$2,5 millones y un plan a 4 años: los detalles del polémico proyecto Fondecyt sobre violencia estatal

Gran controversia inició la difusión de un póster que promocionaba la “Primera Escuela de Formación en Prácticas de Acompañamiento y Elaboración de la Violencia de Estado”, que se llevó a cabo entre el 27 y 31 de enero en la sala -1 del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

La actividad estuvo organizada por el Laboratorio de Estudios sobre Violencia Institucional (LEVI) –iniciativa privada– pero financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) al haberse adjudicado el proyecto en 2023 en Concurso del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) Regular.

Uno de los puntos que llamó la atención, fue la imagen utilizada para promocionar la actividad: una persona encapuchada lanzando algo con una mano y con un palo en la otra, que recuerda a fotografías de manifestantes contra las fuerzas del orden en marchas o para otros un carabinero de las antiguas Fuerzas Especiales.

La ilustración original lleva el nombre de “Desármelo y bótelo: peligroso juguete móvil para uso antipopular”, fue publicada en 1970 y es del artista chileno Guillermo Núñez, e incluso en un momento estuvo en una exposición en el Centro Cultural La Moneda.

Tras estallar la polémica, el Gobierno salió a defender el financiamiento del proyecto, mientras que la Contraloría ofició a la ANID para que informe detalles respecto a la iniciativa financiada por el Estado.

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío contactó al Laboratorio de Estudios sobre Violencia Institucional (LEVI) para conocer los detalles del proyecto. Afirmaron que “el Estado tiene el imperativo de abordar las secuelas físicas y psíquicas de quienes han sido vulnerados por sus propias instituciones, incluyendo víctimas de la dictadura, del SENAME y de la violencia policial”, y otorgaron más datos sobre el proyecto.

Consultados por Radio Bío Bío, desde ANID indicaron que los detalles del proyecto deben ser pedidos mediante una solicitud de transparencia, que ya fue enviada.

Bases del proyecto

La “Primera Escuela de Formación en Prácticas de Acompañamiento y Elaboración del a Violencia de Estado” formó parte de una de las actividades del proyecto adjudicado en Concurso FONDECYT Regular 1230258 en 2023, que lleva el nombre de “Sufrimiento social, duelo colectivo y elaboración: metodologías grupales para el acompañamiento de víctimas de violencia institucional” y nació a partir de experiencias de las movilizaciones del 18 de octubre de 2019.

De acuerdo al Laboratorio, el objetivo principal del proyecto es analizar los distintos tipos de sufrimientos asociados a la violencia institucional ocurrida en Chile desde el inicio del estallido social y, a partir de esta investigación, desarrollar estrategias de abordaje orientadas a la reparación integral de las personas y comunidades afectadas.

Sus ejes principales son tres: identificar y distinguir los distintos tipos de sufrimientos vinculados a la violencia institucional en el contexto del estallido social, diseñar e implementar estrategias de acompañamiento y elaboración de estas experiencias y sistematizar recomendaciones para una política pública de abordaje de las consecuencias subjetivas y objetivas de la violencia institucional, promoviendo una política de reparación integral.

En ese sentido, durante los dos años de trabajo –de cuatro que contempla el proyecto–, se han realizado entrevistas a expertos nacionales e internacionales que han trabajado con víctimas y familiares de violencia de Estado y se ha acompañado a víctimas de lesiones en contexto del estallido social, tales como trauma ocular, heridas por perdigones y asfixia. Asimismo, se han publicado dos artículos científicos en revistas indexadas Scopus en México y Chile y se ha participado en congresos académicos en México, Colombia y Argentina.

La Escuela de Formación

“Creemos que fue una buena experiencia”, evaluaron desde LEVI sobre las jornadas de enero en las que cinco conferencistas presentaron y conversaron con “profesionales que trabajan con víctimas de violencia de Estado”. “Pudimos escuchar también lo que sienten los profesionales que trabajan en los programas de reparación del Estado. Sus necesidades de capacitación y de nuevos espacios de soporte para un problema que involucra la salud”, agregaron.

De acuerdo al Laboratorio, la jornada polemizada en los últimos días llamada Primera Escuela de Formación en Prácticas de Acompañamiento y Elaboración de la Violencia de Estado fue una “actividad de divulgación científica”, como indicaron desde LEVI, quienes agregaron que es como “cualquier seminario de entrega de resultados que haga cualquier proyecto”.

La actividad llevada a cabo entre el 27 y 31 de enero a las 10:00 en Matucana 501 y contó con 20 asistentes –incluyendo al equipo de investigación– que fueron “profesionales que trabajan con víctimas de violencia de Estado en Santiago y Concepción” y tuvo como objetivo “la divulgación de resultados científicos y la capacitación práctica de profesionales y activistas”.

Los asistentes fueron especialmente funcionarios del Programa de Reparación y Atención en Salud (PRAIS) –programa del Ministerio de Salud de Chile que ofrece atención gratuita a las víctimas de violaciones a los derechos humanos– y el Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular (PACTO), que tiene como objetivo “producir un reimpulso en la reparación en salud para víctimas de trauma ocular, en el marco de las manifestaciones por el denominado estallido social”.

En la jornada participaron seis conferencistas, tres de ellos chilenos, y dos argentinos. Los invitados, que se presentaron de forma gratuita, fueron: Mariana Eva Pérez, cientista política de la Universidad de Buenos Aires; Carla Pellegrini, médico anestesióloga, especialista en el acompañamiento médico a afectados de vulneraciones a los derechos humanos en el marco de movilizaciones sociales; Julio Cortés, abogado Universidad de Chile especialista en jurisdicción de vulneraciones a los DD.HH. en el marco de movilizaciones sociales, profesional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y Claudia González, psicóloga Universidad de la Frontera, perita forense especializada en evaluación y acompañamiento psicojurídico víctimas de vulneraciones a los derechos humanos.

Del colectivo “Otras maneras de mirar”, que busca reflexionar en torno a la prótesis, el cuerpo y el arte a partir de la crisis sanitaria y de DD.HH. en Chile, también se presentaron Patricio Bustamante, profesor de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y Ángela Cura, profesora de la Facultad de Artes de la misma institución.

De acuerdo a lo informado por el Laboratorio, en la escuela se enseñaron “cuatro dimensiones clave para la elaboración del trauma”:

1) Rescate: Primeros auxilios psicológicos y médicos para víctimas.
2) Registro: Documentación de violaciones de derechos humanos.
3) Denuncia: Estrategias para el acceso a la justicia institucional a través de la revisión de normativa legal.
4) Reparación: Aplicación de protocolos internacionales (Protocolo de Estambul) y rehabilitación, incluyendo el trabajo con prótesis para víctimas de trauma ocular.

Financiamiento

Consultados por Radio Bío Bío, desde el Laboratorio informaron que el financiamiento obtenido desde el Estado para esta actividad específica fue de $2.500.000. De este monto, casi un millón de pesos se utilizó para los pasajes de los conferencistas argentinos y el resto para el pago de cinco días de dos habitaciones de hotel y comida para los mismos.

En su página, se indica que el proyecto ha contado desde 2023 con el patrocinio del Centro de Economía y Políticas Sociales (CEAS) de la Universidad Mayor y, hasta la fecha, ha sido financiado exclusivamente con fondos de FONDECYT.

Sobre el financiamiento total que fue aprobado para el proyecto de cuatro años de duración, desde LEVI afirmaron no tener los documentos a mano para entregar aquella información en este momento y que será entregada a futuro a este medio, pero que correspondió a un monto “promedio” a los de 2022, cuyo máximo anual a solicitar para proyectos Fondecyt Regular correspondía a $57 millones de pesos.

LEVI

De acuerdo a lo informado en su página web, el Laboratorio LEVI surge como una “iniciativa de un grupo de profesionales de la psicología comprometidos con la comprensión y la transformación de las estructuras que perpetúan la violencia institucional en diversas formas”, de tal manera, es un “espacio de integración de la evidencia científica en los últimos 12 años de investigación de proyectos financiados por nuestra institucionalidad”.

Entre otros proyectos que ha realizado el Laboratorio, se encuentra uno ligado a Infancia en Dictadura, que analizó cómo niños y niñas, según Michel de Certeau, respondieron a los discursos hegemónicos durante la dictadura chilena (1973-1989) y otro sobre la vida cotidiana, participación y resistencia de la niñez institucionalizada en residencias SENAME entre 1979 y 2000.

Sobre la polémica, indicaron que “es fundamental destacar que las ciencias sociales en Chile requieren abordar de manera comprensiva estos fenómenos para su difusión a la ciudadanía y abordar desde hallazgos científicos y rigurosos la información sobre los efectos psicosociales, comunitarios e institucionales de la violencia institucional”.

“En este sentido sostenemos que el Estado tiene el imperativo de abordar las secuelas físicas y psíquicas de quienes han sido vulnerados por sus propias instituciones, incluyendo víctimas de la dictadura, del SENAME y de la violencia policial. La investigación científica es clave para comprender estos procesos y generar conocimiento que permita diseñar estrategias de reparación efectivas. El financiamiento de estudios en esta área responde a un mandato ético y a compromisos internacionales en materia de derechos humanos”, agregaron.

También apuntaron a que “cuestionar la investigación sobre violencia estatal demuestra una preocupante falta de memoria histórica y desorientación social”, afirmando que las principales universidades del país cuentan con centros de investigación en esta área, como el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia albergado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Alberto Hurtado, las valiosas investigaciones del Programa Social de la memoria liderados por la Dra. Isabel Piper en la Universidad de Chile, y el Observatorio de Violencia y Legitimidad Social de la Dra. Mónica Gerber en la Universidad Diego Portales.

“(…) Se reitera la importancia de seguir estudiando y generando conocimiento en esta área, esperando que el resto de la sociedad también valore la investigación y la memoria como pilares fundamentales para la justicia y la reparación”, concluyeron.