la casa de Guardia Vieja en casi 100 millones de pesos.

“Bueno, ella tiene mucha responsabilidad en esto, mucha”, se oye decir a Crispi durante la conversación .

“¿Ella lo pidió?”, consulta su interlocutora.

“O sea, llamó hasta al portero del Ministerio. Webiando, webiando, webiando. Que se haga, que se haga, que se haga. Que se haga así, que se haga así… Tiene mucha responsabilidad y el abogado de la familia Allende”, agrega Crispi.

“Qué increíble”, retruca Serrano.

“Sí y la Maya [Fernández]… O sea, yo creo que es una familia totalmente incompetente”, sentencia el exasesor.

A juicio del ente persecutor, en esta etapa, “llaman poderosamente la atención las efectivas gestiones de la propia senadora Allende y de su yerno, Felipe Vio Lyon, quien actúa como representante legal de la Familia Allende Bussi”.

Los inmuebles

De acuerdo a la información que maneja BBCL Investiga, la Fiscalía Regional de Coquimbo intentó allanar tres direcciones de la ex senadora Allende, una de ellas el Congreso Nacional, ubicado en Avenida Pedro Montt N°2890, comuna de Valparaíso.

Respecto de la ex ministra Fernández, también se consignan tres ubicaciones, una de ellas el Ministerio de Defensa, ubicado en calle Zenteno N°45, comuna de Santiago. A Felipe Vio, en tanto, se le señalaron cinco domicilios, ubicados en las comunas de Vitacura, Valparaíso, Providencia y Santiago.

Y finalmente, en cuanto a los asesores de Gobierno, solicitó la entrada y registro para sus domicilios particulares, además de sus oficinas en el Palacio de La Moneda, en calle Moneda N°1202-1298, comuna de Santiago.

El portazo judicial

Pese a la exposición del Ministerio Público, el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Cristian Azócar Carmona, calificó como insuficientes los argumentos y rechazó cada una de las solicitudes realizadas por el organismo persecutor. Un portazo a las aspiraciones de Cooper y compañía.

“No se avizora por este sentenciador que haya existido algún tipo de influencia por parte de los encartados que dé cuenta de algún tipo de aprovechamiento o prevalimiento de su función, relación jerárquica o personal con el empleado que debe adoptar la decisión, en este caso, S.E el Presidente de la República y su representante en el Ministerio de Bienes Nacionales”, reflexionó el juez.

A juicio del magistrado, según se dio cuenta en el propio escrito de la fiscalía, la decisión de acelerar el proceso y alteración de la partida presupuestaria hacia el Ministerio de Bienes Nacionales se produce “por instrucción del Jefe de Estado (…) por lo que las acciones ejecutadas finalmente por los Sres. Moreno Núñez y Nazar Díaz, obedecerían a aquella instrucción jerárquica válidamente emitida y a la cual deben subordinación en atención a la propia regulación constitucional y legal”.

Sobre el rol de la ex senadora Allende y, principalmente de la ex ministra Maya Fernández, la resolución acota que “no existen suficientes antecedentes que den cuenta de particular intervención en el hecho, toda vez que únicamente se ha indicado por parte del Ministerio Público la llamada telefónica efectuada por el Sr. Crispi, que la designa como una incompetente”.

Y sentencia: “Por todas estas consideraciones, teniendo presente que el derecho penal en virtud del principio de fragmentariedad solo debe utilizarse para la cautela de los bienes jurídicos más trascendentales y respecto de los ataques más graves, no ha lugar a la solicitud del ente persecutor, por no encontrarse debidamente fundada en cuanto a la existencia del ilícito, sin perjuicio de lo que pueda disponerse en futuras solicitudes con mayores antecedentes”.